Los datos relevantes dados en sus versiones por Ronal Patricio H. R., exagente policial de investigaciones conocido con el alias de Jonathan, y Marcelo Nicolás L. S., testigo protegido en el caso Metástasis, son los que fundamentan para la Fiscalía la importancia de que ambos sean llamados a rendir sus testimonios anticipados dentro del caso Magnicidio FV, que investiga a cuatro posibles autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.
El pedido fue hecho por la fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos, luego que alias Jonathan rindió su versión el pasado 11 de septiembre y que el ecuatoriano Marcelo Nicolás L. S. versionara el 25 de septiembre último desde el Consulado de Ecuador en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Los testimonios anticipados se receptarán dentro de la instrucción fiscal del caso Magnicidio FV, la cual fue abierta el 3 de septiembre pasado y en la que la Fiscalía procesa en calidad de autores intelectuales a José Serrano, exministro de Rafael Correa; Xavier Jordán y el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga, llamados a juicio en el caso Metástasis; y Daniel Salcedo, condenado por actos de corrupción en los sistemas judicial y de salud. Ellos son los testigos protegidos de la Fiscalía y quienes rendirán su testimonio anticipado.
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Ronal Patricio H. R., exagente policial de investigaciones conocido en la Policía Nacional con el alias de Jonathan
El hoy exagente ingresó a la Policía Nacional el 2 de marzo de 2013 como oficial (subteniente) y estuvo en funciones hasta que fue cesado en 2021, cuando solo tenía 30 años, a raíz de una sentencia por un robo con muerte. Él afirma ser inocente y que todo se debió a presiones políticas de ese entonces. Actualmente, se encuentra internado en la denominada Cárcel 4, en Quito. Su última detención fue en julio de 2024, en Ibarra, dentro de un proceso penal por el delito de delincuencia organizada.
Según alias Jonathan, en diciembre de 2019 se dio una novedad con una fuente humana que tenía en Cuenca. Aparentemente, el contacto de Jonathan y otros cercanos a ella acabó con la vida de un comerciante de El Arenal, en Cuenca, por robarle $ 1.000. A ese caso habría sido vinculado el entonces agente, siendo sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión en el grado de coautor. Él aseguró que la Policía le dio la espalda y José Serrano se abstuvo de pronunciarse, por lo que lo ingresaron a la Cárcel 4.
Al ser remitido a esa prisión, alias Jonathan habría conocido a Daniel Salcedo, quien lo habría ayudado, le entregó protección dentro de la cárcel y aprovechó sus habilidades como agente de investigaciones e inteligencia de la Policía.
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Su versión en el caso Magnicidio FV, los varios intentos por acabar con su vida en la cárcel y las amenazas recibidas generaron que Ronal Patricio H. R. sea ingresado en el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos manejado por la Fiscalía.
#ACTUALIZACIÓN | #CasoMagnicidioFV: se reinstala la audiencia de sustitución de las medidas dictadas a José S. y Xavier J., procesados por presunto #Asesinato. #FiscalíaEc presentó nuevos elementos de convicción para sustentar su pedido.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 23, 2025
Detalles ⬇️ pic.twitter.com/wn3xUer6Vp
En 2016 habría ingresado a la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD). Sus funciones en la unidad habrían sido de agente investigador de campo formado, capacitado para ejecutar labores investigativas y de inteligencia, como manejo de fuentes humanas, vigilancias, seguimientos, manejo de equipos electrónicos, ubicación de personas, rastreo de dispositivos GPS, etc. Como agente habría intervenido en varios operativos denominados Eslabón.
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Por su “gran desempeño profesional” habría sido tomado en cuenta directamente por el entonces ministro del Interior, José Serrano Salgado, para ejecutar misiones clandestinas de inteligencia. Supuestamente estas misiones se basaron en vigilar y seguir a opositores políticos, como Lourdes Tibán, Fernando Balda, Ramiro González, entre otros.
Otra actividad en la que intervino alias Jonathan por disposición de José Serrano habría sido implantar evidencias en allanamientos. Entre estas había armas de fuego, documentos físicos, en ocasiones dispositivos electrónicos como flash memory y celulares con el fin de incriminar.
En julio de 2016, el entonces agente de investigaciones habría realizado la entrega de 116 cédulas de ciudadanía ecuatoriana para varias disidentes del grupo subversivo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos documentos de identidad fueron entregados en un pequeño malecón de la parroquia Puerto El Carmen, en Sucumbíos. Asimismo, él realizó la compra de armamento a las FARC, el cual luego habría sido entregado a la organización delictiva Los Choneros.
Como ministro, José Serrano entregó a Ronal Patricio H. R. la Condecoración al Mérito Profesional. Por gestión de Daniel Salcedo, coprocesado en Magnicidio FV, alias Jonathan llegó a ocupar el cargo público de director de Aduana de Loja, Catamayo y Huaquillas, que habría ostentado desde agosto a diciembre de 2023.
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El 1 de enero pasado, alias Jonathan fue trasladado al Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Turi, en Cuenca. Catorce días después, seis privados de libertad ingresaron a su celda para intentar ahorcarlo. Él se habría sostenido de unos tubos, la cuerda se habría roto y militares ingresaron en su ayuda. Inmediatamente, habría sido cambiado a un pabellón, donde le habrían dado comida con vidrio molido.
“De mi vida la responsabilicé a una funcionaria de nombres N. L., que actualmente trabaja en la cárcel de Turi. Esta abogada un día llegó hasta el pabellón de máxima A y me manifestó que por mi cabeza había $ 20.000, que es mejor que me quite la vida antes de que les pase algo a mis familiares o que me mantenga callado. Me mencionó también que el abogado Juan Carlos Salazar (abogado de Xavier Jordán) quería hablar conmigo, porque querían entregarme disque un dinero para que permanezca callado”, contó alias Jonathan.
Mediante una acción constitucional de habeas corpus, el exagente fue trasladado a la cárcel de Latacunga en mayo pasado. El 3 de julio siguiente, en el patio central del pabellón D1C de la etapa Libertadores, cuatro internos habrían atentaron contra su vida nuevamente. Con una punta habrían querido apuñalarlo, pero militares los neutralizaron. Del hecho habría una denuncia en la Fiscalía en Latacunga.
“Temo por mi vida, temo por la vida de mis padres, hijos, esposa. El día 23 de agosto, algunos presos se acercaron a mi celda, me amenazaron de muerte, me dijeron que me mantenga callado, que a mis padres les iba a llegar un dinero de parte de ‘la P’. Es así que el 9 de septiembre de 2025 cuatro sujetos, manifestando que son del GDO Los Lobos, ingresan a un pequeño local de mis padres (...), donde les dejaron un panfleto (...), el cual dice: “Los Lobos. Cuchos, una advertencia para su hijo, el chapa, que está en la etapa Libertadores, Latacunga, que nada le va a pasar. Ahí los verdes ya se fueron, que no hable hueva..., que esté callado, que no le copie la locura a ese loquito de la S, que el amigo P ya le hace llegar eso. No queremos meternos con ustedes, es cuestión de su hijo. Lobos activos”, aclaró Jonathan al final de su versión.
Marcelo Nicolás L. S., cercano al narcotraficante Leandro Norero cuando estuvo en el CPL de Cotopaxi
El ecuatoriano de 27 años en el caso Metástasis aseguró conocer y haber estado cerca del narcotraficante Leandro Norero, alias Patrón, líder de la “empresa criminal” investigada en la causa por delincuencia organizada. En el caso Magnicidio FV afirma que empezó a tener conocimiento del asesinato del expresidenciable a través Norero, pues él “era su mano derecha en el sistema penitenciario” en Cotopaxi.
Marcelo Nicolás L. S. afirmó tener conocimiento de primera mano, porque estuvo a cargo de un pabellón en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, fue parte de reuniones en las que se convocó a “cabezas” del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos en el pabellón 9, en Guayaquil, y también presenció conversaciones mediante plataformas virtuales como Threema.
A través de una versión por vía telemática desde Bolivia, el testigo protegido de la Fiscalía en su versión se refirió al grupo que pretendía asesinar a Fernando Villavicencio y de la cifra que se recogía para concretar el crimen. Además, indicó que el exministro José Serrano era el nexo para recibir información desde la Policía sobre los movimientos de la víctima, para luego ser compartida con la organización delictiva Los Lobos, que Xavier Jordán fue quien inicialmente propuso la idea del crimen y que Ronny Aleaga fue parte de la planificación y las conversaciones para que se concrete el asesinato.
Dos casos por tráfico de drogas, uno por tráfico de armas y municiones y otro por el ingreso de artículos prohibidos a la cárcel, todos con sentencia, son los procesos penales por los que se ha mantenido recluido en varios centros de privación de libertad (CPL) del país Marcelo Nicolás L. S., un comerciante de 27 años domiciliado en el cantón Rumiñahui.
Según el sistema electrónico de causas penales Satje, el primer proceso penal contra Marcelo L. S. data de abril de 2018, cuando fue detenido por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal b, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El entonces joven de 20 años se acogió a un procedimiento abreviado ante jueces de Cotopaxi, lo que le dejó una sentencia reducida de dos años de cárcel y una multa de tres salarios básicos unificados (SBU).
Al considerar la condición económica del condenado, el tribunal definió que se le condone el 90 % de la multa. Además, al ser su primera condena, los jueces le dieron paso a la suspensión condicional de la pena en mayo de 2018, no sin antes prohibirle que salga del país, ordenarle presentarse periódicamente, que siga trabajando, se abstenga de frecuentar centros nocturnos y reciba tratamiento psicoterapéutico.
Esa suspensión condicional de la pena fue revocada en junio de 2019 debido a que el sentenciado incumplió las presentaciones periódicas.
Marcelo Nicolás L. S. había dejado de cumplir su presentación periódica en abril de 2018, pues estaba detenido cumpliendo una orden de prisión preventiva en una instrucción fiscal de 30 días por tráfico de drogas en la jurisdicción del cantón Rumiñahui. La diferencia con el primer proceso penal por drogas radicaba en que la causa de abril de 2018 era por el literal b del artículo 220, es decir, tráfico a mediana escala, y para diciembre de ese mismo año se lo acusaba por el literal c del artículo 220, que señala tráfico de drogas a alta escala, específicamente cocaína y marihuana.
Las penas para este delito iban de cinco a siete años de prisión, pero el hoy testigo protegido volvió a acogerse al procedimiento abreviado, es decir, reconoció el hecho acusado y obtuvo una sentencia de 32 meses de cárcel.
De la detención del 21 de diciembre de 2018 se desprendió también un proceso penal por tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, definido en el artículo 362, primer inciso, del COIP. Durante un procedimiento de la Dinased, unidad policial especializada en la desaparición y secuestro de personas, para atender una presunta desaparición fue localizado en una vivienda del cantón Rumiñahui Marcelo L. S. junto con la persona que era buscada.
Aparentemente era un problema de violencia intrafamiliar y, al pretender dejar la casa, la mujer solicitó a los agentes policiales retirar del lugar sus pertenencias. Dentro de esa acción fue sorpresa para los uniformados encontrar droga y además cuatro armas largas, un revólver, 58 cartuchos de calibre .16 y seis cartuchos de calibre .32.
Por este delito recibió en 2021 una sentencia de cinco años de cárcel y una multa de doce SBU. El detenido ya se encontraba en el CPL de Cotopaxi y fue hasta mayo de 2022 que tuvo contacto con Leandro Norero, de quien dijo en su versión que era amigo de su padre y lo admiraba.
Quien era conocido con el alias de Patrón ingresó a la cárcel de Cotopaxi en mayo de 2022 tras ser detenido junto con varios de sus familiares en un caso que inicialmente era por lavado de activos, pero que luego derivó en procesos de investigación por tráfico de drogas, de armas, entre otros. En ese CPL se mantuvo Norero hasta el 3 de octubre de ese mismo año, fecha en la que fue asesinado por otros internos de ese reclusorio. (I)
