Por más de cuatro horas se extendió una jornada de sustanciación de audiencias públicas en las que catorce candidatos a ser parte de la comisión ciudadana que organizará el concurso público para la elección del titular de la Contraloría General del Estado se defendieron de las impugnaciones que plantearon asambleístas de la bancada del correísmo Unión por la Esperanza (UNES) y una ciudadana.

Este 22 de septiembre, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) presenció un conjunto de audiencias públicas para escuchar las pruebas de cargo y descargo que se presentaron en contra de catorce concursantes a ser comisionados para conformar este cuerpo colegiado que elegirá al nuevo contralor, para los próximos cinco años.

Fueron los asambleístas de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia de la Asamblea Nacional: Ferdinan Álvarez, Humberto Alvarado, Rosa Mayorga, Eduardo Zambrano, José Chávez, quienes encabezaron las impugnaciones a Mercedes Alvear, Carmen Atupaña, Olga Gavilán, Norma Oña, Jenny Solís, Emilio Cáceres, Marco Chalco, Freddy Giler, Édison Narváez, Juan Ochoa, Nelson Suárez, además de Pablo Andrade y Digno Calle. Estos dos últimos no asistieron a defenderse.

En tanto, Grace Ponce se defendió de una impugnación que planteó la ciudadana Diana Vargas.

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El argumento de los legisladores del bloque de UNES se basó en una supuesta lista que habría enviado el gobierno de Guillermo Lasso a un asesor de la consejera Sofía Almeida, cuando era presidenta del CPCCS, para que sean ellos los elegidos como comisionados y lideren el proceso de elección del contralor.

Meses atrás, durante una comparecencia en la Comisión legislativa, dicho asesor de nombre Alejandro Gallo expuso esa lista, que fue el argumento de los legisladores para objetar la probidad de los postulantes por una supuesta afinidad con el presidente Lasso.

El asambleísta que asistió de forma presencial fue Ferdinan Álvarez, en tanto que los demás lo hicieron de forma virtual, ya que se encuentran en sus territorios debido a la vacancia legislativa que concluye el 26 de septiembre.

Por ejemplo, el asambleísta Eduardo Zambrano aclaró que se encontraba fuera del país en actividades territoriales y se conectó a través del Zoom.

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No obstante, cuando tuvo que exponer sus alegatos de la objeción a Édison Narváez y Marco Chalco no lo hizo porque dijo que su abogado lo representaría. Sin embargo, al turno de su abogado este desapareció de la conexión del Zoom y no contestó su celular.

Zambrano presenció las audiencias, pero no habló y dejó que los impugnados se defiendan con base en los escritos que presentó. Tampoco los replicó.

En esencia, los trece postulantes a la comisión objetados coincidieron en que no tienen afinidad con el régimen de Lasso y que gozan de probidad para asumir esta función. En esa línea, exhortaron al Consejo de Participación Ciudadana que deseche estos cuestionamientos.

La impugnante Diana Vargas alegó que su impugnada, Grace Ponce, se había acreditado méritos que no le correspondían y pidió su descalificación.

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Ponce, representada por su abogado, refirió que era académica y defendió sus méritos.

QUITO (22-09-2022).- Audiencia pública de impugnaciones a los candidatos a comisionados para elegir al contralor del Estado, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

Esta diligencia se inició pasadas las 11:30 de este jueves y se extendió hasta las 16:00, cuando por una moción del presidente del Consejo, Hernán Ulloa, se resolvió que el departamento jurídico de la institución elabore informes jurídicos de estas audiencias para conocimiento del pleno y con base en ello los consejeros resolverán cuáles de estos recursos se aceptarán o se desecharán.

Sobre esos informes se resolverá también si los concursantes Pablo Andrade y Digno Calle podrían ser descalificados del concurso de selección de la comisión ciudadana por no asistir a estas audiencias.

Como parte del desarrollo de concursos para la designación de autoridades, el CPCCS aún debe sustanciar otras nueve audiencias públicas por impugnaciones planteadas en contra de nueve candidatos a ser comisionados para elegir a los dos consejeros principales y dos suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), en su primera renovación parcial. (I)