Con la presencia de la fiscal general, Diana Salazar, representantes de la Procuraduría General del Estado y las defensas técnicas de los 18 procesados se instaló, la mañana de este lunes, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de peculado que se habría dado en la compra de siete helicópteros Dhruv.

El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, dio inicio a la diligencia que sufrió su último diferimiento hace cuatro meses. La audiencia se da en una sala de la Corte Nacional a la cual de forma presencial y virtual han asistido los sujetos procesales.

Los exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa Javier Ponce y Wellington Sandoval, 15 oficiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y el representante legal de la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para Ecuador son parte de los acusados del delito de peculado que están a la espera de que se defina su situación ante la acusación hecha por la fiscal general, Diana Salazar.

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La Fiscalía mantiene la tesis de que en este caso se habrían determinado presuntas irregularidades y disposiciones arbitrarias en el proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato suscrito el 5 de agosto de 2008 para la compra de helicópteros a la compañía HAL de la India.

Para la primera etapa de esta audiencia, el juez Rivera señaló que las defensas de los 18 procesados tendrán 10 minutos para argumentar los vicios de nulidad que creen existen para que se declare nulo todo lo actuado hasta el momento en la causa. Inmediatamente tendrá para replicar esas supuestas nulidades la Fiscalía y la Procuraduría, cada institución tendrá un tiempo de dos horas y media para intervenir.

Las defensas que arrancaron con sus argumentos ante supuestas faltas de procedimiento, prejudicialidad, competencia y procedimiento fueron las de los ministros Sandoval y Ponce y la del excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez.

La defensa de Wellington Sandoval señaló que existía una nulidad ante la violación del derecho a la defensa, pues la Fiscalía hasta el momento no conoce directamente la individualización de los actos que se le imputan. Mientras tanto que la defensa del excomandante Bohórquez, Eduardo León, apuntó que existe una nulidad por procedimiento porque se afectó el derecho a la defensa en la audiencia que se procedió a reabrir el caso.

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“En la gran mayoría, todos los que somos procesados hemos alegado que en la audiencia de reapertura de la investigación no se contó ni con la defensa de los ahora procesados, ni con los procesados, en ese entonces investigados. Fiscalía había indicado al entonces juez de la CNJ, Iván León que existían 19 investigados y que debían notificárseles. (...) En el acta consta que nueve de 19 fueron notificados, sin embargo, en la audiencia de reapertura de la investigación que se requería contar con ellos para que puedan rebatir y argumentar, no pudieron comparecer. Esta falta de notificación, seguidamente va a vulnerar el debido proceso”, dijo León.

Por su parte, Jorge Vicente Huilcapi, abogado del exministro Ponce, indicó que en este caso, el cual es procesado con el Código Penal, no existe el informe con indicios de responsabilidad penal y ante ello no puede continuar este proceso penal. El defensor de Ponce pidió al juez Rivera que disponga la imposibilidad de la prosecución de este caso y ordene su archivo.

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La lista de procesados se completa con Juan Cortez, representante legal de la compañía HAL para Ecuador; el teniente general (sp) de la FAE Alonso Espinoza; el brigadier general de la FAE Antonio Puga; el exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional, Carlos Morales; el exjefe de Estado Mayor de la FAE, Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres generales (sp) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE; Marco Flores y Jame Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp) Gonzalo Estévez; y el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre Francisco Torres.

Hasta antes del primer receso participaron también las defensa de Carlos Morales y del exjefe de Estado Mayor Barreiro.

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Al final de esta parte, luego de la participación de los procesados, la Fiscalía y la Procuraduría, el juez de la Corte Nacional deberá resolver si da o no paso a las nulidades expuestas. De hacerlo el caso se retrotraerá al momento en que se ubicó la nulidad, pero de no aceptarse, Rivera declarará válido todo lo actuado y pasará a la fase en la que se escuchará la acusación fiscal, el pedido de que se los llame a juicio y los elementos que se usarán si se pasa a la etapa de juzgamiento.

Quito. 25/07/2022. El exministro de Defensa, Javier Ponce, fue uno de los procesados por el delito de peculado en el denominado caso Dhruv que asistió a la audiencia preparatoria de juicio vía telemática. Santiago Molina/El Universo. Foto: El Universo

Cerca de las 14:00, con la intervención de Diego Velásco, abogado del general (sp) Espinoza, concluyeron las defensas de los 18 acusados del delito de peculado. Todos solicitaron al juez de la causa que declare la nulidad de todo lo actuado y dieron a conocer las violaciones existentes que justificaban sus pedidos.

Uno de los principales argumentos usados por la mayor parte de defensas fue que no se les notificó debidamente para estar presente y ejercer su derecho a la defensa en la audiencia dada el 23 de diciembre de 2020 en la que se dio paso al pedido de la Fiscalía para reabrir el caso por la compra de los siete helicópteros Dhruv, causa que fue archivada por el entonces fiscal general Galo Chiriboga. Quienes argumentaron este hecho aseguran que con esa omisión se generó una nulidad que insubsanable que obliga a que el caso se retrotraiga a esa instancia de la investigación.

“De acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional y la Ley en la reapertura de una investigación se tenía que realizar una audiencia y en esta audiencia tenían que estar presentes los abogados de las personas que estaban siendo investigadas. En esta audiencia no estuvo presente ninguno de los abogados, no se les notificó y además se obligó a la defensora pública a intervenir en nombre de tofos ellos. Eso genera que la reapertura de la investigación haya violado los derechos al debido proceso y en consecuencia se retrotraiga el caso a ese momento”, explicó Velásco.

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Escuchadas las 18 defensas, el juez Rivera decidió disponer un receso, para resinstalar la diligencia a las 17:00 de este lunes. La audiencia continuará con la respuesta que de la fiscal general Diana Salazar y la Procuraduría a las nulidades expuestas. Ambas instancias tendrán cada una dos horas y media para exponer sus argumentos. (I)