La comisión ciudadana para la selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado ajustó su planificación de trabajo y prevé concluir con el concurso público a finales de mayo del 2023.

Este 17 de noviembre, la comisión ciudadana conoció y aprobó el cronograma de trabajo que contempla las diferentes etapas en la organización del concurso público para elegir a esta autoridad y estableció las fechas hito, con base en el reglamento elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Desde el pasado 14 de noviembre y hasta el próximo viernes 25 de este mes se convocó a la ciudadanía a presentar sus postulaciones para participar de este proceso, que debe cumplir las fases de admisibilidad, calificación de méritos, prueba de conocimientos escrita y oral, la impugnación ciudadana y, finalmente, la designación del nuevo contralor del Estado.

Se conoce que hay alrededor de 30 ciudadanos que han registrado sus datos personales, aunque no se considera una inscripción hasta que se formalice el acto con la presentación de la documentación.

Este cronograma estima que una vez que concluya la etapa de postulaciones, el 2 de diciembre arrancará la segunda fase que es la admisibilidad, que consiste en la revisión de los expedientes de los candidatos para verificar que cumplan con los requisitos legales para participar y que no estén incursos en inhabilidades y prohibiciones. Esto terminaría el 15 de diciembre.

Luego, hasta finales de diciembre habrá una fase de reconsideración en la que aquellos que resulten inadmitidos podrán recurrir sobre esa resolución.

Con esos resultados, se prevé que el 11 de enero del 2023 se elabore el informe de postulantes admitidos y se aprobaría la resolución.

La siguiente etapa será la calificación de méritos, que se iniciaría el 16 de enero y se extendería hasta el 27.

El 6 de febrero se prevé empezar con la organización del examen de oposición y oral, para lo que se convocará a las universidades a proponer los académicos que elaborarán los cuestionarios y los casos hipotéticos sobre los que los participantes resolverán de forma oral.

Entre febrero y marzo se avanzaría en procesos administrativos para preparar estos exámenes y el 27 de marzo se convocaría a los candidatos a rendir el examen escrito.

El 3 de abril rendirían el examen práctico y al siguiente día se publicaría el informe de calificaciones. El 10 de abril se recibirán los pedidos de recalificación, para once días después, es decir el 21 de abril, se elaboraría el informe final de calificación de méritos y exámenes y se lo enviaría al pleno del CPCCS para que resuelva sobre esto y convoque a la etapa de escrutinio público, cuyo objetivo es que la ciudadanía objete a los participantes por falta de probidad e idoneidad para ocupar ese cargo.

El 24 de abril se abriría la convocatoria a impugnaciones, las que serán resueltas por la comisión ciudadana y por los vocales del Consejo.

Aquellas impugnaciones que sean aceptadas se sustanciarán en audiencias públicas desde el 9 de mayo en la que los impugnantes e impugnados presentarán sus pruebas de cargo y descargo.

Correístas y socialcristianos llevan a juicio político a los cuatro consejeros de mayoría del CPCCS en medio de polémicas

La planificación señala que el 25 de mayo se conocería el informe final de impugnaciones, en el que se determinará cuáles son aquellos ciudadanos que serán descalificados y los que pasan a la fase final.

Con ello, el 26 de mayo se elaboraría el informe final de calificaciones de méritos y de los exámenes orales y escritos y la resolución sobre las objeciones ciudadanas.

Este documento se enviaría al pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que el 29 de mayo se determine la puntuación final de todos los candidatos que hayan superado las diferentes fases y de esta forma se resuelva cuál es el candidato que obtuvo la más alta calificación y se proceda con la designación.

El 30 de mayo se remitiría dicha resolución a la Asamblea Nacional para que convoque a la nueva autoridad a posesionarse y empiece su periodo de cinco años, como lo determina la Constitución.

Conformación de la comisión ciudadana que designará al contralor, bajo observación interna en el CPCCS

No obstante, el desarrollo de este concurso público avanzará en medio de la incertidumbre, debido al juicio político que enfrentan los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana, quienes conformaron la comisión ciudadana que está a cargo del proceso.

Desde las 14:30 de este viernes 18 de noviembre, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo comparecerán ante el pleno de la Asamblea Nacional para defenderse de una interpelación política impulsada por las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), del correísmo Unión por la Esperanza (UNES), de la Izquierda Democrática (ID) y varios legisladores de Pachakutik (PK), entre ellos, los proponentes Mireya Pazmiño y Ángel Maita.

Los legisladores alegan que los cuatro consejeros habrían incurrido en arrogación de funciones al incluir una moción en una sesión para debatir reformas al reglamento para la elección del contralor, cuando este había iniciado con la convocatoria a integrar la veeduría ciudadana, que observa la transparencia de los procedimientos.

El 15 de noviembre, el pleno de la legislatura aprobó con 84 votos una resolución para convocar a juicio político a los cuatro vocales por esas causales y se archivó otra solicitud que la impulsaban los asambleístas de PK Ricardo Vanegas y José Chimbo en contra de los siete consejeros, por lo que se dejó fuera del enjuiciamiento a los consejeros Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos.

Sobre ese escenario, el presidente del Consejo, Hernán Ulloa, aseguró que el trabajo de esta comisión ciudadana y de otras dos, para elegir al titular de la Defensoría Pública y para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), está “blindado” y no habría posibilidad de diluirlo, ya que incluso se ha incurrido en gastos para operativizar los concursos públicos.

En ese contexto, se estaría alistando un camino para detener el concurso de elección del contralor y extinguir a la comisión ciudadana. La consejera Sofía Almeida adelantó la posible estrategia con esa consecuencia.

Almeida, quien presidió el organismo hasta el 9 de febrero pasado, recriminó que las reformas al reglamento que aprobaron los cuatro consejeros disponen elaborar un cuestionario de 60 preguntas para los concursantes, cuando en su administración la norma incluyó un examen escrito de 2.000 preguntas.

Asimismo, cuestionó que incluir la prueba oral puede tener un resultado con una “subjetiva calificación”, pues estará a cargo de los comisionados la calificación y podrían hacerlo “por su cara bonita o porque es más guapo”, dijo en una entrevista en Radio Centro.

El reglamento reformado por los cuatro vocales enjuiciados encargó la calificación de los exámenes orales a los mismos catedráticos que los elaborarán y también a los comisionados.

Otro cuestionamiento de Sofía Almeida es cómo se integró la comisión ciudadana, pues en ella estarían quienes fueron parte de una supuesta lista que recibió un exasesor suyo, Alejandro Gallo, de funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, para que sean escogidos a ocupar esos cargos.

A su criterio, la reforma reglamentaria vulneró los derechos de otros postulantes a ser comisionado porque se “cambiaron las reglas del juego” y en la fase de impugnación ciudadana no fueron impugnados todos aquellos que serían parte de esa lista y eso será lo que entren a revisar.

“No ingresaron a los mejores calificados (a la comisión), porque cambiaron las reglas del juego. Al momento de ser calificados y al momento de ingresar fueron impugnados, pero no todos. Eso es lo que hay que ver: quiénes sí fueron a impugnación y quiénes no fueron a impugnación ciudadana”, anticipó en su declaración.

Durante la fase de impugnación para integrar la comisión ciudadana, por unanimidad del pleno del CPCCS se aprobaron once de catorce impugnaciones que se presentaron en contra de los candidatos y que fueron impulsadas por los asambleístas de la bancada de UNES, quienes los acusaron de falta de probidad e idoneidad por constar en esa lista enviada por el régimen.

Articulado a ello, la ley del Consejo de Participación Ciudadana y el reglamento para la conformación de las comisiones ciudadanas establecen los motivos por los cuales se puede cesar en funciones a quienes forman parte de estas instancias.

En el artículo 67 de este cuerpo legal y en el reglamento se determina que las comisiones terminarán sus funciones por muerte, renuncia, abandono del cargo, conclusión de actividades, inasistencia consecutiva injustificada a más de tres sesiones, y también con una “resolución motivada del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que determine el incumplimiento de sus deberes y obligaciones, o haber incurrido en las prohibiciones para ser miembro de las comisiones ciudadanas de selección, que será aprobada por la mayoría de los miembros del Consejo”. (I)