El Consejo Nacional Electoral convocará oficialmente este martes, 31 de mayo, a la inscripción de candidaturas para vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), dando inicio así al proceso electoral para los comicios del próximo 5 de febrero de 2023, pese a que cuatro de sus consejeros están acusados de incumplir funciones en el anterior proceso electoral y podrían enfrentar un juicio político en la Asamblea Nacional.

El legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, cuenta que siguen a la espera del pronunciamiento del procurador del Estado, Íñigo Salvador, para continuar con el proceso de juicio político en contra de los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera, Esthela Acero y Enrique Pita, así como del exconsejero Luis Verdesoto, actual secretario anticorrupción.

Villavicencio dice que el 7 de mayo remitieron al procurador la solicitud de juicio planteada por los legisladores de Pachakutik Mario Ruiz y Joel Abad, y que desde esa fecha han insistido para conocer la respuesta, sin ningún resultado.

Los dos asambleístas de Pachakutik acusan a los consejeros de incumplir funciones al no dar paso a los reclamos realizados por su movimiento sobre la verificación de inconsistencias en las elecciones presidenciales de febrero de 2021 que habrían favorecido al excandidato Yaku Pérez.

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Sin embargo, según el artículo 19 del Código de la Democracia, este pedido no podría proceder, ya que establece que la Función Legislativa no podrá designar remplazos de funcionarios electorales destituidos por juicio político y estará impedida de iniciarlo una vez que se hubiere efectuado la convocatoria al proceso electoral y hasta que este concluya con la proclamación de resultados”.

“La Comisión de Fiscalización decidió que se consulte al procurador sobre la procedencia de un juicio político a los consejeros del CNE encontrándonos en periodo electoral. Esa consulta debió realizarla la presidenta de la Asamblea, y no se ha realizado. Y ya convocamos a elección de miembros del CPCCS, con lo quedamos blindados de acuerdo al artículo 19 del Código de la Democracia”, afirma Enrique Pita, vicepresidente del CNE.

Pita dice que, en caso de insistir con el juicio, “correspondería retomárselo después de proclamados los resultados del próximo proceso electoral”.

Los consejeros Esthela Acero, Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita y Luis Verdesoto durante su posesión ante la Asamblea como nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Foto: Archivo.

Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirma que, “una vez hecha la convocatoria a la inscripción de candidaturas del CPCCS, ya los consejeros no podrán ser destituidos por la Asamblea”.

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“Si la Asamblea realmente hubiese querido hacer (...) el juicio político, como tiene el derecho de hacerlo, ha tenido más de un año”, manifiesta, y explica que el país está en periodo electoral desde que se elaboró el calendario, y en proceso electoral desde que se hace el llamado a la inscripción de candidaturas.

Moscoso recuerda que existe un precedente en el caso de la destitución de 57 diputados, el 7 de marzo de 2007, por querer destituir a miembros del entonces TSE, presidido por Jorge Acosta, y que ya había hecho una convocatoria a elecciones para un referendo.

Medardo Oleas, analista político y expresidente del TSE, comenta que otro tema que implica al CNE y al CPCCS es el no haber renovado a dos consejeros del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tal como estaba previsto, y que también quedaría aplazado hasta terminar el proceso electoral.

“No se hizo eso, y llamarlos a un juicio político cuando se inicia un proceso es algo absurdo, porque no solo se trata del juicio: ¿qué pasaría si en ese juicio destituyen a los vocales? Pondríamos en riesgo la administración de todo un proceso; habría que llamar a suplentes, que no tienen la experiencia. Estamos a ocho meses de las elecciones; está desfasada la Asamblea Nacional si piensa que ahora puede hacerlo”, dice.

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Refiere que se debe tener en cuenta que todo proceso electoral es un proceso profesional técnico y no un proceso político. “Solo aquí en Ecuador le damos un carácter político, donde la representación tiene validez con base en la confianza que pueda tener ese consejero de los movimientos que tienen el control político, lo que es absurdo”, lamenta.

Oleas subraya que, en el caso de proceder con el juicio, “solo terminaría por caotizar aún más la poca institucionalidad que se tiene en Ecuador”, y añade que “lo lógico es que se suspenda hasta que terminen las elecciones y se proclamen los resultados”.

Moscoso coincide y dice que un juicio político en estos momentos “lo que hace es agitar la vida política del país y no allana nada a favor de lo que tiene que ser la organización de las elecciones”.

El exconsejero del CNE Fausto Camacho opina que la norma constitucional que establece una serie de blindajes para dar seguridad jurídica a los procesos electorales ha convertido a los miembros del CNE y del TCE —al establecer periodos tan largos, es decir, desde que se inicia el proceso hasta que se proclaman resultados— en una suerte de funcionarios revestidos de impunidad.

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“Esto está mal; va en perjuicio de la propia transparencia del proceso y es un tratamiento completamente desigual respecto a otros que también son funcionarios (...). Hay excesos cometidos desde la misma Asamblea en reformar, y la expedición del propio Código”, apunta.

Camacho dice que, con base en la normativa electoral vigente, solo existen unos pocos meses cada dos años para poder enjuiciar políticamente a estos funcionarios.

“Hay que ponerle mucha atención a esto para echar abajo esas normas o esa interpretación”, manifiesta.

En tanto, de acuerdo con el calendario electoral, las inscripciones para integrar el CPCCS estarán abiertas del 1 al 15 de junio, y las candidaturas pueden ser objeto de denuncias de la ciudadanía y la sociedad civil.

Superadas las fases de admisibilidad y de denuncias, el CNE resolverá sobre el listado de candidatos inscritos, que podrá ser impugnado, incluso con recursos subjetivos ante el TCE. Está previsto que el listado final con los candidatos calificados se publique el 23 de septiembre del 2022. (I)