Casi el 80 % de la población rechazó las protestas de octubre del 2019, recuerda la firma Cedatos

Los doce días de protestas que vivió el país en octubre del 2019 generaron preocupación y molestia en el 79,6 % de los ecuatorianos, concluyó en ese entonces un sondeo realizado por la firma Cedatos, dirigida por Polibio Córdova. A propósito de las amnistías concedidas por la Asamblea Nacional a 268 personas, entre estas 60 investigadas por las manifestaciones de esa época, la firma presentó nuevamente las cifras de ese estudio de opinión pública con el fin de recordar cómo estas jornadas impactaron al país. Las protestas se originaron en una serie de medidas económicas tomadas por el expresidente Lenín Moreno, entre ellas la eliminación del subsidio a los combustibles dispuesta a través del Decreto Ejecutivo 883. Primero salieron los transportistas y luego la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).“El 79,6 % de la población se manifestó preocupada, molesta, asustada e incierta frente al paro, lo que obligó a paralizar las actividades económicas durante once días, colocando al país en una situación comparable con un ambiente de guerra, nunca observado; el 12,4 % dijo estar esperanzado, el 2,6 % dio otra respuesta y el 5,4 % dijo no saber o no respondió”, cita el estudio.De los consultados por Cedatos, el 82,4 % dijo que en el paro se infiltraron grupos no indígenas, con el objeto de desestabilizar al país, perjudicando a toda la población. El 85 % consideró que el paro afectó a su economía: en gran forma, 45 %; algo, 25 %, y poco, 18 %. La población ansiaba que se terminara la protesta: el 92 % pedía al presidente dialogar con la Conaie y dejar sin efecto el Decreto 883.La encuesta se realizó en 17 provincias del país, con entrevistas a 3.476 personas de 16 años en adelante, en ciudades y comunidades urbanas y rurales, tomada en forma continua del 3 al 31 de octubre de 2019. A más de dos años de estos hechos, Córdova señaló que “el paro de octubre 2019 violó la Constitución (art. 95 y otros) y no fue una manifestación democrática, irrespetó a la población y a los entes legalmente constituidos, fue una demostración de violencia jamás observada, que las autoridades del Estado la calificaron de insurgencia”. “El paro y las movilizaciones trazaron una línea que situó al Ecuador antes y después de octubre de 2019; dejando como experiencia para el futuro que el país y los problemas deben ser manejados con verdadera capacidad de liderazgo, no por aprendices en la conducción de la nación, por inexpertos o por interesados en fines políticos o empresariales de corto plazo”, opinó.Respecto de la economía, el encuestador indicó que el impacto del paro fue incuestionable. “Las estimaciones del sector público y varios sectores privados afirmaron que superarían los $ 2.300 millones, sin cuantificar el valor y las repercusiones de la destrucción de los inmuebles y documentación irrecuperable. El Banco Central del Ecuador y el Banco Mundial meses más tarde estimaron las pérdidas en $ 821,68 millones, cifra muy por debajo de las estimadas por el sector empresarial y de las repercusiones en las cadenas de producción de varias industrias como el turismo, la agricultura, la industria, el comercio y servicios”. En tanto, más agrupaciones sociales manifiestan su rechazo a la decisión de la amnistía legislativa y plantean una serie de medidas de presión para dejarla sin efecto. El Movimiento Cívico Militar por la Democracia, conformado por exuniformados y juristas , indicó que apoyarán las acciones constitucionales y legales que se interpongan para echar abajo la resolución, por ejemplo, la que planteó el exdiputado Andrés Páez. Y todas las iniciativas para lograr la revocatoria del mandato de los 99 legisladores que aprobaron las amnistías, como la que anunció el excandidato a alcalde de Quito Milton Castillo.“Estos 99 asambleístas se han coludido para amnistiar masivamente a un grupo de 268 perseguidos por la justicia, entre los que hay terroristas, secuestradores, incendiarios, destructores de bienes públicos y privados, e incluso quienes acosaron y atacaron sexualmente a agentes del orden”, indica el grupo en un comunicado. (I)

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