Cinco días es lo que hasta este lunes, 21 de julio, el fiscal general encargado, Wilson Toainga, ha utilizado para exponer la prueba que mantiene en el caso Plaga para acusar a cinco jueces y un secretario judicial de haber obtenido beneficios económicos a cambio de la liberación e impunidad de privados de la libertad sentenciados por delitos graves, como asesinatos, delincuencia organizada, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, tráfico de migrantes y violación, entre otros.