La Contraloría General del Estado amplió hasta el 15 de septiembre de 2025 el plazo para que los servidores públicos considerados personas expuestas políticamente (PEP) presenten su declaración patrimonial jurada.
La disposición aplica a quienes perciben remuneraciones dentro de los grados que van del 5 al 10 en la escala mensual unificada del nivel jerárquico superior y se enmarca en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.
El trámite es gratuito y debe realizarse en línea a través del portal oficial de la Contraloría: www.contraloria.gob.ec.
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El anuncio se formalizó mediante el Acuerdo n.º 031-CG-2025, expedido por el contralor general del Estado, Mauricio Torres, con el cual se aprobó el “Reglamento para la declaración, presentación y registro de las declaraciones patrimoniales juradas”. Este reglamento establece que el proceso se ejecutará de manera electrónica y con constancia digital de otorgamiento.
De acuerdo con la norma, las unidades de administración de talento humano de las instituciones públicas, o quienes hagan sus veces, deberán notificar a los funcionarios que en razón de su cargo son considerados PEP para que cumplan con la presentación de la declaración patrimonial de inicio, periódica o de fin de gestión, según corresponda.
Con esta ampliación, la Contraloría asegura que busca facilitar el cumplimiento de la obligación legal, que constituye un mecanismo de control y transparencia en el ejercicio de la función pública.
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