La fiscal general, Diana Salazar, cree que la estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair habría desarrollado entre el 2009 y el 2018 las acciones ilícitas que generaron un cohecho que se estima en $ 76 millones o el equivalente al 4 % de la obra contratada por la empresa china Sinohydro por $ 1.979 millones, y por la que Ecuador terminó pagando una suma cercana a los $ 3.000 millones.