Cinco días, no continuos, lleva la fiscal general, Diana Salazar, presentando en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) las pruebas testimoniales para fundamentar su acusación contra once personas procesadas dentro del caso Las Torres, quienes son señaladas de ser parte de una organización criminal creada para desvanecer glosas y permitir el pago de dineros a empresas privadas que contratan con el Estado a cambio de la entrega de recursos.