Caso Magnicidio FV: por tercera ocasión se difiere la audiencia de vinculación de tres cabecillas de Los Lobos; Fiscalía recusa a la jueza Daniela Ayala

Confirmada la no aceptación de la excusa presentada dentro del caso Magnicidio FV por Daniela Ayala, la jueza penal de Pichincha asume nuevamente la causa y define diferir la audiencia en la que se iba a vincular al proceso que investiga a los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio a Wilmer Chavarría, alias Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Carlos Arboleda, alias Gordo Luis, cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos.

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Esta diligencia debió darse inicialmente el 12 de diciembre pasado, pero debido a que alias Gordo Luis no aceptó ser representado por un defensor público, sino que quería un defensor particular, la diligencia fue diferida por la jueza Luz María Ortiz para el 24 de diciembre siguiente. Días antes de la instalación, el entonces juez a cargo del caso Magnicidio FV, Geovanny Freire, decidió diferirla para este miércoles, 28 de enero, a las 15:00.

Horas antes de la diligencia, la mañana de este miércoles, 28 de enero, la jueza Ayala emitió una providencia en la que deja la audiencia de vinculación para el 10 de febrero próximo a las 08:00. En esta ocasión, la jueza estimó necesario diferir la audiencia para garantizar que el defensor público de Esteban Aguilar acceda a los elementos que considere necesarios para la defensa técnica, más aún cuando debe tener información para justificar una eventual oposición al posible pedido de prisión preventiva que pueda plantear la Fiscalía.

A lo que se refiere Ayala es a que el defensor público Juan Ernesto Llamuca ingresó un escrito solicitando que se oficie a la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Latacunga y al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) para obtener información relativa al beneficio penitenciario (prelibertad) de Esteban Aguilar.

“Considerando la etapa del proceso en (la) que nos encontramos, esto es, una etapa en la que Esteban Aguilar Morales no ha sido vinculado aún a esta causa y, por tanto, no consta como procesado, esta juzgadora no puede atender su solicitud de oficios; debiendo canalizar su pedido a través de Fiscalía. Sin perjuicio de ello (...), considerando que se ha tenido conocimiento del pedido un día antes de la audiencia previamente convocada y teniendo en cuenta que en la audiencia de vinculación se conoce igualmente la solicitud de medidas cautelares por parte de Fiscalía, lo que implica que se debe garantizar que el defensor público pueda acceder a los elementos que considere necesarios para justificar una eventual oposición al posible pedido de prisión preventiva que pueda plantear Fiscalía, esta juzgadora estima necesario diferir la audiencia convocada”, señaló Ayala en su providencia.

La jueza Ortiz no dio paso a la excusa presentada por Ayala, quien ubicó como enemiga manifiesta a Amanda Villavicencio, hija del político de 59 años asesinado el 9 de agosto de 2023 y acusadora particular en la causa. Según Ortiz, la jueza Daniela Ayala no probó la causal de excusa y el auto resolutivo de excusa es contradictorio, creando, dijo, duda en la juzgadora.

“En un inicio declara no son mis enemigas, para posterior indicar se transforme en mi enemiga manifiesta. En este sentido, esta autoridad no tiene la certeza, ni la fundamentación jurídica suficiente, ni la justificación de enemistad manifiesta”, explicó Ortiz.

Ayala estuvo separada del caso Magnicidio por una suspensión temporal del cargo de 90 días y luego por una sanción de suspensión del cargo de 30 días más sin sueldo por acciones administrativas relacionadas con esta causa.

Los primeros tres meses de suspensión la reemplazó Ortiz. Luego, Ayala fue reemplazada por los jueces Geovanni Freire y Ana Guerrón. Ese encargo terminó el 14 de enero pasado, cuando la jueza Ayala retornó a su despacho y tomó conocimiento de las causas que estaban en él, entre ellas Magnicidio FV.

El 14 de enero pasado, Ayala dispuso a la Fiscalía que “justifique las razones por las que, a pesar de solicitar la vinculación de personas presuntamente relacionadas en calidad de líderes de grupos de delincuencia organizada, no ha solicitado la inhibición de los jueces ordinarios” y horas después decidió excusarse, separándose de la causa al ubicar a Amanda Villavicencio, hija del político asesinado y acusadora particular en Magnicidio, como “enemiga manifiesta”.

Tomando en cuenta todos estos antecedentes y que la suspensión temporal de tres meses y la posterior sanción de suspensión por treinta días se dio a partir de la denuncia hecha por el entonces fiscal general subrogante, Wilson Toainga, la mañana del martes último, la Fiscalía presentó una demanda de recusación contra la jueza Ayala. Esa situación deberá resolverse en estos días que quedan hasta la nueva fecha para la vinculación, es decir, el 10 de febrero.

Desde el 3 de septiembre pasado, José Serrano, exministro de Rafael Correa; el llamado a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán; el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga; y Daniel Salcedo, condenado a más de 34 años de prisión por actos de corrupción en sectores de la salud y la justicia, son señalados por la Fiscalía como los presuntos autores intelectuales del crimen del presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye.

Sobre los cuatro procesados pesan órdenes de prisión preventiva, pero solo Serrano, Jordán y Aleaga han apelado la medida cautelar impuesta. Luego de una serie de excusas y recusaciones que impidieron la integración del tribunal que conocerá estas apelaciones, la sala conformada por los jueces Patricio Vaca (ponente), Wilson Lema y Miguel Jiménez convocaron también para el próximo 10 de febrero, pero a las 15:30, para analizar y resolver las acciones planteadas.

La fiscal Ana Hidalgo, quien está a cargo del caso Magnicidio FV, desde diciembre pasado busca vincular a la causa como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio a Chavarría, Aguilar y Arboleda. En la primera audiencia diferida, Arboleda, quien se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, vía Zoom rechazó que se le pretenda colocar un defensor público, como lo tenían en ese momento Chavarría, quien está detenido en España, y Aguilar, de quien se desconoce su paradero. A viva voz, alias Gordo Luis le dijo a Ortiz que él quería tener como defensa un profesional de su confianza.

La jueza Ortiz aceptó el pedido y difirió la diligencia, advirtiendo a todos que, si no se presentaba en la próxima convocatoria un abogado particular para cualquiera de los tres futuros investigados en Magnicidio, en la sala debería estar un defensor público preparado para asumir la defensa de cualquiera de los tres sospechosos.

La Fiscalía indicó que la vinculación de los tres cabecillas de Los Lobos llega una vez han aparecido elementos nuevos dentro de la etapa de instrucción fiscal que hacen presumir la participación de Chavarría, Aguilar y Arboleda en la planificación y concreción del crimen. Estos elementos nuevos fueron obtenidos, señaló la Fiscalía, a través de testimonios y versiones recabadas dentro de la etapa de instrucción. (I)