Aunque no se ha revelado de quiénes se trata, la Contraloría General del Estado remitirá tres informes con determinación de Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) a la Fiscalía General del Estado de tres generales de la Policía Nacional, al detectarse irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

El contralor del Estado, Carlos Riofrío, reveló este 5 de agosto del 2022, que en la ejecución de 24 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de 25 generales de la Policía Nacional, se concluyó que tres de ellos no pudieron justificar los ingresos y gastos reportados.

Uno de ellos se encuentra en servicio pasivo y dos en servicio activo, dijo en una entrevista en radio Única este viernes, y evitó revelar de quiénes se trataba, debido a la reserva de ley que existe sobre la realización de estos procesos.

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Las acciones de control se contemplaron por un periodo del 1 de enero de 2017 al 15 de diciembre de 2021, y se hicieron además de los servidores policiales a sus cónyuges e hijos menores de edad.

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Según Riofrío, una vez que estas conclusiones sean remitidas a la Fiscalía, este organismo decidirá si amplía la investigación a otros familiares de los generales.

La autoridad agregó que aún está en ejecución el examen especial a 30 jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que se extenderá a los conjueces y está en programación una acción de control a los generales de las Fuerzas Armadas.

Este proceso de análisis de las declaraciones patrimoniales de los 25 generales de la Policía Nacional surgió en diciembre del 2021, luego que el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, afirmó que en Ecuador existen “narcogenerales”, por lo que su Gobierno inició un proceso de retiro de visas.

La exministra de Gobierno Alexandra Vela solicitó el análisis de las declaraciones juradas de 19 generales, pero el organismo de control lo amplió a seis más, es decir, un total de 25.

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El objetivo de estas auditorías es determinar que las diferencias patrimoniales guarden relación con los ingresos obtenidos por los oficiales; también que estos documentos hayan incluido todos los bienes de propiedad del examinado, su cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos menores de edad; y, comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

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Entre los oficiales cuyas declaraciones fueron motivo de estas auditorías están: los excomandantes de la Policía Tannya Varela y Carlos Cabrera Ron; otros como Byron Vallejo Martínez, Marco Villegas Ubillús, Nelson Ortega Curipallo, Fabián Salas Duarte, Mauro Vargas Villacís, Gilberto Ponce Parra, Manuel Íñiguez Sotomayor, así como el comandante en funciones, Fausto Salinas Samaniego.

Además, Fausto Olivo Cerda, Alain Luna Villavicencio, César Zapata Correa, Fausto Buenaño Castillo, Víctor Zárate Pérez, Edwin Noguera Cozar, Rommel Navarrete Delgado, Pablo Ramírez Erazo, Freddy Sarzosa Guerra, Marcelo Sáenz Saltos, Freddy Goyes Silva.

Otros oficiales como Víctor Araus Macías, a quien la embajada americana le retiró la visa; Édgar Correa Gordillo, Pablo Rodríguez Torres y Paulo Terán Vásconez. Estos últimos cuatro fueron separados de la institución policial porque no cumplían los requisitos legales para ascender.

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Fueron restituidos en sus cargos mediante acciones judiciales; aunque, en el caso de Araus fue cesado definitivamente de sus funciones en abril pasado.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, en declaraciones públicas en Guayaquil este viernes, reconoció que conversó con el contralor Riofrío sobre este tema y conoce que el informe se remitirá al Ministerio Público en los siguientes días para el inicio de las investigaciones.

La autoridad ofreció tratar este caso con “absoluta transparencia”, por lo que si se debe desvincular a oficiales de esta institución se comunicará al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que emita los respectivos decretos ejecutivos disponiendo las medidas correspondientes. (I)