Horas antes de que la jueza Daniela Ayala presente su excusa para continuar con el conocimiento del caso Magnicidio FV, en el que se procesa a los autores intelectuales del asesianto del candidato presidencial Fernando Villavicencio, la magistrada dispuso a la Fiscalía que “justifique las razones por las que a pesar de solicitar la vinculación de personas presuntamente relacionadas en calidad de líderes de grupos de delincuencia organizada no ha solicitado la inhibición de los jueces ordinarios”.

A lo que se refiere Ayala, quien decidió separarse de la causa la tarde del miércoles 14 de enero, al ubicar a Amanda Villavicencio, hija del político asesinado y acusadora particular en Magnicidio, como “enemiga manifiesta”, es a la vinculación de Wilmer Chavarría, alias Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Carlos Arboleda, alias Gordo Luis, cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos, al proceso penal que investiga a los autores intelectuales del crimen al estilo sicariato ocurrido el 9 de agosto de 2023.

Esta diligencia debió darse el 24 de diciembre pasado, pero días antes de la instalación, el juez penal de Pichincha Geovanny Freire decidió diferirla para más de un mes después, para el 28 de enero próximo.

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Freire reemplazó a la jueza Luz María Ortiz, quien quedó a cargo del despacho de Daniela Ayala luego de que la jueza fuera suspendida temporalmente por tres meses. Ortiz estuvo hasta inicios de diciembre pasado, cuando se cumplía la suspensión temporal de Ayala, pero debido a que ella volvió a ser suspendida por 30 días más por el pleno del Consejo de la Judicatura, esta vez como sanción, Freire se hizo cargo por pocos días de la causa, hasta que fue reemplazado por la jueza Ana Guerrón.

Al asumir la causa nuevamente la jueza Daniela Ayala, en su primera providencia, notificada el 14 de enero pasado, señala que en razón de que los medios de comunicación han difundido que las personas respecto de quien la Fiscalía ha solicitado vinculación (Chavarría, Arboleda y Aguilar) tienen relación con un GDO en calidad de líderes del mismo, hecho que, dice, sería un nuevo elemento que no fue conocido en la audiencia de formulación de cargos por ella tramitada y tampoco se encontraba en conocimiento de la Corte Provincial al momento de revocar su providencia de inhibición.

“Toda vez que resulta fundamental para la determinación de la competencia, dispongo a la fiscal justifique las razones por las que a pesar de solicitar la vinculación de personas presuntamente relacionadas en calidad de líderes de grupos de delincuencia organizada no ha solicitado la inhibición de los jueces ordinarios, a fin de que tales razones puedan ser valoradas en la presente causa o, en su defecto, de cumplirse los requisitos para que la causa pase a conocimiento de jueces especializados, realice la solicitud que en derecho corresponda”, refirió Ayala en su providencia.

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Quito, miércoles 19 de noviembre del 2025 Amanda y Tamia Villavicencio, en rueda de prensa en la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatoriana, para explicar sobre los avances del caso Magnicidio de su padre Fernando Villavicencio. Abogado Patricio Rosero Fotos: API / Rolando Enríquez

Lo que buscaría la jueza Ayala es que si van a ser vinculadas personas relacionadas con grupos de delincuencia organizada, quienes deben estar a cargo son jueces especializados de la Unidad Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, mas no jueces ordinarios de la Corte de Pichincha.

Ya en su momento un tribunal de apelación de Pichincha se inhibió de conocer una apelación planteada en el caso Magnicidio y remitió la causa a la Unidad Anticorrupción. Ahí no hubo una respuesta de los jueces especializados y el proceso volvió a manos de jueces provinciales, quienes han resuelto varias situaciones y tienen pendiente definir una audiencia en la que se evacuaron las apelaciones contra la orden de prisión preventiva que mantienen los procesados José Serrano, exministro de Rafael Correa; Xavier Jordán, llamado a juicio en el caso Metástasis; y Ronny Aleaga, exasambleísta del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC).

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Desde el 3 de septiembre pasado, Serrano, Aleaga, Jordán y Daniel Salcedo, sentenciado a más de 34 años de cárcel por actos de corrupción en el sistema público de salud y judicial, son acusados de ser los presuntos autores intelectuales del crimen del político de 59 años. A inicios de diciembre se cerraron los primeros 90 días dados para la etapa de instrucción fiscal, pero una vez que se ha pedido la vinculación, se espera que se concrete la diligencia para que formalmente se extienda la etapa por 30 días más, pero ya siendo seis los procesados por el delito de asesinato. (I)