Un allanamiento policial ante una supuesta llamada anónima que denunciaba que 30 personas “venezolanas y ecuatorianas” estaban almacenando material bélico, como explosivos y armas artesanales que iban a ser utilizados en las manifestaciones de los próximos días, hizo que en el séptimo día de paro nacional los ojos se coloquen en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), en el norte de Quito.

Desde las 08:30 de este domingo, 19 de junio, la Fiscalía lideró el acto urgente solicitado por la Policía y ejecutó el allanamiento de la CCE. En la denuncia anónima se hablaba que en las bodegas y subterráneos de esta institución se estaba embodegando material explosivo que tenía como fin las protestas que se realicen en Quito, como parte de un paro nacional indefinido convocado por el sector indígena desde el 13 de junio pasado.

La denuncia y el allanamiento llegan días después de que Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), señaló, en una reunión con miembros de las organizaciones que respaldan el paro, que la ‘CCE estaba garantizada’ para los días de protesta. Iza al momento tiene abierto un proceso penal en Latacunga por el delito de paralización de un servicio público, hechos que se desprenderían de estos días de movilización.

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El dirigente de la Feine, Samuel Lema, en una rueda de prensa realizada el viernes último junto a otras organizaciones indígenas que apoyan el paro, aseguró que si dentro de 48 horas no hay respuesta de parte del Gobierno a sus demandas, ellos ya estaban preparando la logística para su ingreso a Quito. En ese acto agradeció a la Universidad Central, a la CCE, a la Universidad Simón Bolívar y agregó que en el tema logístico las bases están trabajando, mantienen un equipo jurídico que dará protección en esa área y médicos que están listos.

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“La Casa de la Cultura físicamente está, productos iniciales sí hay, lo que toca ahora es profundizar más la campaña de solidaridad para que puedan los diferentes colectivos trasladar”, anotó el presidente de la Conaie.

El presidente nacional de la CCE, Fernando Cerón, dijo no entender el allanamiento y peor aún la denuncia anónima. Aseguró que la institución ha desplegado los mecanismos de seguridad del caso, más aún en estos momentos del paro, y por ello podía garantizar que no ha sucedido el ingreso de material bélico a las instalaciones.

Según Cerón, la institución no ha recibido ningún pedido formal desde la Conaie para usar como espacio de acogida a la CCE, pero sí receptó uno de la Policía Nacional para que ingresen a ese espacio 400 policías como parte del mecanismo de control del paro.

“Nuestro interés fundamental es que este espacio sea un espacio de mediación, que permita garantizar derechos humanos, que permita generar elementos de cuidado humanitario si ese fuera el caso. (...) Es importante señalar que buscamos que esta institución se mantenga siempre como un espacio de paz”, refirió Cerón.

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Respecto a la denuncia recibida por el 1800-Delito, el general Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional, anotó que la institución tenía la obligación de comunicar ese hecho a la Fiscalía para que proceda, más aún los hechos descritos de parte del denunciante tenían que ver con la CCE, un lugar que tradicionalmente “es usado para las protestas violentas”.

El oficial respaldó el trabajo de Fiscalía y de la Policía, explicando que el objetivo del acto urgente era verificar la información.

Salinas confirmó que la Policía, con base en herramientas establecidas en el estado de excepción decretado ante las marchas para Pichincha, Imbabura y Cotopaxi por el presidente Guillermo Lasso, hará una requisición del área de la CCE para en ese lugar hospedar al personal de la unidad policial de Mantenimiento del Orden y establecer un centro de acopio para recibir vituallas y agua que la ciudadanía de Quito quiere entregar a la institución.

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Al ser consultado Cerón sobre si contestaron el pedido de la Policía, dijo: “Nosotros garantizamos que este es un espacio de paz y que tiene que estar blindado a la ciudadanía. En un primer momento hemos pedido una consulta nueva a la Policía respecto a cuáles son los elementos específicos de esta solicitud que tiene, pero nosotros no permitiremos que la CCE sea un espacio de violencia y represión por parte del Estado hacia la ciudadanía que de manera pacífica se encuentra reclamando por sus derechos”.

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La Fiscalía, mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, se refirió al allanamiento y señaló: “Con base en información levantada en un parte y un acto urgente solicitado por la Policía, sobre la presunta existencia de material explosivo en el lugar la Fiscalía ejecuta allanamiento en la Casa de la Cultura Ecuatoriana”.

En el sector de Cutuglagua, en el límite de los cantones Mejía y Quito, se encuentra el mayor foco de protesta y cierre de vía en este séptimo día de protestas. Pese a que el estado de excepción incluye la prohibición de reuniones, en el sitio un grupo reducido de manifestantes, en su mayoría indígenas, tratan de mover tierra para bloquear la avenida Maldonado, encender maderas y llantas y amenazar a la gente con que el paro continúa.

Los últimos días, hasta el lugar han llegado camionetas que traen café caliente y pan para los manifestantes. Por ejemplo, la mañana de este domingo, personas del barrio Argelia Baja, en el sur de Quito, dijeron haberse juntado voluntariamente para preparar dos baldes de café, cuatro galones de agua aromática y comprar 200 panes.

Chistian Anchaluisa, uno de quienes gritaba desayuno gratis, sostiene que es importante colaborar con los “hermanos indígenas”, pues están ellos dando la cara por los ecuatorianos. Indicó que se enteraron por las redes sociales de que necesitaban comida y otras cosas, por lo que decidieron no solo salir con alimentos las mañanas, sino también por las tardes.

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Los pocos manifestantes que están en el cierre de Cutuglagua dicen que en la tarde de este domingo se sumarán más indígenas que llegarán desde las provincias del sur del país y de barrios aledaños que congregan desde hace años a migrantes del Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar.

Un agricultor de la provincia de Bolívar, quien no quiso dar su nombre, espera que no haya represión por parte de la Policía, pues dijo que la noche del sábado último resultaron al menos tres personas heridas por los gases lacrimógenos lanzados. Él hombre de 45 años expresó que el paro no terminará hasta que el Gobierno cumpla sus diez demandas o que, a su vez, Guillermo Lasso deje el cargo y se den nuevas elecciones.

En las redes sociales son más comunes los mensajes que hablan de que se han iniciado las ollas populares en Quito e invitan a que si se desea colaborar se contacten con ciertas personas. Se advierte que se necesitan ollas grandes, arroz, lentejas, cebolla, pimiento, cilantro, avena, azúcar y sal para alimentar a quienes participan en el paro nacional.

Pasadas las 14:00 concluyó el allanamiento en las instalaciones de la sede nacional de la CCE, así como también en espacios del núcleo provincial de Pichincha de la Casa de la Cultura. La Fiscalía indicó en Twitter que entregaron las instalaciones en las mismas condiciones en que se la encontró y aclaró “que no se incautaron indicios ni se registraron detenidos”. (I)