Caso Las Torres: la etapa de juicio por delincuencia organizada contra el excontralor Pablo Celi y otros diez procesados lleva abierta casi seis meses

Son casi seis meses los que lleva abierta la etapa de juzgamiento por el delito de delincuencia organizada en el caso denominado Las Torres, y en ese lapso tan solo se han dado 28 días de audiencia . La última jornada se suspendió en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el jueves 15 de septiembre pasado, luego de ocho horas de audiencia.Entre febrero y marzo pasados, este proceso penal avanzaba a una velocidad que preocupaba a los abogados de los trece llamados a juicio por supuestamente ser parte de un “grupo organizado y estructurado” . Se hablaba de que lo político trataba de apresurar un juicio contra quienes habrían operado a través de la Contraloría General del Estado (CGE), de la secretaría de la Presidencia y de la empresa pública Petroecuador, entre 2017 y 2020, para a través del mecanismo del desvanecimiento de glosas obtener el 20 % de una factura de $ 20′345.609 que se debía pagar a la empresa Nolimit C. A.Hoy, en cambio, el ritmo es más pausado. Hay momentos en los que las jornadas de audiencia se dan por horas, llevan tres y cuatro días seguidos, mientras que en otros casos las reinstalaciones son convocadas con varias semanas de distancia. Por ejemplo, la última audiencia se suspendió el 15 de septiembre pasado y se convocó a los sujetos procesales a la reinstalación del vigésimo noveno día de diligencia para el 3 de octubre próximo. No realización de audiencias por el paro nacional ocurrido en junio pasado, situaciones de agenda de la Sala Penal de la CNJ y los jueces que llevan la causa, solicitudes de diferimiento por problemas de salud, entre otros, han sido los temas que han impedido la continua realización de los días de audiencia de juicio.El 4 de abril pasado se instaló la audiencia de juzgamiento del excontralor Pablo Celi, de su hermano Esteban, del exgerente de Petroecuador Pablo Flores, de Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Roy Calero, Martha Barrezueta, Pedro Saona , Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones.Desde ese entonces, el juez Walter Macías es el presidente del Tribunal de Juicio y lo acompañan los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa , todos de la Corte Nacional.En los dos primeros días de audiencia se dieron los alegatos de apertura de la fiscal general, Diana Salazar, de los abogados de las acusaciones particulares —Procuraduría General y Petroecuador— y de los representantes legales de once de los trece llamados a juicio. Contra Calero y Saona se ordenó que la etapa de juicio quede en suspenso hasta que sean detenidos y puestos a las órdenes de las autoridades. Ninguno de los dos podía ser juzgado en ausencia, pues el delito de delincuencia organizada lo impedía.Que es la audiencia de juicio más larga que ha tenido, dice Pablo Encalada, abogado defensor del procesado exgerente Pablo Flores, no sin antes aclarar que la mayoría de los diferimientos, por no decir todos, se han dado por causas ajenas a las defensas de los acusados.En 26 días de audiencia, la fiscal general ha presentado testimonios anticipados, peritos y testigos que fundamentan su teoría del caso. A decir de Encalada, la Fiscalía no ha mostrado nada nuevo, es decir, ha dicho lo que básicamente ya sabían: que Raúl de la Torre y Roberto Barrera se pusieron de acuerdo con José Luis de la Paz, de la empresa Nolimit, para obtener un pago de Petroecuador.“Alrededor de eso ha presentado chats, negociaciones y conversaciones en las que ellos (De la Torre y Barrera) hablan de todo el mundo: de Pablo Celi, de Pablo Flores, de César Litardo, de María José Carrión. Ellos se toman el nombre de todo el mundo. Hay un caso claro de corrupción en el cual los corruptos no están procesados. (...) Lo que se ha probado es que De la Torre y Barrera se pusieron de acuerdo; eso sí ha probado, pero ellos no están procesados. Ahora que si ellos (De la Torre y Barrera) eran delegados de Pablo Flores y de todos los nombrados en las conversaciones, eso no está probado de ninguna manera, y peor se ha comprobado que haya una delincuencia organizada ”, apuntó Encalada.En el vigésimo octavo día de audiencia, la Fiscalía concluyó con la presentación del testimonio de un perito que realizó una pericia ocular técnica en un allanamiento efectuado en la CGE. En su testimonio, el experto confirmó el reconocimiento de indicios y evidencias, como dispositivos de almacenamiento electrónico, computadores portátiles, varios CPU, documentos, carpetas con manuscritos, entre otros.También en los últimos días de audiencia dieron sus testimonios dos peritos de Criminalística que realizaron la inspección ocular de dos domicilios y de una oficina en Petroecuador ocupada por De la Torre. Además intervino una perito grafotécnico que realizó pericias a varios documentos públicos y privados y a firmas que mantenían estos.Según Encalada, si es por la lista de testigos y peritos presentada por la Fiscalía para esta etapa, a esta instancia aún le llevaría unos tres meses más de audiencia. Pese a ello, el abogado cree que pronto —quizá en una semana más de audiencia— terminará la exposición de la Fiscalía ; esto debido a que él supone que la Fiscalía no tiene nada más relevante que presentar.“En los últimos dos días de audiencia se han presentado testigos de allanamientos que van y dicen que han encontrado teléfonos, computadoras, libretas, televisores... ¿Y eso qué tiene de relevancia? Nada. Es una pérdida de tiempo”, refirió el abogado.Con la reproducción del testimonio anticipado del exfuncionario de Petroecuador y familiar del excontralor Celi, Raúl de la Torre, abrió la propuesta probatoria la fiscal general, Diana Salazar. De la Torre rindió su testimonio anticipado en agosto pasado, vía telemática, desde la delegación consular de Ecuador en Washington (Estados Unidos) .A mediados de 2019, en ese país él fue sentenciado por el delito de conspiración para lavado de activos, luego de que se declaró culpable de ser parte de una red de corrupción que operó en la empresa pública Petroecuador entre 2018 y 2019. Junto a De la Torre también fueron condenados en Estados Unidos el accionista de Nolimit José Luis de la Paz y el empresario inmobiliario Roberto Barrera .En su testimonio anticipado, Raúl de la Torre no solo habló de los supuestos porcentajes que recibieron el entonces contralor Celi o el ahora exgerente de Petroecuador Pablo Flores, dos de los once juzgados en el caso Las Torres, para liberar planillas que adeudaba la estatal de petróleos a la empresa Nolimit, sino que también nombró a otras personas que habrían exigido dineros en esa trama.La defensa del excontralor, Marcelo Ron, piensa que la teoría del caso de la Fiscalía se ha ido debilitando cada vez más en estos días de audiencia de juzgamiento. Ron ha asegurado que el excontralor no tiene nada que ver con los hechos de los que se lo acusa; ha dicho que su cliente jamás colocó a De la Torre en Petroecuador y que no existe relación legal que fundamente que para que se paguen dineros en otras instancias públicas es necesaria la declaratoria del desvanecimiento de una glosa.En el momento en que deba intervenir, Ron ha referido que probará, más allá de la obvia inocencia de su cliente, que en este caso existe una persecución política y un abuso del derecho de parte de la Fiscalía . El abogado cree que la Fiscalía está aplicando el tipo penal inadecuado para los hechos que ha descrito, y piensa que más bien ha modificado y acomodado los hechos a su conveniencia.“Vamos a demostrar que se pretende acusar a Pablo Celi por su calidad de contralor, y ahí vamos a justificar cómo está politizando el tema la Fiscalía y cómo existe el abuso del derecho con referencia a esto, ya que no se le está pretendiendo juzgar por su participación en los supuestos hechos”, anotó Ron, quien sostiene que al excontralor se lo está acusando por acciones de terceras personas .Una vez que concluya la Fiscalía con su prueba pericial y testimonial, deberá exponer la prueba documental que posee para sustentar lo dicho hasta el momento como parte de su acusación. Inmediatamente será el turno de la Procuraduría. Luego vendrán los abogados de Petroecuador. Y, recién entonces, será el turno de las once defensas de los procesados . Por la cantidad de información revelada en la diligencia, Macías, Espinosa y Rojas, luego de los alegatos de cierre de los sujetos procesales, lo más seguro es que suspendan la audiencia e ingresen en una etapa de deliberación , antes de dar a conocer la decisión a la que arriben, ya sea de forma unánime o por voto de mayoría.La acusación en este caso señala que en el liderazgo de este “grupo delictivo” estaban el excontralor Celi y el exgerente Flores, mientras que el resto eran colaboradores. Los líderes de la organización son acusados por el delito de delincuencia organizada, previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal, que fija una pena de siete a diez años de cárcel; mientras que los colaboradores son acusados con base en el mismo 369, pero con el inciso segundo, que habla de penas de cinco a siete años de prisión . (I)

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