Para prevenir que los abogados de los procesados en el caso Triple A invoquen eventuales causales de nulidad que puedan generar dilaciones indebidas en la tramitación de la causa, la defensa de la empresa pública Petroecuador, acusadora particular en el proceso por tráfico ilícito de combustibles, solicita al juez anticorrupción Carlos Serrano que ‘evalúe’ la pertinencia de excusarse dentro de la causa en la que uno de los 22 investigados es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
“En observancia del principio de lealtad procesal y del deber de prevención de nulidades, la EP Petroecuador pone respetuosamente en consideración del señor juez doctor Carlos Patricio Serrano Lucero la pertinencia de evaluar su excusa dentro de la presente causa, conforme lo previsto en el ordenamiento jurídico”, señala el escrito ingresado esta semana al expediente de Triple A.
Serrano actualmente por temas de seguridad se encuentra fuera del país. El juez anticorrupción renunció a su cargo en la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado el 17 de diciembre pasado, luego de que denunció presiones de funcionarios del Consejo de la Judicatura (CJ) y recibió amenazas dentro de un caso en el que fue parte del tribunal que sentenció, con voto de mayoría, al serbio Jezdimir Srdan, acusado de un lavado de activos relacionado con el narcotráfico.
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La solicitud de Petroecuador que se introdujo en el expediente del caso Triple A tiene que ver con que Serrano, el 24 de julio de 2025, por sorteo de ley, fue parte del Tribunal de Juzgamiento que originalmente debió atender la etapa de juicio contra las 16 personas naturales y seis jurídicas acusadas del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
Esa Sala de Juicio quedó integrada por los jueces Christian Álex Fierro Fierro, Jorge Suidberto Sánchez Pico, quien reemplazó a Gabriela Cossette Lara Tello, y Carlos Patricio Serrano Lucero. El viernes último, luego de que el CJ le levantó la suspensión de funciones de tres meses, el magistrado Fierro presentó su excusa para así dejar de ser parte del tribunal que el próximo 7 de marzo se instalará en audiencia de juzgamiento para analizar si son o no responsables del delito imputado las 22 personas llamadas a juicio.
Como parte de su fundamentación, la defensa de la EP Petroecuador recordó que Serrano como juez anticorrupción ha enfrentado recientemente circunstancias institucionales vinculadas a medidas de seguridad personal adoptadas en el ámbito de la Función Judicial, con incidencia en su permanencia en el territorio y en el desempeño ordinario de sus funciones jurisdiccionales.
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“Tales circunstancias se han desarrollado en un entorno de alta sensibilidad institucional y mediática, asociado a actuaciones judiciales de especial relevancia, dentro del cual esta causa (Triple A), por su naturaleza y repercusión, exige un estándar reforzado de predeterminación y estabilidad en la integración del órgano de juzgamiento. En este marco objetivo, la situación funcional descrita puede incidir en la percepción externa respecto de la estabilidad de la integración y de la apariencia de independencia e imparcialidad del tribunal en esta causa, exigencias consustanciales al debido proceso y a la confianza pública en la administración de justicia”, refiere el escrito planteado.
Petroecuador aclara que la solicitud que se formula se hace sin atribuir al juez Serrano parcialidad subjetiva, interés o animadversión hacia las partes; sino que se limita a poner en conocimiento circunstancias objetivas y verificables que, por sí mismas, aconsejan prevenir eventuales nulidades y resguardar el proceso mediante la excusa prevista en la normativa aplicable.
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En los antecedentes de la solicitud hecha se recoge lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que ha establecido que la imparcialidad judicial debe apreciarse no solo desde una dimensión subjetiva, ausencia de interés personal del juzgador en la causa, sino también desde una dimensión objetiva, relativa a la existencia de circunstancias externas que puedan generar, para un observador razonable, dudas legítimas sobre la independencia o estabilidad del órgano jurisdiccional.
También se recuerda que la Corte Constitucional del Ecuador ha señalado que la imparcialidad exige que la persona juzgadora se encuentre libre de influencias, condicionamientos o situaciones que puedan afectar la confianza pública en la neutralidad del juzgamiento, constituyendo la apariencia de imparcialidad un elemento esencial del debido proceso.
Finalmente, se anota que el artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal establece el deber del juzgador de excusarse cuando concurra una circunstancia que pueda comprometer su imparcialidad, previendo este mecanismo como garantía destinada a preservar la independencia del órgano jurisdiccional y prevenir eventuales nulidades procesales.
“En el presente caso, las circunstancias expuestas en los antecedentes, relativas a la situación funcional y condiciones institucionales recientes del juez Carlos Serrano, consideradas en el contexto de un proceso penal de alta sensibilidad institucional, pueden objetivamente incidir en la percepción externa de estabilidad e imparcialidad del Tribunal de juzgamiento. Lo expuesto no constituye, en modo alguno, una atribución de parcialidad subjetiva al juzgador mencionado. Por el contrario, se fundamenta en la necesidad de resguardar la garantía de imparcialidad objetiva del órgano jurisdiccional, así como de asegurar la celeridad procesal y preservar la confianza pública en la independencia judicial”, se aclaró desde Petroecuador.
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En paralelo al pedido que hace al juez Serrano para que presente su excusa para integrar la Sala de Juzgamiento del caso Triple A, la defensa de Petroecuador también solicitó el pronunciamiento inmediato sobre la excusa presentada por el juez Christian Fierro. Explican que la ausencia de un pronunciamiento oportuno sobre dicha excusa podría comprometer la validez del acto procesal, generando dilaciones indebidas. (I)
