Una vez que la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados esté en vigor, las prefecturas y los municipios deben alistarse para cumplir desde el 1 de junio con la regla mínima para la asignación del 70 % del presupuesto anual para inversión.
El proyecto enviado con el carácter de económico urgente por el presidente de la República, Daniel Noboa, se aprobó el viernes último con 77 votos de los legisladores de la bancada oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), y los denominados independientes en una sesión que se realizó en Samborondón, en la universidad Ecotec, en Guayas.
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La reforma requiere de la sanción (pronunciamiento) de Noboa como colegislador. Hasta el cierre de este artículo no constaba su publicación en el Registro Oficial (RO).
No obstante, se conoció que el Ejecutivo lo remitió al organismo pasado el mediodía de este sábado.
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El cuerpo legal de siete artículos integra “reglas fiscales de sostenibilidad y racionalidad del gasto para preservar la inversión, el mantenimiento, provisión de servicios públicos y cumplimiento de competencias, en armonía con la planificación y sostenibilidad fiscal”, detalla el artículo 1.
En esa línea, los cambios apuntaron al título relacionado con las “transferencias provenientes de ingresos permanentes y no permanentes para la equidad territorial” y en su artículo 192 establece que los GAD participarán del 21 % de los ingresos permanentes y el 10 % de los no permanentes del Presupuesto General del Estado.
Pero para los municipios y las prefecturas la asignación de estos porcentajes se aplicarán “siempre que se cumpla con la regla de asignación mínima”.
Esto implica que al menos el 70 % del presupuesto anual de egresos no financieros debe destinarse a gasto no permanente de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura, bienes y activos públicos que soportan la prestación de servicios públicos. El restante 30 % servirá para gasto corriente.
Para llegar a esa asignación, el Gobierno incorporó el cumplimiento de la “regla mínima”, cuyo objetivo es extinguir los “gastos discrecionales, como eventos artísticos, culturales, recreativos o de entretenimiento, que no promueven la dinamización de la economía”.
Se ejemplificó que en 2023, los GAD —según información del Servicio de Contratación Pública (Sercop)— destinaron aproximadamente $ 43,7 millones en gastos para eventos artísticos.
Mientras que, en 2024, “estos rubros representaron, en promedio, sobre el 10 % del total del presupuesto ejecutado”.
En ese sentido, para vigilar el cumplimiento de la regla mínima y evitar estos gastos, se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas haga seguimientos trimestrales dentro de los 60 días siguientes a la terminación de cada trimestre.
Para ello se aplicarán tres criterios:
- El seguimiento se lo hará a partir del 1 de diciembre de 2026, verificando que se cumpla con al menos el 65 % desde el 1 de junio de este año.
- Para 2027, en atención al criterio de gradualidad, se cumplirá con al menos el 68 %.
- Para 2028 y subsiguientes, el 70 %.
En tanto esta ley se aplica, sectores sociales y representantes de gobiernos locales anuncian demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC).
La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció este sábado, 21 de febrero, que, una vez que la ley conste en el Registro Oficial, presentará una acción pública de inconstitucionalidad ante la CC y, a la par, planifica una movilización para el próximo 13 de marzo en Quito.
El movimiento social convocó a una sesión para este martes a docentes y trabajadores con el fin de reactivar el Frente en Defensa de la Educación, el Trabajo, la Salud, la Seguridad y el Arte y analizar acciones conjuntas con otras agrupaciones, como la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular (FP).
Para la UNE, estos cambios afectarán el presupuesto destinado a gasto corriente e inversión y a la operatividad de las instituciones educativas municipales, centros infantiles y proyectos sociales.
“La educación no se sostiene solo con infraestructura, sino con docentes, personal administrativo, servicios de apoyo y condiciones laborales dignas. En el contexto de la educación municipal, que agrupa a 111 planteles, más de 1.900 docentes y más de 32.000 estudiantes a nivel nacional, esta reforma amenaza con generar despidos de personal, reducción de servicios sociales”, señaló un comunicado del movimiento difundido este sábado.
Desde los representantes de los gobiernos locales, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, adelantó que acudirá a la CC con una acción pública de inconstitucionalidad.
“No se desanimen, resistiremos, nuestros programas de ayuda social seguirán funcionando. Hemos resistido a tres Gobiernos neoliberales, esta no va a ser la excepción. Iremos a la Corte Constitucional acompañados de ustedes, de los usuarios de nuestros servicios. Esto todavía no termina”, afirmó Pabón en un publicación en sus redes sociales.
La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutere, seguirá el mismo camino. “Presentaremos la demanda de inconstitucionalidad de la ley y seguiremos buscando estrategias para continuar con el servicio, porque esto no ha terminado”, dijo en un mensaje en X.
Previamente, Vercoutere y los viceprefectos de Cañar, Pastaza, Cotopaxi, Los Ríos, Pichincha, Azuay, Sucumbíos, Manabí y Carchi ingresaron a la Asamblea Nacional un escrito solicitando el archivo del proyecto borrador, pero no se los atendió.
Desde Cuenca (Azuay), el alcalde Cristian Zamora, calificó a los legisladores de “centralistas, Judas todos” tras conocer la aprobación de la reforma. “Estos centralistas han votado en contra de la autonomía municipal y en contra de proyectos sociales que poco a poco irán desapareciendo”, publicó en X.
Además, reposteó un comunicado de varios concejales de la ciudad en el que rechazan el articulado porque “asfixia” el presupuesto de los gobiernos autónomos, amenaza la gestión del talento humano y tendrá un impacto social negativo, se expuso en el comunicado.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, también en redes sociales, se pronunció sobre el cuerpo legal: “Ecuador, en América Latina, ha sido un país de tradición municipalista, al menos lo fue hasta hoy. Mientras la sociedad ha defendido la actual Constitución con sus votos, la Asamblea la ha violentado otra vez. Por eso vamos a defender Quito, su autonomía y los gobiernos locales. Defenderemos a las familias más necesitadas y sus servicios de desarrollo infantil, educación extracurricular, salud mental, atención a adultos mayores, transporte, cultura y apoyo a emprendedores”.
El movimiento político Pachakutik (PK) anunció este sábado, luego de un consejo político que se hizo en Quito, que recurrirá ante la CC para rechazar la ley y “defender la autonomía, los derechos y el marco constitucional”. (I)