El mismo día en que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) inadmitió a trámite la solicitud de juicio político en contra de cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) reunió 46 firmas y nuevamente ingresó la solicitud a la presidencia de la Asamblea Nacional.
En la mañana, el CAL archivó el pedido de juicio político presentado por el asambleísta Luis Fernando Molina (RC) en contra de los consejeros Andrés Fantoni (presidente), Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero Minda y Piedad Cuarán Rosero, por existir inconsistencias en 16 de las 42 firmas de respaldo presentadas.
En la tarde, el mismo legislador Molina volvió a ingresar la solicitud de juicio contra los mismos consejeros y esta vez reunió 46 firmas. Ahora espera que el CAL avoque conocimiento y admita a trámite.
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#ElCALDeLaImpunidad
— Luis Fernando Molina (@LFMolinaO) January 12, 2026
🚨 He vuelto a PRESENTAR el juicio político contra los consejeros del @CpccsEc:@AndresFantoniB, @JazminEnriquezC, @PiedadCuaranR, @davidroserow y @VerdezotoJoha. Esta vez con 46 firmas de respaldo.
Lo hacemos porque el control político no se archiva por… pic.twitter.com/qtDnuPZ970
La solicitud de juicio político se fundamenta en presuntas acciones y omisiones cometidas por los cinco consejeros del CPCCS, en el marco del proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, las cuales habrían vulnerado principios constitucionales, el principio de legalidad, probidad, mérito, transparencia y seguridad jurídica, además de la “inobservancia de disposiciones constitucionales y legales, comprometiendo gravemente la institucionalidad del país y el interés público”.
En la documentación, según Molina, se determina que las actuaciones de los consejeros señalados no se limitaron a decisiones administrativas formales, sino que evidencian un ejercicio irregular de sus competencias constitucionales, así como la inobservancia de los deberes y responsabilidades previstos en la Constitución y en la norma legal aplicable.
Molina señaló que insisten en el juicio político en contra de los cinco consejeros del CPCCS, porque “el control político no se archiva por cálculo, ni se bloquea con excusas administrativas. Las firmas son válidas y el país lo sabe”, anotó.
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“Hoy el balón está en la cancha del CAL”, señaló Molina en su cuenta X, y si insisten en hablar de firmas erróneas, no estarán corrigiendo un trámite, sino protegiendo intereses y renunciando a su rol constitucional. (I)
