Declarar la validez procesal de todo lo actuado por la Fiscalía dentro de la instrucción fiscal del caso Liga2 fue la decisión que dio a conocer la mañana de este miércoles, 18 de marzo, la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho. En una lectura de resolución de cerca de una hora, la magistrada rechazó y desechó uno a uno los vicios de nulidad expuestos por cinco de los siete acusados del delito de asociación ilícita.
La diligencia se instaló la mañana del pasado lunes, 16 de marzo, para escuchar los vicios de nulidad por cuestiones de competencia, procedibilidad, prejudicialidad y procedimiento que alegaron las defensas de la mayor parte de los procesados. Esa instalación llegó luego de que la magistrada penal negó dos pedidos de excusa planteados en su contra. Para Camacho, no existe causal alguna para alejarse del conocimiento de la causa y defendió su independencia y objetividad.
En julio de 2025 cerraron los cuatro meses de instrucción fiscal dispuestos en la causa en la que se investiga a los exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y parte de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; la aún integrante del Consejo de Participación Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz; Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022; y la exasambleísta de la RC Esther Cuesta.
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Todos son acusados de haber intervenido en la planificación de una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la RC mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras instituciones.
“En la presente causa no existen requisitos de procedibilidad o prejudicialidad que impidan el ejercicio de la acción. La suscrita es competente para conocer esta causa y no hay cuestiones de procedibilidad, procedimiento o vulneración de derechos que puedan afectar la validez de la causa. Se han respetado las reglas del debido proceso previstas en el artículo setenta y seis de la Constitución y se han respetado las reglas de trámite que prevé el Código Orgánico Integral Penal. En consecuencia, se declara la validez procesal”, indicó en su resolución Camacho.
La etapa de evaluación y preparatoria a juicio se logró instalar a la quinta convocatoria y ocho meses después de haberse cerrado los 120 días de instrucción fiscal.
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Una vez se rechazaron las nulidades planteadas por varios procesados, que coincidieron en temas de competencia y procedibilidad, y se desecharon otros vicios de procedibilidad expuestos de forma individual, la jueza Camacho dio paso a que el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, fundamente el dictamen acusatorio contra Verduga, Franco Loor, Saltos, Bonifaz, Arauz, González y Cuesta, hable de la teoría del caso con la que pedirá que sean llamados a juicio y anuncie la prueba testimonial, pericial y documental que usaría si la decisión de la magistrada nacional es emitir un auto de llamamiento a juicio contra los sospechosos.
Luego será el turno de la defensa del Consejo de Participación Ciudadana, instancia que actúa como acusación particular, e inmediatamente iniciarán sus intervenciones las defensas de los acusados. Cinco de los procesados cumplen la medida cautelar de presentación periódica; mientras que a Verduga y Cuesta se les impuso orden de prisión preventiva, luego de incumplir la medida inicialmente definida. El primero se encuentra en México bajo el estatus de refugiado, mientras que Esther Cuesta viviría en Italia. (I)
