Para la próxima semana se esperaría que se convoque a la ciudadanía a postularse para ocupar los cinco puestos de la comisión ciudadana que se encargará de elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, en un concurso público que se va cercando a admitir candidatos que provengan de la academia, del sector público y privado y, sin “vínculos con los GDO”.
Este proceso de designación de autoridades es parte de las 59 autoridades de ocho instituciones del Estado que están en funciones prorrogadas porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha hecho los concursos públicos para elegir a sus reemplazos.
El Consejo de Participación cierra la semana y aún analiza cómo reducirá los plazos para integrar una comisión ciudadana en 30 días y, abrir el concurso público para elegir a un titular de la Fiscalía para seis años.
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La urgencia se dio porque Diana Salazar Méndez renunció sorpresivamente el 20 de mayo de 2025 y ascendió el fiscal, hasta ese momento, subrogante, Wilson Toainga Toainga.
El presidente del Consejo, Andrés Fantoni, ha dicho que en 30 días conformará la comisión con diez personas. Aunque el reglamento que aprobó junto con los otros seis consejeros estima 60 días y un plazo adicional de 30 días.
Primero, deben hacer un concurso público de méritos e impugnación para seleccionar a cinco representantes de la ciudadanía.
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Los otros cinco son nominados por cada una de las funciones del Estado y solo deben superar el escrutinio público.
El 23 de mayo se decidió que se haga un informe legal en dos días “plazo” que proponga alternativas para elegir a cinco miembros de la comisión de forma “expedita”. Es decir, que se acorten plazos y temas administrativos.
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Pasaron ocho días y el Consejo no trató dicho informe.
Según Fantoni, quienes aspiren a ser fiscal general deberán acreditar experiencia académica, que “no tengan vínculos con los grupos de delincuencia organizada (GDO)”; y, que tengan experiencia en el sector privado y público. Eso es lo que queremos”, opinó en una entrevista en el canal gubernamental TC Televisión.
Desde el oficialismo podría provenir un candidato: el ministro de Gobierno, José De La Gasca.
Él se candidatizó a ser fiscal en el concurso público que se hizo en el 2019 por el CPCCS transitorio, pero llegó en penúltimo lugar de catorce aspirantes.
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Para este periodo no descarta su participación y en una entrevista en radio Forever de Guayaquil, reiteró que por el momento su prioridad es mantenerse en el ministerio y “cuando sea el momento lo decidiré... Nunca le he tenido miedo a los desafíos y no va a ser la primera vez que lo haga. (…) Si puedo contribuir desde otro lugar, lo pensaré y lo haré”, zanjó.
Pero, mientras se intenta agilitar este proceso, hay otros siete organismos que no tienen autoridades porque se acabaron sus periodos o están prorrogadas.
Según Fantoni, el Consejo es “enemigo de los prorrogados”, aunque, son 59 autoridades de ocho entidades que están bajo esa condición.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene a cinco vocales principales en prórroga desde el 2021, junto con cuatro vocales suplentes.
En noviembre del 2021 debió renovarse a dos vocales mediante un sorteo público, pero no se hizo.
Se integró una comisión ciudadana que empezó sus actividades a inicios del 2023 y avanzó hasta la calificación de méritos de 169 postulantes. Dos años después, los comisionados no avanzan por problemas administrativos, a lo que se suma, que no sesionan.
El 20 de noviembre de 2024 se acabó el periodo de los cinco consejeros: José Cabrera, Elena Nájera, Esthela Acero, Enrique Pita y Diana Atamaint (esta última que lleva de presidenta seis años) y con un criterio jurídico de la Procuraduría General del Estado se prorrogaron en sus cargos por la falta de sus reemplazos electos en el concurso público.
Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que tiene cinco jueces principales y cuatro suplentes, su función de seis años terminó el 20 de mayo de 2025. También con un criterio de la Procuraduría se prorrogaron.
En la Defensoría del Pueblo, su autoridad está “encargada” desde el 18 de septiembre de 2021. César Córdova, exsecretario del CPCCS, fue electo en el periodo de Sofía Almeida.
Se convocó al concurso público para integrar la comisión ciudadana que elija a un defensor en el 2022, pero hasta la actualidad se desconoce qué ocurrió.
Los nueve miembros, principales y suplentes, de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), cuyo periodo terminó en el 2018 y, desde entonces no se ha hecho el concurso público para elegir a nuevas autoridades.
El extinto CPCCS de transición intentó elegirlos, pero declaró la terminación del concurso de forma anticipada en abril del 2019 y no se retomó el proceso que debía avanzar con la formación de la comisión ciudadana.
La última vez que hubo 25 miembros de la sociedad civil de los Consejos Nacionales para la Igualdad —electos mediante concurso público hecho por una comisión ciudadana— fue el 16 de mayo del 2017.
También están prorrogados los delegados de los afiliados y jubilados en el directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), ya que en mayo del 2023 terminó su mandato de cuatro años.
Pese a que es un procedimiento ágil, el Consejo de Participación Ciudadana detuvo la elección de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), pese a que dicho organismo está incluso, incompleto.
El 30 de enero de 2025 terminaron los seis años de gestión de los vocales del CJ que fueron elegidos en el 2019, que son propuestos por ternas enviadas por la Presidencia de la República, la Fiscalía General, la Defensoría Pública, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y, de la Asamblea Nacional.
El CPCCS pidió a los titulares de dichas instituciones que remitan sus ternas de candidatos hasta el 31 de diciembre de 2024.
El presidente Daniel Noboa no envía los nombres de sus candidatos hasta la actualidad, en tanto, la Asamblea Nacional envió una nueva lista, tras la renuncia de un postulado al cargo, Pablo Villagómez.
En tanto, el pleno del CJ funciona con tres vocales prorrogados: Mario Godoy, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes. (I)
