La audiencia de vinculación del caso denominado Triple A se pospuso para el viernes 14 de marzo de 2025 a las 07:45. Así lo decidió el juez anticorrupción Jairo García, después de que la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, presentó una excusa médica para solicitar un diferimiento.
La audiencia se realizará como parte de las investigaciones de la presunta comisión del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo que se contempla en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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Según la ley, este delito se sanciona con pena privativa de libertad que se agrava dependiendo de la escala a la que se cometa el delito. Si es a mínima escala, de dos a seis meses; si es a mediana escala, de seis meses a un año; de alta escala, de uno a tres años; de gran escala, de tres a cinco años.
Además, la norma establece que, si quien comete el delito es una persona jurídica, será clausurada durante el tiempo equivalente a los años de prisión que enfrentan las personas naturales y esa inhabilitación se aplicará también a los accionistas y socios de la persona jurídica.
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El defensor de Aquiles Alvarez presentó una excusa médica en la cual se señalaba que el legista debe guardar ocho días de reposo a partir del 5 de marzo de 2025. Por ello, no podría trabajar hasta el día 12 de este mes.
El abogado de Alvarez, Geovanny Vásquez, fue nombrado como defensor del alcalde ayer, 4 de marzo, después de la renuncia de Emilio Santacruz, quien decidió no defender a Alvarez tras haber recibido amenazas contra su inegridad.
Los abogados de los demás procesados se unieron al pedido de postergación de la audiencia ya que requerían más tiempo para analizar los 165 folios de la causa y poder preparar una defensa efectiva para sus clientes. Además, pidieron que la audiencia sea presencial
El fiscal del caso, Carlos Alarcón, y la abogada de la Empresa Pública Petroecuador no se opusiero al pedido de Vásquez y aceptaron la decisión del juez. Por otro lado, Leonardo Cofre, abogado de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, señaló que el pedido de la defensa de Alvarez era una “artimaña” y que espera que la reprogramación sea para esta misma semana. El juez aclaró que no aceptaría más pedidos de diferimiento en el futuro y que la audiencia será presencial.
El caso Triple A empezó a investigarse el pasado julio de 2024 y tiene como presuntos implicados a cinco personas naturales: Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T.; y a cinco personas jurídicas: Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum e Indudiesel.
En diciembre de 2024, los presuntos implicados iniciaron una instrucción fiscal de 90 días durante los cuales no pueden salir del país y deben presentarse dos días a la semana y las empresas no pueden enajenar bienes y acciones.
El 22 de febrero de 2025 se pidió a la Fiscalía que vincule a Alvarez y a nueve personas más después del allanamiento a estaciones de combustible ubicadas en Zamora Chinchipe, Loja y El Oro.
La investigación se lleva a cabo por la presunta existencia de diferencias entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador EP y el volumen facturado por varias estaciones de servicio, de conformidad con las competencias que otorgaría el reglamento vigente. (I)