Este domingo, 18 de enero de 2026, se reinstaló la audiencia de juicio por presunto delito de tráfico de influencias contra Sebastián Barreiro Abad, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, en el Complejo Judicial Norte de Quito. La Fiscalía continúa con la presentación de su prueba testimonial, según informó la institución en redes sociales.

Horas antes de la diligencia, Abad difundió un mensaje en su cuenta de X en el que sostuvo que la presión externa y la exposición mediática afectan no solo a las personas procesadas, sino a la justicia en su conjunto. En ese contexto, afirmó que se solicitó la presencia de la Defensoría del Pueblo para que vigile el desarrollo del proceso y garantice su transparencia, insistiendo en que “los juicios se resuelven en derecho, no en titulares”.

Ese pedido consta en un escrito presentado el 16 de enero de 2026 por el abogado Israel Montenegro, en representación de Sebastián Barreiro. En el documento se solicita que se oficie al defensor del Pueblo para que, en ejercicio de su mandato constitucional —amparado en los artículos 214 y 215 de la Constitución—, comparezca y observe la audiencia de juicio fijada para este 18 de enero, con el fin de preservar la legitimidad del proceso y evitar cualquier sospecha de injerencia externa.

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El propio Barreiro reforzó esta posición en un video difundido por su madre en redes sociales, en el que señaló que la independencia judicial en Ecuador es frágil cuando los jueces actúan bajo presión o temor. Aseguró que la exposición mediática suele “juzgar antes que los tribunales” y reiteró que su defensa se dará exclusivamente en el marco del derecho. “Yo me defenderé como corresponde, y sigo creyendo que una justicia que se atreve a hablar es una justicia que aún puede corregirse”, afirmó.

El caso Nene investiga una presunta red de tráfico de influencias que habría operado en la Vicepresidencia de la República durante la gestión de Verónica Abad, vinculada a supuestas irregularidades en la contratación de personal.

Barreiro es señalado por la Fiscalía como autor directo de la oferta de tráfico de influencias. El proceso ha estado marcado por suspensiones y diferimientos, y se ha convertido en uno de los juicios de mayor impacto político y judicial del país.

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(I)