Los jueces provinciales Marco Patricio Navarrete Sotomayor (ponente), Juana Narcisa Pacheco Cabrera e Inés Maritza Romero Estévez integrarán el tribunal que conocerá la solicitud de declaratoria jurisdiccional previa por la denuncia formal interpuesta contra la jueza penal María Daniela Ayala por el ministro del Interior, John Reimberg, por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito, dentro del caso Magnicidio FV.
Los jueces provinciales avocaron conocimiento de la causa el 19 de noviembre pasado. La denuncia ingresó el 19 de septiembre pasado, siete días después de que el anterior pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) decidió suspender por tres meses sin sueldo a la jueza Ayala, quien luego de resolver la audiencia de formulación de cargos contra los presuntos autores intelectuales del crimen del político Fernando Villavicencio fue denunciada por la Fiscalía por una falta disciplinaria grave.
El ministro Reimberg presentó una denuncia para que se emita una declaratoria jurisdiccional previa ante la posible existencia de infracciones de dolo, negligencia manifiesta y error inexcusable de parte de la jueza Ayala durante la audiencia de formulación de cargos contra quienes fueron acusados de ser los presuntos autores intelectuales del asesinatio, al estilo sicariato, de Fernando Villavicencio: el exministro del correísmo José Serrano; el llamado a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán; el exasambleísta del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga, y el condenado a penas de cárcel que superan los 34 años por actos de corrupción en el sistema judicial y de salud Daniel Salcedo.
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‼️Ingresamos una queja disciplinaria contra los jueces de la Sala Penal que conoció el caso FV. Los mismos que se inhibieron, dilataron y torcieron el proceso con maestría digna del absurdo. @CJudicaturaEc necesitamos JUSTICIA. Se suma el Dr. Juan Carlos Benalcazar al equipo ⚖️✊ pic.twitter.com/smD08kUf1p
— Tamia Villavicencio (@TamiaVillavice1) October 27, 2025
El artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), el cual habla de las infracciones gravísimas, refiere que al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución por infracciones disciplinarias como intervenir en las causas en las que debe actuar como juez, fiscal o defensor público con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable.
El 12 de septiembre pasado, el entonces presidente del CJ, Mario Godoy, y la vocal Yolanda Yupangui, parte del anterior pleno de la Judicatura, votaron a favor de la suspensión de Ayala por tres meses. Solo la vocal Solanda Goyes no apoyó esta resolución.
La suspensión contra Ayala se concretó tras la denuncia interpuesta por el entonces fiscal general encargado, Wilson Toainga, por una falta disciplinaria grave contemplada en el numeral 1 del artículo 108 del COFJ. La denuncia de la Fiscalía se sustentaba en la actuación de la jueza durante la audiencia de formulación de cargos del caso Magnicidio contra Serrano, Jordán, Aleaga y Salcedo.
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Según Toainga, en la diligencia Ayala, como jueza, cuestionó de forma errada la actuación de la fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos que está a cargo del caso relacionado con Villavicencio. Por ejemplo, la magistrada dijo que “la Fiscalía no debía ser el brazo ejecutor del Gobierno de turno”.
Esas expresiones, para el fiscal general, significaban que “emitió opiniones y comentarios personales que se alejan de su rol y constituyen agresiones contra la representante de la institución”.
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Con la salida de Ayala, la jueza Luz María Ortiz asumió la causa desde el 15 de septiembre pasado y más adelante cambió la medida de presentación periódica que ordenó su antecesora contra Jordán y Serrano, quienes viven en Miami (Estados Unidos). En lugar de presentarse en el Consulado de Ecuador en Miami, les impuso una orden de prisión preventiva, medida que fue apelada y tendrá el próximo 4 de diciembre una audiencia para resolverse los recursos.
Como anexos de la denuncia planteada por Reimberg contra Ayala, el ministro incluye impresiones de medios de comunicación que recogen frases de la jueza, como “La Fiscalía no es el brazo ejecutor del político de turno”, y anexa el acta resumen de la audiencia que se dio en septiembre pasado en el caso Magnicidio FV.
En la providencia en la que los juegos avocan conocimiento explican que, de conformidad con la resolución dictada por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, “el procedimiento para la declaratoria jurisdiccional previa de las infracciones de dolo, negligencia manifiesta y error inexcusable” incluye que se ponga en conocimiento de las partes la recepción del proceso. Se dispuso que la jueza María Daniela Ayala en el término de diez días presente un informe detallado con el respaldo correspondiente, de haberlo, respecto de la denuncia presentada en su contra por parte del ministro John Reimberg.
A la acusación particular, Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del presidenciable asesinado el 9 de agosto de 2023, le generaba cierta preocupación la posibilidad de que Ayala luego de la suspensión, sin sueldo, pueda asumir nuevamente el caso. Los 90 días iniciales de instrucción fiscal cierran este 3 de diciembre, pero ante el pedido de vinculación de tres personas más: Wilmer Chavarría, alias Pipo; su hijastro Esteban Aguilar, alias Esteban o Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis, la etapa de instrucción, una vez se concierte la audiencia respectiva, se alargará por treinta días más.
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Tamia Villavicencio, hija del político y periodista asesinado, explica que en el proceso judicial de su padre no solo han tenido que enfrentar a estructuras delictivas de las que hacen parte los sospechosos, sino que también han debido dar batalla a lo que califican como “mafia judicial”. En ese marco, informó que el 17 de noviembre pasado ingresaron al CJ una denuncia contra Ayala por la falta disciplinaria gravísima de negligencia manifiesta, contenida en el artículo 109 del COFJ, dentro de la cual han pedido que sea destituida la jueza.
“Hemos considerado que esta jueza ha dictado medidas nunca antes vistas en este país. A dos acusados de asesinato, y más aún de un magnicidio, se les permitió durante un tiempo presentarse en un consulado en Miami y sin ningún tipo de medio judicial que pudiera corroborar. No había tal presentación ante la justicia, porque los consulados no tienen facultades jurídicas. (...) Por eso también hemos ingresado esta denuncia. (...) Ya el 3 de diciembre se van a cumplir tres meses de la suspensión de la jueza, y probablemente ya podría volver a conocer este caso, cuando ya hemos visto sus actuaciones que solo han beneficiado a los acusados y cuando ni siquiera dejó por escrito nuestras medidas de protección, las cuales han sido incumplidas”, sostuvo Tamia Villavicencio. (I)
