Los jueces anticorrupción Jorge Suidberto Sánchez Pico (ponente), Clara Elizabeth Soria Carpio y Víctor Dario Barahona Cunalata son quienes integrarán el Tribunal de Juzgamiento en el caso Triple A, proceso penal contra 16 personas naturales, entre las que está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y seis personas jurídicas (empresas) acusadas de delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
La designación llega a menos de dos días de que se instale en Quito una audiencia en la que se resolverán la apelación a las medidas cautelares que mantiene Alvarez y otros dos procesados y se instalará la etapa de juicio contra las 22 personas acusadas de ser parte de una distribución y comercialización irregular de combustibles que habría generado un perjuicio al Estado, debido a diferencias considerables entre el volumen despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
El 28 de febrero pasado, el único juez que quedó como parte de la Sala de Juicio, Víctor Barahona, aceptó las excusas planteadas por los también jueces anticorrupción Christian Fierro y Carlos Serrano. Básicamente los dos jueces se excusaron de seguir en la causa porque en la Asamblea Nacional, en su comparecencia en el juicio a Mario Godoy, hoy expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), hablaron del caso Triple A y, además, porque su imparcialidad estaría afectada.
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“Se dispone separarlos de manera definitiva e irrevocable del conocimiento, sustanciación y resolución de la causa penal. Se dispone que, por secretaría y de manera inmediata, (...), se remita el presente expediente a la Oficina de Sorteos (o dependencia homóloga competente). Lo anterior, con la finalidad exclusiva de proceder al respectivo sorteo legal para la designación de los jueces que subrogarán a los magistrados excusados, garantizando la urgente y debida recomposición de este Tribunal Especializado para la continuidad del proceso”, señaló Barahona en la providencia del 28 de febrero pasado.
Barahona Cunalata es el reemplazo de la jueza Gabriela Lara, magistrada que el 24 de febrero pasado fue destituida por el pleno del CJ, al ser nvestigada por ser parte de una red de corrupción dentro del caso Fachada, en el que se habría intentado de forma irregular liberar a los hijos de Roberto Carlos Álvarez, alias Gerente, cabecilla del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Comandos de la Frontera. Lara será procesada penalmente por el delito de enriquecimiento ilícito.
Entre el 7 y el 21 de marzo está definido se realice la diligencia en el caso en el que se analiza la existencia de una relación de las seis empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible sobre todo de diésel. Con base en pericias existentes, la Fiscalía determinó que en esta causa se habría cometido un delito en alta escala, al existir un perjuicio económico aproximado de $ 61′502.658,39, correspondiente a 22′777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina. (I)
