Conozca la pregunta y los argumentos de la propuesta de Daniel Noboa para permitir la castración química

El presidente Daniel Noboa envió, a la Corte Constitucional, el proyecto de enmienda parcial al artículo 393 de la Constitución de la República, con el fin de permitir la castración química para los casos de violación. El documento fue remitido la noche del viernes, 11 de julio de 2025, e incluye la pregunta y los argumentos que sustentan la propuesta del Ejecutivo. La interrogante plantea: ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende el artículo 393 de la Constitución, a fin de que la Asamblea Nacional, a través de la ley, implemente un mecanismo de castración química para personas que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación; y, que también contemple la creación de un registro de aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sexuales, el cual será de carácter confidencial, y cuya única finalidad será la de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes?El Gobierno Nacional busca modificar el artículo 393 de la Carta Magna, que dice: “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos”. En el documento de nueve páginas, el Ejecutivo justifica, su propuesta de enmienda constitucional y revela que en la Fiscalía General del Estado se identificaron 7.023 casos de violencia sexual cometidos dentro del sistema educativo. De estos, precisa el texto, en 3.214 denuncias se atribuyen la responsabilidad a docentes; en 109 casos a las autoridades; en 100 al personal administrativo; en 163 al personal de limpieza; y en 3.437 casos a compañeros de aula. Asimismo, en 12 puntos, el Gobierno expone que “Ecuador atraviesa una crisis estructural de seguridad y derechos humanos que ha expuesto de forma alarmante a niñas, niños y adolescentes a múltiples formas de violencia, entre ellas, la violencia sexual”. Además, dice que de acuerdo con la información disponible en el sistema informático del Consejo de la Judicatura (SATJE), entre el 10 de agosto de 2014 y 31 de mayo de 2025, la Función Judicial registró 71.270 procesos ingresados por delitos sexuales , de los que el 22% fueron cometidos contra niños, niñas y adolescentes.En tanto, el documento detalla que, de acuerdo con cifras del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía General del Estado, de cada 10 víctimas de violación, 6 corresponden a niñas, niños y adolescentes.“A pesar de que el 97% de los casos de violencia sexual registrados han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado, los patrones de reincidencia y revictimización persisten”, dicta la propuesta.A la vez, el Ejecutivo cita a casos de países como Indonesia , en el que en 2016 se adoptó la castración química; o en estados como Georgia, Iowa, Luisiana, Montana, Oregón, Texas y Wisconsin, de Estados Unidos, que también han implementado esta medida desde 1966. Asimismo, se refiere a países como Polonia, Rusia, Modavia, Estonia y Corea del Sur, donde esta práctica está permitida para delincuentes sexuales con alta probabilidad de reincidencia. En el proyecto de enmienda, Daniel Noboa solicita al organismo constitucional que “efectúe el control previo, en un primer momento del proyecto de reforma parcial a la Constitución que se presenta y que, a través de un dictamen se pronuncie respecto de la vía a través de la cual se lo debe tramitar”. En caso de que la Corte Constitucional, tras realizar un control previo de constitucionalidad, emita un dictamen de admisibilidad, la propuesta de enmienda parcial pasará a la Asamblea Nacional, que deberá tramitar la iniciativa. El titular del Parlamento, Niels Olsen anticipó que se respaldará “toda acción que ponga fin a la impunidad”. La idea de enmendar la Constitución para permitir la castración química en casos de violación se generó en el marco de la denuncia en contra del asambleísta Santiago Díaz, por un presunto caso de violación a una menor de edad. (I)

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