Para el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, la esencia del “linchamiento mediático”, de la “manipulación de la información” y del “show político” armado en su contra y la de su esposa radica en audiencias relacionadas con los casos Triple A, Sinohydro, Magnicidio FV y el que tiene que ver con la excomandante de la Policía Tannya Varela y la filtración de información en el caso León de Troya.
El titular del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial compareció ante el pleno de la Asamblea Nacional, en donde por más de una hora explicó supuestas denuncias de injerencia política, el conflicto de intereses en el ejercicio de su cargo y las presiones hacia un juez penal anticorrupción en un caso de narcotráfico.
“Aquí no hay conflicto de intereses del presidente de la Judicatura. Lo que hay es un interés de ciertos grupos políticos en tomarse la justicia para repartir impunidad. Quienes me han tachado de narcoabogado, sin haber jamás defendido una causa por narcotráfico, son quienes han tenido vínculos con el narcotráfico, con la corrupción, con el crimen organizado, y no con cualquiera, sino con las cabezas de estas estructuras narcodelictivas”, sostuvo Godoy.
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Ya casi al final de una exposición en la que dijo que los integrantes del CJ no determinan responsabilidades jurisdiccionales, no sugieren decisiones, no intervienen en la valoración probatoria, no investigan delitos, no califican conductas penales ni imputan responsabilidades criminales, Godoy lanzó una pregunta al pleno del Legislativo: “¿Quieren saber por qué todos estos hechos comenzaron el 22 de noviembre del 2025 y no antes?”.
Esta fecha tendría relación con el día en que Andersson Boscán hizo públicos los audios de una conversación que existió entre el entonces director del CJ en Pichincha, Henry Gaibor, y el juez anticorrupción Carlos Serrano. En la plática grabada por el magistrado se escucha a Gaibor insinuándole al juez que tome en cuenta los argumentos de la defensa del serbio Jezdimir Srdan, procesado en el caso Euro 2024, causa penal en la que se analizaba un lavado de activos relacionado con el narcotráfico.
La respuesta a la pregunta que había hecho Godoy, él mismo la respondió. “La respuesta es clara: la audiencia del señor Aquiles Alvarez, la audiencia de la general Tania Varela, el caso Sinohydro y el magnicidio del señor Fernando Villavicencio. Ciudadanía y medios de comunicación, investiguen quiénes son los procesados y a qué tiendas políticas pertenecen. Ahí radica la esencia de este linchamiento mediático y la manipulación de la información”, anotó.
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¿Se puede demandar al señor Godoy por la difamación pública que ha hecho a nivel nacional desde la Asamblea del Ecuador?
— Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) January 5, 2026
¿O seguirá siendo intocable?
Miente sin pudor.
No tengo ningún poder ni vínculos con quienes manejan la justicia, así que ni vale desgastarse en desmentirlo.…
A decir de Mario Godoy, en todos estos casos lo que se buscaría es impunidad y para ello, aclaró, “necesitan tomarse la justicia”.
En el caso relacionado con la excomandante general de la Policía, desde el 19 de diciembre pasado, por el delito de divulgación de información de circulación restringida relacionada con el caso León de Troya son procesados la general (sp) Tannya Varela, el excapitán Rodney R. y el coronel José Luis E., ambos de la Policía Nacional. Según Godoy, en esta causa existiría información relacionada con Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillemo Lasso, y el empresario asesinado Rubén Chérres.
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En cambio, en el caso Magnicidio FV se investiga al exministro José Serrano y al exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga como dos de los —hasta el momento— cuatro investigados como autores intelectuales del asesinato del expresidenciable Fernando Villavicencio, hecho ocurrido el 9 de agosto de 2023. A finales de enero de 2026 se espera que sean vinculados a esta causa tres cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis.
Otro de los casos nombrados es el conocido como Sinohydro, proceso penal en el que el 8 de diciembre último fueron llamados a juicio el expresidente y exvicepresidente del Gobierno correísta Lenín Moreno, su esposa, su hija, dos hermanos, una cuñada y otras quince personas acusadas del delito de cohecho. A todos se los acusa de haber participado en la recepción de dádivas, beneficios económicos y pagos indebidos provenientes de la empresa estatal china Sinohydro como consecuencia de la adjudicación, financiamiento, ejecución y supervisión del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, megaobra realizada durante presidencia de Rafael Correa.
Finalmente, nombró al caso Triple A, en el que es investigado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, así como también otras quince personas naturales y seis jurídicas acusadas como autoras y cómplices del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. El 24 de diciembre pasado se declaró fallida la audiencia de juzgamiento en Triple A y se definió que la próxima fecha para el inicio de la diligencia será el 31 de enero y continuará el 1 de febrero siguiente.
El presidente del CJ afirmó que documentalmente ha demostrado que no hay incumplimiento de funciones, pero cree que quienes quieren llevarlo al juicio político “deformaron a su antojo las realidades”. Resaltó que a él le gusta hablar con hechos, documentalmente y no con relatos construidos por parte de “personajes asalariados en la política”. (I)
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