La sustanciación del juicio político en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, continúa en la Comisión de Fiscalización. La mesa parlamentaria retomó el proceso este 22 de julio de 2025.
El trámite de juicio político se suspendió el 11 de julio pasado, por una solicitud de la vocal de la Judicatura, quien presentó un certificado médico de reposo por 15 días, luego de que fue sometida a una cirugía.
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El proponente del proceso de fiscalización es el legislador oficialista Fernando Jaramillo (ADN), quien la acusó de incumplimiento de funciones por un presunto “boicot institucional” al “obstaculizar” la creación de un reglamento para la selección de jueces constitucionales.
El asambleísta argumentó que la vocal abandonó injustificadamente una sesión del pleno de la Judicatura, que trataba la elaboración de este reglamento.
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De su parte, Goyes defendió que no hay motivos para el enjuiciamiento político en su contra y alegó que ha sufrido presiones en la Asamblea Nacional, con el juicio político; la Contraloría General del Estado, a través de una auditoría; y la Fiscalía General por medio de una investigación.
El 1 de julio, la funcionaria presentó por escrito sus pruebas de descargo en la Comisión de Fiscalización y afirmó que las acusaciones en su contra están “alejadas de la realidad”.
El 16 de abril de 2025, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, convocó a sesión del pleno con el objetivo de conocer y aprobar el reglamento para la selección de jueces constitucionales, cuyo instrumento tenía como fin viabilizar lo resuelto en consulta popular y permitir su designación.
En un documento, Goyes indicó los inconvenientes que ha tenido el órgano de administración de justicia para elaborar el reglamento para la selección de los magistrados especializados y las propuestas que desde su despacho ha emitido, pero que no fueron acogidas.
“El camino de este reglamento es tortuoso y no incorpora los criterios de especialización, experiencia, probidad y paridad; no se acogió nada de las observaciones y los textos presentados por la vocalía por mí presidida, y nunca se socializó con los sectores involucrados: academia, colegios de abogados, jueces, universidades”, dijo en su contestación a la Comisión de Fiscalización.
La vocal del Consejo de la Judicatura recordó lo sucedido en el pleno el 16 de abril, cuando abandonó la sesión; y lo ocurrido el 22 de abril, cuando no asistió a la reinstalación, en la que se buscaba votar por el reglamento. Además, refutó que “en ningún momento la normativa constitucional o legal establece obligación de votar por propuestas que un vocal cuestiona”. (I)