Luisa González y la RC están bajo dos investigaciones: el Tribunal Contencioso Electoral sustancia una denuncia por una infracción electoral

En tanto la Fiscalía General abrió una indagación previa en contra de la militante y excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana (RC) Luisa González, por la sospecha del delito de lavado de activos, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) avanza el tratamiento de una denuncia porque aparentemente no se presentaron las cuentas de campaña de las elecciones presidenciales de 2023.

En ambas instituciones —la Fiscalía y el TCE— se investigan las cuentas de la campaña electoral de las elecciones presidenciales anticipadas de 2023, producto de la muerte cruzada.

El caso está en el despacho de la jueza y presidenta del Tribunal, Ivonne Coloma, quien emitió recientemente un auto en el que llama la atención a Luisa González, también expresidenta de la RC, porque estaría evadiendo recibir las notificaciones judiciales.

“Este despacho observa con especial preocupación lo consignado en razón de la citación en persona, en cuanto se refiere a conductas orientadas a obstaculizar la diligencia practicada por la servidora de este Tribunal. Tales actuaciones o cualquier otra, dirigida a impedir o entorpecer la labor jurisdiccional, resultan incompatibles con el deber de la colaboración con la administración de justicia y con el principio de buena fe y lealtad procesal que rige los procesos contenciosos. Esta jueza deja constancia de su rechazo a todo acto que interfiera con la práctica de citaciones y notificaciones y se reserva el ejercicio de las acciones que correspondan, en sede jurisdiccional, o ante las autoridades competentes para garantizar la regularidad del procedimiento y la debida actuación”, señala el auto emitido el 26 de enero pasado.

En este caso, González y otros veintinueve militantes y excandidatos a asambleístas de la RC, principales y suplentes, fueron denunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por incurrir en la infracción electoral tipificada en el artículo 281 numeral 1 del Código de la Democracia.

Esta infracción se sanciona con la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años, una multa de entre 20 y 70 salarios básicos y la posible cancelación de la organización política a quienes no presenten los informes con las cuentas de la campaña electoral, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos.

La advertencia de la jueza Coloma se da en un contexto en el que una funcionaria del Tribunal informó que, cuando iba a notificar de las providencias y autos a González, no la recibían e incluso la habrían maltratado.

“La señora Luisa González se negó a recibirme los documentos y, por el contrario, sus partidarios me apartaron bruscamente. Dejo constancia de que la presunta infractora conoció que está citada”, dice un auto de sustanciación.

En este documento se describe que González habría planteado la nulidad del proceso porque no estaría siendo notificada con los escritos del Tribunal, por lo que se habría vulnerado su derecho a la defensa.

Sin embargo, Coloma le recuerda a González que contestó un escrito el 23 de enero pasado y “contestó la denuncia”, lo que evidencia que “tuvo conocimiento oportuno de la causa y tuvo derecho a ejercer su defensa”.

Pero el 23 de enero de 2026, la excandidata y su abogado enviaron un escrito al TCE, y pidieron la nulidad procesal en torno a la citación. El argumento es que la notificadora se habría acercado con engaños. “Señala que se acercó a mi persona bajo el pretexto de tomarse una foto y que me citó en ese momento, lo cual no es verdad, porque no recibí ninguna documentación referente a esta causa”, dijo González en el escrito.

La audiencia pública para escuchar a las partes procesales estaba prevista a instalarse el 7 de enero pasado, pero se postergó debido a estas incidencias basadas en una aparente falta de citaciones a González.

Por ahora, Coloma no ha definido una nueva fecha para instalar la diligencia en la que se escuchará a los accionados y accionantes presentar sus pruebas de cargo y descargo.

Este 28 de enero de 2026, la Fiscalía informó del allanamiento de tres inmuebles en Pichincha y Guayas en una investigación previa por la sospecha del delito de delincuencia organizada vinculada al lavado de activos, y que involucra a González y otros líderes de la organización política, como el expresidente Rafael Correa.

Al caso, la Fiscalía lo denominó Caja Chica, y se relacionaría con los aportes económicos a la campaña política de los comicios de 2023 que supuestamente llegaron de Venezuela. (I)