Conaie pide al Gobierno que declare la emergencia ambiental en Napo por contaminación minera

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) pidió al Gobierno declarar la emergencia ambiental en la provincia del Napo, ante la contaminación minera en esta provincia. Dos días después de que el Ministerio de Ambiente y Energía suspendió las actividades mineras en Napo , así como la de las plantas de beneficio de El Oro y Loja , la organización indígena emitió un comunicado expresando sus consideraciones. Para la Conaie, esta decisión del Ejecutivo “evidencia una crisis ambiental que no puede resolverse con medidas parciales”. La organización observó que la medida del Gobierno coincide con la presentación del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía y cuestionó que si “esta iniciativa busca proteger los territorios y las fuentes de agua o preparar el camino para una política extractiva más agresiva bajo nuevas reglas”.En el pronunciamiento, la Confederación de Nacionalidades Indígenas repasó que la minería en Napo no es un fenómeno aislado, pues desde 2007, y con un fuerte crecimiento desde 2017, más de 1.300 hectáreas de bosque han sido afectadas en cuencas de ríos como Jatunyacu, Anzu, Huambuno, Puni, Cotona y Arajuno, comprometiendo la biodiversidad y la soberanía hídrica de pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía. Además, sostuvo que la suspensión de actividades mineras en Napo reconoce la contaminación por mercurio, metales pesados y cianuro, también detectados en ríos de El Oro. “Estos contaminantes, vinculados a actividades mineras, han puesto en riesgo fuentes de agua, ecosistemas completos y la salud de comunidades locales”, alertó la Conaie. En este sentido, además de proponer una declaratoria de emergencia ambiental, la Conaie sugirió fortalecer los mecanismos de control y espacios de diálogo vinculantes con los pueblos y nacionalidades, establecer plazos claros para la restauración de las cuencas afectadas y definir mecanismos para que los responsables asuman la remediación y la reparación del daño.“Enfrentar esta crisis exige un enfoque integral que combine control estatal efectivo, remediación ambiental, justicia y participación social. La urgencia es defender el agua que todos tomamos, la salud de nuestras familias y los derechos colectivos”, señaló la Conaie. La suspensión de las actividades mineras generó una movilización encabezada por la Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio de Fundición y Refinación de Sustancias Minerales de El Oro (Aproplasmin), este 4 de febrero. El gremio rechazó la medida del Ministerio de Ambiente y Energía tras alertar que el cierre de las industrias perjudica de manera directa a 10.000 familias y hasta unas 80.000 de forma indirecta. (I)

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