La sustanciación del juicio político en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes Quelal, se suspendió hasta el 19 de julio de 2025. Así lo resolvió la Comisión de Fiscalización, en la sesión del 11 de julio.
La mesa legislativa aprobó, por unanimidad, la solicitud de Goyes, para que se suspendan los plazos del proceso de fiscalización, debido a una condición en su salud.
La vocal de la Judicatura presentó un certificado médico de reposo por 15 días, luego de que fue sometida a una cirugía.
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De esta manera, Fiscalización acordó reanudar el proceso de enjuiciamiento político contra Goyes, a partir del 19 de julio.
El trámite continuará en la fase de actuación de la prueba documental, audiovisual y testimonial.
La mesa parlamentaria se reunió para decidir sobre el pedido de Goyes Quelal, una vez que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó, con siete votos, el pedido para resolver sobre la suspensión de los términos y plazos.
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La funcionaria fue acusada por el asambleísta de ADN Fernando Jaramillo de un supuesto incumplimiento de funciones, relacionado con un “boicot” en la creación de un reglamento para la selección de jueces constitucionales.
El 1 de julio, Solanda Goyes presentó por escrito sus pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización y afirmó que las acusaciones en su contra están “alejadas de la realidad”.
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El 16 de abril de 2025, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, convocó a sesión del pleno con el objetivo de conocer y aprobar el reglamento para la selección de jueces constitucionales, cuyo instrumento tenía como fin viabilizar lo resuelto en consulta popular y permitir su designación.
En un documento, Goyes indicó los inconvenientes que ha tenido el órgano de administración de justicia para elaborar el reglamento para la selección de los magistrados especializados y las propuestas que desde su despacho ha emitido, pero que no fueron acogidas.
“El camino de este reglamento es tortuoso y no incorpora los criterios de especialización, experiencia, probidad y paridad; no se acogió nada de las observaciones y los textos presentados por la vocalía por mí presidida, y nunca se socializó con los sectores involucrados: academia, colegios de abogados, jueces, universidades”, dice la contestación.
La vocal del Consejo de la Judicatura recordó lo sucedido en el pleno el 16 de abril, cuando abandonó la sesión; y lo ocurrido el 22 de abril, cuando no asistió a la reinstalación, en la que se buscaba votar por el reglamento. Además, refutó que “en ningún momento la normativa constitucional o legal establece obligación de votar por propuestas que un vocal cuestiona”.
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(I)
