La canciller Gabriela Sommerfeld mantuvo este lunes una reunión con representantes de la Embajada y el Consulado de Colombia en Ecuador en el marco del proceso de deportación de ciudadanos extranjeros privados de libertad, luego de que más de 400 colombianos fueran expulsados del país en las últimas horas.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, estas acciones se desarrollan “en estricto cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones internacionales en materia migratoria”, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, las autoridades colombianas han expresado reparos sobre la manera en que se ejecutó la deportación. Migración Colombia informó que entre las 15:00 del viernes 25 de julio y las 16:15 del sábado 26, un total de 410 ciudadanos colombianos fueron deportados por el puente internacional de Rumichaca, en la frontera entre ambos países.

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En un comunicado oficial, la entidad denunció que estas personas habrían sido expulsadas sin un proceso administrativo claro que permitiera determinar su situación migratoria y sin una coordinación previa con las autoridades consulares colombianas. Esto, según el organismo, impidió verificar con antelación la identidad o nacionalidad de los deportados.

Frente a esta situación, Colombia activó un protocolo especial de contingencia para garantizar una recepción humanitaria segura. Parte del procedimiento incluyó la verificación de datos en el Registro Civil y la oficialización del ingreso de estas personas en condición de deportadas.

Durante el proceso se identificó a once ciudadanos con órdenes de captura vigentes, quienes fueron entregados a las autoridades judiciales.

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Por su parte, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, afirmó que la deportación forma parte de un operativo más amplio que contempla la expulsión de alrededor de 1.000 extranjeros vinculados a delitos como robo, tráfico de sustancias ilícitas y otros delitos contra la propiedad, quienes ya habían cumplido su pena en Ecuador.

“Estos delincuentes tienen prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años. No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles”, expresó Reimberg. (I)