Conjuez que procesa a Jorge Glas, Walter Solís y otros ingresa a deliberar sobre si los llamará o no a juicio por un peculado que da hasta trece años de cárcel

Luego de dos días de escuchar a las defensas de los nueve acusados dentro del caso Reconstrucción de Manabí, el conjuez Marco Aguirre, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ingresó a deliberar para resolver si llama o no a juicio a quienes son ubicados como autores directos del delito de peculado.La noche de este miércoles, 16 de abril, concluyeron las intervenciones de los abogados de Franklin José B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP); de Milton Daniel M., exfuncionario de Inmobiliar; y de Walter Solís, exministro del MTOP, tres de los nueve acusados por supuestamente haber decidido priorizar proyectos que no obedecían al contexto de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva, lo que provocó que el dinero recaudado por la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana fuera usado y destinado a obras que no estaban dirigidas a satisfacer las necesidades emergentes de la población de Manabí y Esmeraldas, las cuales fueron afectadas por el terremoto de abril de 2016.La lista de nueve sospechosos se completa con el líder del correísmo Jorge Glas, como expresidente del Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité de la Reconstrucción de Manabí; Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico; Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro de Infraestructura de Transporte encargado; y Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob).La Fiscalía pidió que se emita un auto de llamamiento a juicio contra todos los procesados y aseguró que la investigación realizada evidenció que se priorizaron ciertas obras de su interés y de cercanos a ellos a pesar de la necesidad de otras con mayor urgencia, que se evadieron procesos de contratación pública y que para estas obras, incluso, se benefició a una empresa relacionada con familiares de, por ejemplo, el ahora procesado Carlos Bernal. Se presume que el dinero desviado alcanzaría la suma de $ 367 millones.De ser llamados a juicio y declarados culpables, quienes lleguen a esta etapa procesal se exponen a penas que van desde los siete años hasta los trece años de privación de libertad. Así lo señala el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sobre el peculado explica que serán sancionados los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado o los proveedores del Estado que en beneficio propio o de terceros abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo.Una vez que suspendió la diligencia, la fiscal general, Diana Salazar, en la cuenta institucional de la red X escribió: “Hoy se conmemoran nueve años del devastador terremoto que sacudió la provincia de Manabí, cuyas víctimas aún sufren las cicatrices de aquel 16 de abril de 2016, pues, hasta la fecha, los recursos que todos los ecuatorianos aportamos para construir lo necesario para la comunidad que fue golpeada por esta tragedia no se destinaron a dicho fin, sino que fueron abusados por funcionarios públicos ahora procesados, lesionando no solo la eficiente administración pública y su erario nacional, sino el espíritu de las víctimas que hasta la actualidad luchan por recuperar lo poco que les quedó”.Para Andrés Villegas, defensa del exvicepresidente Glas, la acusación que mantiene la Fiscalía contra el líder correísta por el delito de peculado no tiene fundamentos e incluso, piensa, algunos de los hechos “endilgados” a su cliente son una “falacia grotesca que insulta el entendimiento” de todos los que escucharon el dictamen acusatorio.Villegas rechazó la acusación criticando que finalmente se redujo a once proyectos los que no entrarían en los criterios de necesidad, emergencia, previsibilidad e inmediatez, que mantendría, anotó, “arbitrariamente” el ente acusador, a pesar de que se formularon cargos por 30 proyectos y se anunció que existían sospechas en 584. Aseguró que todos los proyectos investigados en este caso fueron priorizados y ejecutados antes de la sesión del Comité de la Reconstrucción de Manabí, por la cual el exvicepresidente Glas está procesado, realizada el 22 de mayo de 2017.“Lo que acabo de mencionar derrumba de forma inequívoca la tesis de Fiscalía de que el 22 de abril de 2017 los proyectos fueron priorizados y posteriormente ejecutados. Todos los contratos que he mencionado ya estaban firmados antes del 22 de mayo de 2017. Por ello, la insinuación de la Fiscalía General (...) de que la priorización de los proyectos, el 22 de mayo del 2017, tenía como finalidad contratar a dedo no resiste el más elemental análisis”, sostuvo Villegas y recordó que el comité no tenía ninguna facultad de dirigir procesos de contratación y menos de adjudicar contratos.Desde la defensa de Bernal, quien permanece en Estados Unidos, se indicó que la Fiscalía ha presentado una teoría del caso basada en hipótesis y suposiciones que no tienen un respaldo probatorio sólido ni una fundamentación debidamente clara. “Es esencial que, para que una acusación penal tenga validez, esta se debe basar en hechos probados y no en conjeturas”, refirió José Luis Chica, abogado del exsecretario técnico del Comité de la Reconstrucción de Manabí.Según Chica, las funciones que mantuvo su representado estuvieron estrictamente limitadas a la coordinación de proyectos y jamás tuvo atribuciones para contratar, manejar fondos públicos o adjudicar contratos.Glas intervino en la audiencia vía telemática desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, centro en el que se encuentra desde el 6 de abril de 2024, fecha en la que fue detenido en el interior de la Embajada de México, en Quito, al tener vigente una orden de prisión preventiva en el caso Reconstrucción de Manabí y para completar una pena unificada de ocho años de prisión por los casos de corrupción Odebrecht Ecuador y Sobornos 2012-2016.El líder del correísmo le pidió al conjuez que no permita que este injusto procesamiento avance y sostuvo que si se quiere hacer “un proceso de fiscalización, de investigación correcto, transparente, alejado de la política, alejado ya de los momentos y las pasiones políticas”, hay que hacerlo de la manera correcta. “En este caso (...) hay once proyectos que ni siquiera han sido evaluados de acuerdo a la metodología para evaluación de proyectos universal en todo el mundo”, concluyó.No se conoce aún la fecha en la que se instalará la diligencia para que el conjuez Aguirre dé su resolución de forma oral. De eso, dijo Aguirre, se les comunicará con tiempo a los sujetos procesales, entre quienes están la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como acusador particular. (I)

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