De 75 postulantes al concurso de méritos y oposición para la selección y designación de un nuevo fiscal general del Estado, 27 fueron admitidos y 48 inadmitidos por no cumplir los requisitos establecidos, aunque aún pueden pedir la reconsideración de sus descalificaciones. La revisión de los expedientes y el desarrollo del resto de fases del concurso están a cargo de una comisión ciudadana de selección, que es parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El concurso es observado por una comisión cívica de seguimiento, integrada por nueve organizaciones: Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), el Colegio de Abogados de Pichincha y seis universidades.
Marcelo Espinel, subdirector de la FCD y vocero de la comisión cívica, explica las principales observaciones de esta primera fase y sus consideraciones para el resto del concurso.
Publicidad
Como comisión cívica, ¿qué observaron durante este proceso de postulaciones y revisión de expedientes?
Lamentablemente, no pudimos observar el proceso porque, incumpliendo la ley, se ocultaron los documentos de los 75 postulantes. Esto no solo vulneró el derecho al control social y la obligación de transparentar el proceso, sino que puso en riesgo la fidelidad de la información. No se sabe si en este tiempo se completaron expedientes faltantes o si se perjudicó a algún postulante al indicar que no cumplía requisitos, sin dar a la ciudadanía la posibilidad de contrastar la información.
¿No hubo transparencia en esta fase?
Publicidad
Publicidad
Ni transparencia desde el buen proceder que deberían tener el Consejo de Participación y la comisión ciudadana de selección, de acuerdo a la norma. Entonces, se puede configurar ahí un comportamiento ilegal que, adicionalmente, da un muy mal mensaje a la ciudadanía.
Por esta falta de transparencia que alegan, la comisión cívica recurrió a la justicia. ¿Qué acción presentaron y qué buscan con este recurso?
Publicidad
Presentamos una acción de acceso a la información pública debido a que el Consejo de Participación Ciudadana contestó que no va a transparentar la información. El próximo jueves, 2 de abril, tendremos una audiencia en una unidad judicial del norte de Quito para que un juez determine si debe publicar la información de todos los postulantes, tal como solicitamos.
¿Pero la comisión ciudadana de selección y el CPCCS tienen la obligación de transparentar estos expedientes?
Ellos se amparan en que el reglamento dice que los expedientes se harán públicos tras la fase de admisibilidad. Sin embargo, la Ley Orgánica del CPCCS, que está por encima del reglamento, determina que todos sus actos, especialmente los de selección, deben ser transparentes. No se puede usar un reglamento para decidir cuándo entregar información. Además, la Ley de Transparencia está por encima de este reglamento, por lo que el CPCCS no puede decir que no entregará la información hasta que culmine su análisis; eso sería irse en contra de la ley.
¿Qué otras novedades han detectado en esta fase?
Publicidad
Por el momento esa, únicamente de manera general. No podemos determinar si alguno de los admitidos o de los inadmitidos ha cumplido o no con los requisitos, en razón de que los documentos no son accesibles. No podemos saber si, por ejemplo —citando un caso hipotético—, a Carlos Leonardo Alarcón, a Daniella Camacho o a José de la Gasca se les favoreció, porque desconocemos el contenido de las carpetas. Tampoco podemos saber si alguno de los postulantes que están dentro de los 48 que no han sido admitidos probablemente sí debía haberlo sido. Mientras esta información no sea accesible, no se puede conocer si el trabajo de la comisión ciudadana de selección fue correcto.
¿Hay incertidumbre en la comisión cívica sobre si esta falta de transparencia podría favorecer a ciertos postulantes?
Es muy probable. Mientras el concurso no sea transparente, existe el riesgo de que se favorezca o perjudique a alguien. Ahora viene la fase de valoración de méritos y habrá que ver cómo otorgarán los puntajes. Entonces, que el concurso desde su fase inicial no se haya llevado apegado a la ley genera sospechas de intereses políticos, económicos o criminales para direccionar la selección del fiscal general.
¿Qué expectativas tienen para el resto del concurso?
Lamentablemente, las expectativas no son las mejores, debido a cómo se ha llevado el proceso. No tenemos confianza en que las siguientes etapas se caractericen por ser transparentes y apegadas a la norma tanto por la comisión ciudadana de selección como por las decisiones que tome el pleno del Consejo de Participación Ciudadana.
¿Qué sugerencias puede dar para que el concurso de fiscal se desarrolle con normalidad y sin contratiempos?
Ya no estamos en un punto de sugerir, sino de exigir el cumplimiento de la ley. Creo que el Consejo y la comisión están “jugando con fuego”. Vulnerar la transparencia abre la puerta a acciones de protección de los postulantes y a acciones de incumplimiento ante la Corte Constitucional que podrían anular el proceso. Eso sería un retroceso para recuperar en parte la crisis judicial que atraviesa el país.
¿La comisión cívica continuará con su seguimiento al concurso de fiscal? ¿Qué aspectos observará en el resto de fases?
Esperamos que, una vez publicados los perfiles completos, podamos realizar un análisis paralelo de las fases de oposición y méritos sin perjuicio de que, cuando se publiquen los perfiles —esperemos que sean completos—, identifiquemos si alguno de los postulantes tenía que haber sido admitido y que, a pesar de esto, se lo haya hecho a un lado en el concurso. (I)
