El Colegio de Abogados de Manabí pidió públicamente la renuncia inmediata de Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, al considerar que su administración atraviesa una grave crisis institucional que compromete la independencia judicial y la credibilidad de la Función Judicial en el país.
En un pronunciamiento, firmado por Tito Livio Mendoza Guillén, presidente del gremio, expresaron su “profunda preocupación” por denuncias públicas y verificables que apuntan a presuntas presiones indebidas sobre un juez especializado en materia anticorrupción, hechos que —según el comunicado— involucran directamente a la máxima autoridad del órgano de gobierno, administración y disciplina de la Función Judicial.
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El Colegio advierte que estas denuncias constituyen una afectación directa al principio de independencia judicial, consagrado en los artículos 168 y 172 de la Constitución, y contravienen los principios internacionales sobre la autonomía e imparcialidad de los jueces. A su criterio, la sola existencia de estas acusaciones “erosiona la confianza ciudadana, debilita la legitimidad del sistema de justicia y configura una responsabilidad política, ética e institucional” del titular de la Judicatura.
Reclamos estructurales en Manabí
Al cuestionamiento por las presuntas injerencias se suma, según el gremio, una problemática estructural no atendida por el Consejo de la Judicatura en la provincia. El Colegio de Abogados de Manabí recordó que ha realizado gestiones formales y reiteradas para la reconstrucción y rehabilitación del edificio de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, infraestructura que consideran clave para garantizar el acceso a la justicia y condiciones dignas de trabajo para jueces, servidores judiciales y abogados.
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Pese a estos pedidos, señalan que persiste una omisión administrativa, lo que ha profundizado el deterioro del servicio judicial y afectado directamente a los usuarios.
El pronunciamiento también enumera una serie de situaciones que, a juicio del gremio, agravan la crisis institucional, entre ellas retardos procesales injustificados, falta de transparencia en decisiones administrativas de alto impacto y el uso del poder disciplinario como mecanismo de presión o intimidación sobre jueces y operadores de justicia. Además, alertan sobre un debilitamiento del sistema de lucha contra la corrupción por posibles interferencias en causas de alto interés público.
“El combate efectivo contra la corrupción exige jueces libres de presiones y un Consejo de la Judicatura que actúe como garante de la independencia judicial, y no como un factor de riesgo”, señala el comunicado.
Exhorto a investigaciones independientes
El Colegio de Abogados de Manabí aseguró que su postura no responde a intereses partidistas, sino al cumplimiento de su rol constitucional de defensa del Estado de derecho y justicia.
Además de exigir la renuncia de Godoy, exhortó a las autoridades competentes a que los hechos denunciados sean investigados de manera exhaustiva, independiente e imparcial, y a que se adopten medidas urgentes y estructurales para restablecer la confianza ciudadana en la Función Judicial.
“Cuando la justicia es presionada, la democracia se debilita. Cuando el silencio se impone, la corrupción avanza. Manabí no será cómplice”, apuntó el gremio.
(I)