Pedidos de comparecencias en el pleno y en las comisiones, así como una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por rebelión y terrorismo, son las acciones políticas que surgen desde la Asamblea Nacional cuando se cumple el undécimo día del paro de actividades convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

El Parlamento está convocado de manera virtual para este jueves, 23 de junio, a las 10:00. Y el correísmo, representado en la bancada Unión por la Esperanza (UNES), solicitará un cambio en el orden del día de la sesión 780 para que se disponga la comparecencia del ministro del Interior, Patricio Carrillo, y el de Defensa, Luis Lara, para que informen sobre las intervenciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en el contexto del paro nacional.

En tanto que la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes decidió llamar a los ministros de Gobierno, Francisco Jiménez; Defensa, Luis Lara; Educación, María Brown; y de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, para que informen las medidas adoptadas para garantizar la vida y la integridad de niños y jóvenes en el marco del paro nacional. Aún no se define la fecha.

Además, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, presentó ante la Fiscalía General una denuncia penal por rebelión y terrorismo generados durante el paro, y pide que se investigue a personas vinculadas con estructuras criminales, asambleístas, actores sociales y políticos que financiarían el paro.

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Solicitó que se determine quiénes son los que financian los actos vandálicos de las protestas de junio de 2022 e instigan la comisión de actos delictivos que se alejan totalmente de una protesta social legítima, los cuales constituyen actos vandálicos y de destrucción que han propiciado la paralización de servicios públicos, lo que afecta derechos fundamentales, como la vida y la salud.

Como víctimas de estos actos, Villavicencio señala a los ciudadanos ecuatorianos y en especial a quienes viven en las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua; y que el daño ocasionado es incuantificable.

En la denuncia se determina que es evidente que la serie de acontecimientos violentos que se están suscitando en el país y que se observa a través de los diferentes medios de comunicación, en que se evidencian actos vandálicos, destrucción de bienes públicos, agresión a la fuerza pública, uso de bombas molotov y otro tipo de armas, va más de allá de una legítima protesta social y mantiene en un permanente estado de terror a la población.

En la notitia criminis, Villavicencio hace alusión a once hechos de violencia registrados en varias provincias y ciudades.

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Los hechos se refieren al ataque de una tubería de agua potable en Pinsaquí, en San Antonio, de Imbabura. En la misma provincia, un intento de corte de luz en Antonio Ante, registrado el 17 de junio.

Otros de los hechos son el incendio de un patrullero de la Policía afuera de la Unidad de Flagrancia en Quito y disturbios en el sector de Guayllabamba, provincia de Pichincha.

En la denuncia se incluyen videos de manifestantes con armas de fuego, la contaminación de agua en la ciudad de Ambato, vandalismo en la Universidad Católica de Quito.

El legislador nacional recoge en su denuncia sucesos violentos y uso de armas en el sector de Tumbaco, registrados el 20 de junio; el ataque a las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado, ocurrido el 21 de junio; el uso de tanques de gas comprimido como potenciales explosivos en el sector de Chaupi, en el cantón Mejía.

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Se incluyen los hechos de vandalismo en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, que culminaron en el incendio de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y de varios vehículos de la Policía Nacional. Decenas de personas incendiaron la unidad policial del distrito central, los carros y motos de la Policía, y al mismo tiempo saquearon una sucursal bancaria del Banco Guayaquil.

De todos los hechos relatados —añade el asambleísta nacional— se desprende que el paro indefinido de junio de 2022 no responde únicamente a una protesta indígena o ciudadana, sino también a una estrategia política y narcodelictiva con otros fines perversos; y que, de forma coincidente, estos hechos ocurren posteriormente a la lucha frontal contra el narcotráfico liderada por el Gobierno nacional.

Que la operación Dignidad 354, ejecutada por la Policía Nacional el 25 de mayo de 2022, que permitió la captura de Leandro Norero Tigua, acusado del presunto delito de lavado de activos como producto del narcotráfico, fue el punto de partida para comprender la existencia de nexos relacionados con lo que el país está viviendo, los cuales se encuentran concatenados con el ataque y detenciones en otros delitos, como la minería ilegal.

La detención de Leandro Norero y la exhibición a la ciudadanía de la foto del asambleísta Ronny Aleaga (UNES) y Xavier Jordán Mendoza, disfrutando de un baño en la piscina del prófugo Jordán en Miami, según el denunciante, han sido detonantes también para que estos grupos delictivos reaccionen contra la institucionalidad y seguridad del Estado, y consecuentemente contra el estatus jurídico democrático consagrado en el Ecuador.

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Todo lo mencionado, añade Villavicencio, coincide con las declaraciones hechas por el ministro de Defensa, Luis Lara, el 21 de junio, cuando sostuvo que “las acciones coinciden con el brutal ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado. Estas acciones van más allá de la protesta ciudadana; se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones”.

Que el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, también mencionó que hay agrupaciones que están tratando de generar caos en la ciudad. “Se investiga quiénes están financiando las protestas violentas y los autores materiales”.

En el escrito, Villavicencio también pide a la Fiscalía prestar especial atención a las declaraciones vertidas por parte de miembros de la Asamblea Nacional, las cuales incitan al irrespeto del orden constitucional establecido, poniendo en riesgo la democracia del país.

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Cita el caso del asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES), quien —según el denunciante— de manera pública llama a elecciones anticipadas y a la rebelión: “La única salida por la grave crisis del país, y debido a la convulsión social que ha aceptado el propio presidente: hay que invocar el 130 de la Constitución”; todo esto concatenado con las declaraciones del expresidente Rafael Correa, que textualmente señala: “Anticipen elecciones con art. constitucionales 130 o 148. Esto pacificaría inmediatamente el país. Votos y no balas”. (I)