La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tiene cinco días contados desde este martes, 9 de diciembre del 2025, para avocar conocimiento de la solicitud de juicio político en contra del exministro de Salud Pública Jimmy Martin, quien tiene seis acusaciones de supuesto incumplimiento de funciones.
El pedido de juicio político fue presentado por los asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana (RC) Luis Fernando Molina, Eliana Correa y Franklin Samaniego.
Las acusaciones están relacionadas con omisiones sobre el abastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, falta de pago a prestadores de servicios externalizados y a clínicas privadas de diálisis, así como falta de ejecución presupuestaria.
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La mesa de Fiscalización tiene hasta el sábado 13 de diciembre para conocer la solicitud y verificar que cumpla lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República; caso contrario, la archivará.
Calificado el trámite, la comisión notificará al exfuncionario sobre el inicio de este, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento a fin de que, en el plazo de quince días, presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes. En el mismo acto notificará a los asambleístas solicitantes para que, dentro del plazo de quince días que se encuentra transcurriendo, presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
Con la contestación del funcionario enjuiciado o sin ella, se establecerá el plazo de diez días adicionales para la actuación de las pruebas.
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Acusaciones
La primera acusación tiene relación con un supuesto incumplimiento de funciones por el desabastecimiento de medicinas y dispositivos médicos. Los acusadores afirman tener evidencia fáctica, corroborada por las visitas in situ desde los meses de julio a octubre de 2025, que revela una crisis de disponibilidad que alcanza dimensiones estructurales, pues se obliga a los pacientes a asumir costos que el Estado debería cubrir, violando el principio de constitucionalidad de gratuidad.
La segunda acusación se refiere a la falta de pago a prestadores de servicios externalizados. En el proceso acusan al exfuncionario de no realizar la gestión financiera, lo cual genera una parálisis operativa en la Red Pública de Salud. Tras las visitas a varias casas de salud, se recogieron testimonios de que el Estado debe hasta siete meses los pagos correspondientes.
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La siguiente acusación también se trata de la falta de pago a las clínicas privadas de diálisis, lo cual compromete el derecho a la salud de un grupo de atención prioritaria.
Al exfuncionario también lo acusan de negarse a entregar la información requerida, con lo cual habría demostrado una conducta omisiva y reiterada y sistemática del exministro, por lo que incumplió de manera flagrante las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.
Otra de las acusaciones se refiere a la baja ejecución del presupuesto de la salud pública en el periodo 2024-2025, lo cual configura una omisión grave y sistemática que compromete la viabilidad del sistema sanitario nacional.
El hecho central radica en dimensiones administrativas convergentes, como la reducción arbitraria del presupuesto codificado durante la vigencia fiscal de 2024 que decreció a $ 4.491,82 millones en la proforma; la ejecución del primer semestre de 2025, donde de un codificado de $ 2.980,52 solo se han ejecutado $ 1.300,09 millones, es decir, un 43,6 %.
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Finalmente, se acusa al exministro de Salud de incumplir funciones al no comparecer ante las comisiones especializadas permanentes, como a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos el 27 de agosto de 2025.
El proceso contra el exministro Martin se suspendería a partir del 22 de diciembre de 2025 y hasta el 5 de enero de 2026, en razón de que la Asamblea Nacional entrará en un periodo de vacancia legislativa de dos semanas. (I)
