Como autores directos del delito de presunta asociación ilícita, la Fiscalía General del Estado formula cargos a Andrés Arauz, Esther Cuesta, dirigentes del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), y Raúl González Carrión, quien fue designado superintendente de Bancos en el 2022.
La mañana de este 4 de junio de 2025, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la jueza Daniella Camacho preside la audiencia de formulación de cargos en la que el fiscal general, Wilson Toainga, pide que se vincule al caso Liga2 a Andrés Arauz, secretario ejecutivo del movimiento correísta Revolución Ciudadana, y Esther Cuesta, exasambleísta de la organización política; además, a Raúl González Carrión, quien fue designado superintendente de Bancos en el 2022, aunque se anuló por una decisión judicial.
En este caso, al que se bautizó como Liga2, son procesados también los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco; y Nicole Bonifaz, quien está en funciones, al presumirse que incurrieron en el delito de asociación ilícita.
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El fiscal Toainga los acusa de ser autores directos del delito mencionado y que sean vinculados a este caso, porque en la investigación se observó que convirtieron a la sede del Consejo de Participación Ciudadana en un “partido político” para captar espacios de poder a través de la atribución de la designación de autoridades.
La audiencia continúa con la exposición del fiscal de los elementos de convicción que demostrarían que incurrieron en esta infracción.
¿Cómo surgió el caso Liga2?
El 22 de enero de 2025, los exconsejeros de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Augusto Verduga Sánchez, Yadira Saltos Rivas y Eduardo Franco Loor, al que se sumó la vocal en funciones Nicole Bonifaz López, conformaron una mayoría en el pleno de siete vocales, con la que resolvieron “ratificar” la designación de Raúl González Carrión como titular de la Superintendencia de Bancos, pese a que su elección se anuló en el 2022 mediante acciones de protección.
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Raúl González planteó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC) en la que se reconoció la vulneración de sus derechos, pero se subrayó en la sentencia que su decisión no afectaba la elección de un nuevo superintendente que se haya hecho antes de este fallo.
Esto, en referencia a que el 4 de diciembre de 2024, el CPCCS designó a Roberto Romero von Buchwald en esa función de una terna que envió el presidente de la República, Daniel Noboa Azín.
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No obstante, los consejeros decidieron “ratificar” a Raúl González como el superintendente de Bancos hasta el 2027 y a Roberto Romero lo programaron para que asuma en el 2027 y los siguientes cinco años.
En ese momento, la Asamblea Nacional la presidía la exlegisladora del movimiento correísta de la Revolución Ciudadana (RC) —que lo lidera el expresidente Rafael Correa— Esther Cuesta, quien no convocaba a la posesión de Romero en su cargo.
Luego elevó una consulta al CPCCS para que le aclare a quién debía posesionar, si a Raúl González o a Roberto Romero.
Romero denunció el hecho y la Fiscalía hizo un allanamiento en las oficinas del Consejo de Participación, en Quito, el 24 de enero de 2025, y se incautaron dos teléfonos celulares del exconsejero Augusto Verduga, del que se extrajeron conversaciones, entre otros actores políticos, con Andrés Arauz.
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Según el fiscal Toainga, de las pericias elaboradas a lo extraído de los celulares, habría conversaciones entre Verduga y Arauz en las que se planificaban acciones para posesionar a González Carrión y poder tener control sobre la Superintendencia de Bancos, que es una entidad que controla el sistema financiero y evita, por ejemplo, el lavado de activos.
La información extraída de los dispositivos móviles revelaría la planificación y estrategias ilícitas para controlar la institucionalidad, mediante la designación de autoridades por concursos públicos que hace el Consejo, sustentó la Fiscalía.
Para la institución, que es el titular de la acción penal en representación del Estado, los sospechosos de este delito habrían usado su cargo para “proyectar un control del Estado a través de otros presuntos delitos, como tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación de funciones públicas”.
Así también, se los responsabiliza de haber planificado estrategias para obstruir las decisiones en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que tramitaba una denuncia por infracción electoral en contra de Verduga, Saltos, Franco y la exvocal suplente Vielka Párraga.
En ese entonces, Augusto Verduga interpuso una denuncia penal en contra de la conjueza Ana Abril, a la que también recusó, para evitar que se principalice y pueda sumarse al pleno del Tribunal para resolver la causa.
El TCE no dio paso a la recusación y solo el juez Richard González votó a favor de sacarla del pleno, tomando en cuenta que este juez es miembro del colectivo Acción Jurídica Popular del que a su vez es parte la activista política Patricia Schetinni, candidata a asambleísta por la RC, pero que no se posesionó porque tiene suspendidos sus derechos de participación por ejercer violencia política de género en contra de la exfiscal general Diana Salazar Méndez.
Finalmente, el TCE confirmó en segunda instancia que los exconsejeros incurrieron en una infracción electoral porque fueron auspiciados por la RC en la campaña electoral del 2023, cuando se eligió a las autoridades del CPCCS pese a que está prohibido por la Constitución y la Ley del Consejo. (I)
