Con orden de prisión por estafa está consejero del CPCCS que reemplazaría a uno de los cuatro destituidos por la Asamblea Nacional

Una orden de prisión por estafa tiene Jaime Rubén Chugchilán Caisaguano, quien debería posesionarse ante la Asamblea Nacional en reemplazo del vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Francisco Bravo, destituido el 18 de noviembre pasado, tras un juicio político por incumplimiento de funciones.Chugchilán Caisaguano enfrenta un juicio penal desde el 2019, por estafa masiva, y tiene una orden de prisión preventiva dispuesta por el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito. Inicialmente tenía medidas no privativas, pero desde marzo de 2022 no ha cumplido con las presentaciones periódicas.Chugchilán aparece en la “polla electoral” que en el 2019 se promocionó en las redes del Partido Social Cristiano (PSC).En la resolución aprobada por la Asamblea Nacional, en la sesión plenaria 813, se dispuso al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que convoque de forma inmediata a las personas que deben reemplazar a los funcionarios públicos destituidos en el pleno del CPCCS, con el fin de que tomen posesión del cargo. Por lo tanto, esa acción deberá ser presencial.Según el procedimiento, la Asamblea Nacional deberá solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la información con los nombres de los candidatos a consejeros del CPCCS, que participaron en los comicios de 2019, y que reemplazarían a los cuatro destituidos el pasado 18 de noviembre, para ser posesionados ante el pleno.Este 20 de noviembre, la legislatura preparaba la documentación respectiva para hacer la solicitud correspondiente al Consejo Nacional Electoral y con esa respuesta proceder a la posesión de los nuevos consejeros.Según información del CNE, los vocales suplentes que deberán ser posesionados son Karina Ponce y Mónica Moreira reemplazarían a las consejeras María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán.En el caso del destituido consejero Hernán Ulloa Ordóñez, lo reemplazaría el médico Carlos Figueroa, quien en el 2014 fue condenado a seis meses de prisión por calumnias en contra de Rafael Correa cuando era presidente de la República.Para el caso de la suplencia de Francisco Bravo, deberá ser un suplente que represente a los pueblos y nacionalidades y corresponde a Jaime Chugchilán Caisaguano, quien fue coordinador general intercultural de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos del CPCCS, durante la administración del exconsejero Cristian Cruz, y luego fue asesor de presidencia de la consejera Sofía Almeida, sobrina del actual asambleísta socialcristiano Luis Almeida Morán.Chugchilán aparece también en una polla electoral que en el 2019, el PSC, promocionó en las redes sociales y textualmente Jaime Nebot publicó: “No se debería votar nulo, aunque puede provocar hacerlo, pero cuando me preguntaron por quién votaría, respondí a título personal lo siguiente”, Entre los nombres aparece el nombre de Jaime Chugchilán.En caso de que Chugchilán no asuma el cargo, le sigue en su orden Olindo Nastacuaz, quien fue asesor del exconsejero del CPCCS Edwin Jarrín, identificado con el correísmo. Incluso su nombre consta en una “pollita participativa” que promocionó el exmandatario Rafael Correa en el 2019.A partir del año 2019, la Fiscalía recibió denuncias de varias personas en las que se establecía que entre junio y julio de 2017, en el mercado Mayorista de Quito, Jaime Chugchilán Caisaguano se había presentado ante cada uno de ellos en distintas fechas ofreciéndoles la venta de un pequeño puesto para que ofrecieran frutas o implementos de alimentación, indicando que era propietario de uno de los galpones del mercado Mayorista, cada uno de los puestos ofrecidos tenía un costo de $ 10.000 .Además, Chugchilán ofreció a las víctimas conseguir un crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, y dentro de las quince personas mencionadas, catorce obtuvieron un crédito de $ 10.000. Una vez que se consiguieron los créditos, fueron transferidos a la cuenta de Chugchilán. Adicionalmente, una persona de las estafadas vendió un terreno por $ 11.000 y estos fueron entregados a Chugchilán, por lo que se verificó un perjuicio neto de $ 145.895. Las víctimas esperaban la entrega del documento de parte del mercado mayorista, lo cual no sucedió.En el 2019, las víctimas pusieron las denuncias, y se verificó que no era el propietario del galpón, sino que todos los galpones son propiedad pública perteneciente al Municipio de Quito y quienes ocupan esos espacios son arrendatarios.La última providencia judicial sobre este caso es la convocatoria a los sujetos procesales a la audiencia oral de juzgamiento, en la que se decidirá la situación jurídica de las personas procesadas el 17 de enero de 2023 a las 08:30, en el complejo judicial Quitumbe. (I)

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