El cierre del espacio aéreo generado por el conflicto armado que se vive en Medio Oriente habría impedido que la defensa de la destituida jueza anticorrupción Gabriela Lara Tello llegue a Ecuador para la audiencia de formulación de cargos por el delito de enriquecimiento ilícito contra la exmagistrada, por lo que se difirió la diligencia definida para las 14:00 de este miércoles, 4 de marzo.
El pedido de diferimiento fue planteado pasadas las 06:00 de este mismo 4 de marzo por Lara, la única investigada en esta causa. Según el escrito presentado, 13 de febrero pasado su único abogado patrocinador, Édgar Molina Aleaga, viajó de vacaciones al Medio Oriente, hoy zona de conflicto militar, el 25 de febrero último ingresó a los Emiratos Árabes Unidos y su retorno se encontraba programado para el 28 de febrero siguiente en horas de la mañana.
“Como es de conocimiento mundial esta zona está catalogada como zona de conflicto bélico y los Emiratos Árabes Unidos ha dispuesto cerrar su espacio aéreo, de tal modo hasta la presente fecha no me ha sido posible retornar a Ecuador, encontrándome en la actualidad en suelo extranjero sin posibilidad de retorno inmediato”, se explicó en el escrito de diferimiento ingresado.
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Ante esa realidad, la exjueza Lara solicitó se señale nuevo día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos solicitada por la Fiscalía y que su nuevo señalamiento prevea y se tome en cuenta esta causa de fuerza mayor de Édgar Molina, su “único abogado patrocinador y de confianza en este proceso penal”.
“Se acepta la petición de diferimiento en razón de que se ha justificado en legal y debida forma que el único abogado patrocinador de la peticionaria se encuentra fuera del país por una causa de fuerza mayor; por consiguiente, se dispone diferir la convocatoria de audiencia de formulación de cargos en contra de Gabriela Cossette Lara Tello, señalada para el 4 de marzo de 2026”, respondió el juez Fabricio Chóez, quien reemplaza al juez titular Fernando Sánchez, ambos de la Unidad Especializado en delitos de Corrupción y Delincuencia Organizada.
En providencia emitida inmediatamente por Chóez se definió que la audiencia diferida este 4 de marzo quede para el 20 de marzo próximo, a las 10:00.
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El 24 de febrero pasado, el presidente encargado del Consejo de la Judicatura (CJ), Damián Larco, junto a los vocales Magaly Ruiz, Fabián Fabara y Alfredo Cuadros decidieron destituir a los jueces anticorrupción Gabriela Lara y Christian Quito, investigados por ser parte de una red de corrupción dentro del caso Fachada, en el que se habría intentado de forma irregular liberar a los hijos de Roberto Carlos Álvarez, alias Gerente, cabecilla del grupo de delincuencia organizada (GDO) Comandos de la Frontera.
La decisión fue tomada por el cuerpo colegiado al existir elementos que permitirían evidenciar una infracción disciplinaria gravísima. Como parte del caso Fachada, el 16 de enero de 2025, la Fiscalía ejecutó allanamientos en contra de los entonces jueces anticorrupción Lara y Quito. Esto se dio, se aclaró desde Fiscalía, “luego de determinar que existían indicios suficientes que sugerían un posible plan premeditado para alterar la situación jurídica de dos personas detenidas” relacionadas con el grupo delincuencial Comandos de la Frontera.
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Roberto Carlos Álvarez Vera, alias Gerente, es señalado como cabecilla en Ecuador de los Comandos de la Frontera y fue extraditado desde Emiratos Árabes a finales de diciembre de 2025. Según la Fiscalía, el cabecilla del grupo rebelde y disidente de las FARC de Colombia enfrenta dos procesos penales en Ecuador: uno por lavado de activos y otro por delincuencia organizada. Actualmente, alias Gerente se encuentra detenido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.
Durante los allanamientos del caso Fachada, la Fiscalía recopiló documentos, $ 92.000 en efectivo en una caja de zapatos, teléfonos celulares y computadoras. Pese a esas graves acusaciones y elementos que existían en contra de los dos jueces, tanto Lara como Quito continuaron ejerciendo sus funciones de jueces especializados en temas de corrupción y crimen organizado e incluso existía un informe interno del CJ, de agosto de 2025, recomendando que los declaren inocentes.
Ese documento habría sido presentado a la vocal Magaly Ruiz y proponía la declaratoria de inocencia de los jueces. El mismo habría sido elaborado por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del CJ, durante la presidencia de Mario Godoy. Actualmente el equipo técnico que sugirió se declare inocentes a Lara y Quito enfrenta un sumario administrativo.
En abril de 2025, la Dirección Provincial de Pichincha del CJ en Pichincha solicitó al pleno que se suspenda a los funcionarios judiciales. Ese planteamiento fue aceptado el 11 de junio pasado y tres meses después fueron restituidos en el cargo.
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El artículo 279 del vigente Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual recoge el delito de enriquecimiento ilícito, señala que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función, superior a cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en general, serán sancionados con pena privativa de libertad de siete a diez años.
Además, se aclara que se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se ha incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado deudas o extinguido obligaciones. Si el incremento del patrimonio es superior a 200 y menor a 400 salarios básicos unificados (SBU), la pena de cárcel será de cinco a siete años. Si el incremento del patrimonio es hasta 200 SBU, la pena será de tres a cinco años de prisión. (I)
