El Caso Nene se ha convertido en uno de los procesos judiciales más explosivos del país. La Fiscalía General del Estado investiga una presunta red de tráfico de influencias enquistada en la Vicepresidencia de la República durante la administración de Verónica Abad, donde cargos públicos habrían sido utilizados como moneda de cambio.
La investigación se activó tras una denuncia que destapó irregularidades en la contratación de personal, bajo un esquema donde funcionarios habrían sido obligados a entregar parte de su sueldo para conservar sus puestos. Un mecanismo que, según la acusación, operaba desde el cargo vicepresidencial.
Tras la instrucción fiscal, un juez resolvió el llamamiento a juicio, al considerar que existían suficientes elementos para llevar a los implicados ante los tribunales. Entre los procesados figura Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la entonces vicepresidenta Verónica Abad, señalado como autor directo de la supuesta oferta de tráfico de influencias.
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Barreiro no solo fue procesado; estuvo detenido y recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, uno de los centros penitenciarios más temidos del país. Posteriormente, recuperó su libertad tras el pago de una fianza de $20.000, una decisión que encendió aún más la polémica pública.
El juicio, sin embargo, avanza entre suspensiones, diferimientos y tropiezos procesales, alimentando cuestionamientos y sospechas sobre la demora en un caso de alto impacto. Pese a ello, la causa sigue activa bajo el marco del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La audiencia está convocada para el 18 de enero de 2026, a las 08h30, y se realizará de forma presencial en el Complejo Judicial Norte, en el norte de Quito. Todas las miradas estarán puestas en una diligencia que podría marcar un punto de quiebre en uno de los casos más incómodos en la administración pública.
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