Para este jueves se tiene previsto que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reúna para conocer y calificar el segundo proyecto económico urgente denominado Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública.
La Unidad Técnica Legislativa (UTL) de momento realiza el análisis del proyecto de ley para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 136 de la Constitución, es decir, que la propuesta de ley se refiera a una sola materia, que tenga la suficiente exposición de motivos, si existen o no alertas sobre posible afectación a los derechos y garantías constitucionales.
No se descarta que este proyecto urgente también sea enviado a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, presidida por la asambleísta Valentina Centeno (ADN).
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Según el Ejecutivo, el proyecto urgente mejora y simplifica los procesos de compra pública, busca servidores públicos eficientes y procesos de compra que no se caigan en el camino.
La contratación pública, según el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, abarca el 6,5 % del producto interno bruto. Eso implica $ 8.000 millones al año que se mueven en contratación pública, lo cual provoca que existan altos riesgos de corrupción, los cuales tienen que ser mitigados y erradicados.
La normativa planteada al Legislativo pretende implementar eficiencia y transparencia en la compra pública, lo cual generaría un ahorro y una contratación pública limpia y con resultados óptimos.
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El proyecto reforma la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública implementando conceptos internacionalmente avalados, como la compra pública de innovación o la compra pública con el concepto de mejor valor por dinero, es decir, comprarlo de calidad.
También reduce las atribuciones del Servicio Nacional de Contratación Pública para que no exista el alto riesgo de que el Sercop detenga o impida que se desarrollen normalmente los procesos de contratación pública a pretexto de un control. En adelante, los controles serán automatizados y bajo principios y estándares objetivos para que el criterio del servidor público no pueda ser subjetivo en unos procesos y en otros de otra forma o de forma distinta, lo que provoca una manipulación para la corrupción.
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La normativa del Ejecutivo implementará mecanismos para que los proveedores puedan tener una categorización según su nivel de experiencia y, sobre todo, la integridad que tienen de por medio. Los proveedores que colaboren para el combate a la corrupción serán catalogados como proveedores con mayor integridad dentro del registro correspondiente.
El proyecto de ley de innovación y fortalecimiento de la gestión pública simplifica a cinco los procedimientos de contratación pública, en donde prime el concurso que sea de forma abierta, en donde prime la transparencia, fortaleciendo los sistemas tecnológicos con estándares internacionales.
El legislador Franklin Samaniego, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), comentó que, de la primera revisión realizada al segundo proyecto urgente del Ejecutivo, hay tres cosas que señalar. La primera, el uso y el abuso que está haciendo el presidente de la República, Daniel Noboa, de la potestad que tiene de enviar leyes económicas con carácter económico urgente, abusando de un estado de excepción.
La segunda, añadió Samaniego: la nueva propuesta de ley no cumple los requisitos establecidos en la Constitución ni en la ley ni en los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre inmediatez, sobre resolver temas urgentes económicos o cambiar la realidad económica del país.
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Como tercer elemento, el legislador de RC dijo que de la primera revisión se puede deducir que son reformas que inclusive en el cuerpo transitorio, en el espacio transitorio de la propuesta, establece que para la inclusión de temas informáticos y el manejo de herramientas informáticas se podrá desarrollar en 90 días.
Además, se retiran algunos elementos sustanciales que están en la Ley de Contratación Pública, como por ejemplo las definiciones, en donde se habla de lo que es un catálogo electrónico único, que es una subasta inversa, todos los elementos conceptuales y plantea que se los normará en virtud de un reglamento.
Lo rescatable de la propuesta es el uso de la tecnología, la lucha contra la corrupción y la transparencia.
Insistió en que el segundo proyecto urgente del Ejecutivo no cumple con el carácter económico urgente, por lo que son reformas que se pueden tramitar de manera ordinaria de acuerdo a lo que establece la normativa.
El legislador del Partido Social Cristiano (PSC) Otto Vera destacó que es importante el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo porque pretende fortalecer el manejo interior del sistema nacional de contratación pública, pues se plantea un avance para poder estructurar de buena manera la competencia leal entre los oferentes de los bienes y servicios de postulan al Estado.
Dijo que el PSC aportará en este proyecto de ley, como el hecho de que se puedan revisar los procesos de contratación que tienen que ver con los catálogos electrónicos, donde hay una gran fuga hacia el lado de la corrupción. (I)
