Con trece días de audiencia de juzgamiento, no continuos, y sin una fecha tentativa para su reinstalación es como cerró en el 2025 el proceso penal en el que se analizan supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y 21.000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19 y por lo que se procesa penalmente al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, a su hijo Jacobo Bucaram Pulley; al exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro Berrones y al israelí Sheinman Oren.