El próximo 10 de junio, desde las 10:00, arrancarán las audiencias públicas para sustanciar doce impugnaciones ciudadanas planteadas en contra de seis postulantes a ser parte de la comisión ciudadana que designará a la autoridad de la Defensoría Pública.

Cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobaron este 1 de junio doce impugnaciones que se presentaron en contra de siete concursantes, por presuntos incumplimientos de requisitos y falta de probidad.

Entre los impugnados están Fausto Ramón, quien enfrenta dos impugnaciones; Alexis Torres, dos; Jorge Ruilova, cinco; María José Valverde, una; Gabriela Cadena, una; y Tania Chamorro, una.

El informe jurídico argumentó que estas objeciones de la ciudadanía cumplieron con los requisitos normativos, por lo que el CPCCS notificará a las partes para que conozcan el cronograma que especificará la hora y fecha en la que se escuchará a los impugnados e impugnantes y expongan sus pruebas de cargo y descargo.

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Impugnados siete candidatos que aspiran a ser parte de la comisión ciudadana que elegirá al defensor público

Este informe se aprobó con los votos de los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y Hernán Ulloa. Sofía Almeida, Javier Dávalos y David Rosero se abstuvieron.

A Ramón se lo impugnó porque registraría una deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI), y consta como impedido de ejercer cargo público de acuerdo con el Ministerio del Trabajo.

Torres fue impugnado porque tendría una deuda con el Consejo de Comunicación; de igual forma, el Ministerio del Trabajo le reporta inhabilidad.

A Ruilova se lo objetó porque la documentación presentada al CPCCS no se encontraría notarizada; por falta de certificaciones de sus documentos que acrediten experiencia laboral, capacitaciones, reconocimientos e iniciativas ciudadanas.

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Otra de las impugnaciones fue a su probidad, porque en el 2010 reporta una sentencia ejecutoriada por el delito de robo que había dictado el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. El postulante había declarado en su hoja que, en ese mismo periodo, fue docente en el colegio Visión Siglo XXI, lo que daría “cuenta de su falta de probidad”, según se expone en la documentación.

A Valverde (delegada de la Función Legislativa) se la objetó por un presunto “conflicto de intereses”, pues fue funcionaria de la Defensoría Pública en la administración de la exautoridad, Ernesto Pazmiño, en la que ocupó varias funciones de confianza. Se la acusa de que se habría “beneficiado de un nombramiento provisional sin haber cumplido los requisitos”. El impugnante pide su descalificación por supuesta falta de probidad e imparcialidad.

Natalia Chamarro fue objetada por reportar una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Y a Gabriela Cadena porque fue candidata a asambleísta en las elecciones generales del 2021 por el movimiento político Avanza, lo que, según la denunciante, es una prohibición establecida en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, esto es, de postular para ser comisionado quienes hayan sido parte de una organización política en los últimos cinco años.

Después de estas audiencias, el CPCCS resolverá si las impugnaciones son admitidas o desechadas. De ser el caso, los candidatos continuarán en el concurso para integrar la comisión ciudadana; de lo contrario, serán descalificados de confirmarse el incumplimiento de requisitos o falta de probidad. (I)