Las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional preparan pedidos de información y de comparecencias no solo de la canciller de la República, sino de otros ministros de Estado para que informen respecto a los sustentos que llevaron al presidente Daniel Noboa a abrir un frente con Colombia.
El primer mandatario ecuatoriano, el 21 de enero de 2026, anunció la aplicación de una tasa del 30 % a las importaciones desde Colombia, esto por la “falta de reciprocidad y acciones firmes” de ese país en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
A nivel legislativo, los asambleístas oficialistas de Acción Democrática Nacional (ADN) apoyan la decisión tomada por Noboa, pero coincidieron con la oposición representada en el bloque Revolución Ciudadana (RC) y minorías de que las autoridades del Gobierno deberían explicar el alcance de la medida tomada por el Ejecutivo.
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El asambleísta de ADN Adrián Castro dijo que la medida tomada por Noboa es justa porque del otro lado de la frontera norte de Ecuador no se están haciendo los mismos esfuerzos que realizan las Fuerzas Armadas respecto al combate al narcotráfico.
Dijo que en este momento el país necesita unidad y ser muy soberanos, así como tomar las acciones necesarias, porque no se puede poner en riesgo la seguridad fronteriza del país, porque de momento existen 185 pasos ilegales entre los dos países y 260.000 hectáreas de sembríos de coca.
Su coidearia Valentina Centeno indicó que la medida del presidente Noboa es temporal y el bloque de legisladores de ADN la apoya. Dijo que los ministros tendrán que entregar las cifras e información sobre los efectos económicos que podría conllevar la medida.
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Sin embargo, indicó que no hay peor consecuencia que poner en riesgo la vida de los ecuatorianos en las provincias de frontera; por lo tanto, más allá de hablar de ideologías, se está viviendo una guerra contra el mal y la delincuencia organizada, y para ello se tienen que utilizar todas las herramientas para combatirla.
Viviana Veloz, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), señaló que la decisión anunciada por parte del presidente Daniel Noboa no es técnica ni tampoco estratégica, y puede golpear seriamente al Ecuador, partiendo de que Colombia es uno de los principales socios estratégicos porque, cuando “fuimos golpeados por el estiaje, fue uno de los principales proveedores de energía eléctrica”.
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Ahora, cuando nuevamente se corre el riesgo de sufrir estiajes en las centrales hidroeléctricas, traerá una afectación grave; por lo tanto, dijo que esperan que desde el 1 de febrero próximo “este capricho presidencial” sea evaluado y que la decisión quede sin efecto.
Veloz consideró que los cancilleres de los dos países debieron reunirse de manera inmediata el mismo día que se hizo el anuncio, porque “nos estamos enfrentando a romper relaciones con un país que históricamente ha tenido buenas relaciones”.
Insistió en que el efecto inmediato para el Ecuador será económico, porque el incremento del 30 % de aranceles a los productos ecuatorianos y además el riesgo de sufrir racionamientos eléctricos por el estiaje golpeará a todas las familias, por lo que dijo que la RC espera que el presidente Noboa revierta la decisión partiendo de que también es presidente del CAN, de donde también pueden venir sanciones para el país. Dijo que otro grave riesgo es el incremento del contrabando en la frontera.
La legisladora de la bancada RC anunció que van a requerir solicitudes de información a las carteras de Estado pertinentes y se iniciarán todos los procesos de fiscalización que se requieran, más aún cuando el presidente Daniel Noboa sostiene que la decisión tomada parte de combatir la inseguridad.
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Manifestó que la canciller Gabriela Sommerfeld debe responder al país y también debe ser convocada al pleno de la Asamblea Nacional, porque como representante de la cartera de Relaciones Exteriores debió solicitar una reunión con su par de Colombia para una solución diplomática, pues ni a Colombia ni Ecuador en este momento favorece romper relaciones.
La legisladora Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, también alertó de las consecuencias económicas que podrían afectar al Ecuador por el anuncio del presidente Noboa. Dijo que pedirán información a lo distintos ministerios y que no solo debería explicar el tema la canciller de la República, sino también el presidente Noboa, para que exponga bajo qué análisis tomó esa decisión.
Dijo que su organización política mira con mucha preocupación “este desacertado posicionamiento del presidente de la República, porque elevar los aranceles termina perjudicando a nuestros compatriotas, a los ecuatorianos, que están trabajando y tienen muy buenas relaciones con Colombia”, subrayó.
Manifestó que se está hablando de la lucha del crimen organizado, del narcotráfico, y para eso se necesita fortalecer las relaciones de cooperación con el resto de países, y uno de ellos es Colombia, y con estas acciones no se resuelve y no se fortalece. “Esperemos que el presidente del Ecuador analice, recapacite y revea esta decisión, porque al final nos termina afectando a todo el pueblo ecuatoriano”, puntualizó Yumbay.
El legislador de la provincia de Carchi Christian Benavides indicó que como asambleísta de frontera está preocupado, porque no es el primer impacto y afectación que se hace a las fronteras, sobre todo desde las últimas resoluciones, cuando se decidió cerrar algunos pasos fronterizos en las parroquias de Urbina, El Carmelo y Tufiño, pasos que comúnmente se generaban para realizar comercio, para realizar actividades no necesariamente ilícitas.
Dijo que ahora con aranceles de lado y lado los afectados siempre van a ser los productores, los generadores de trabajo, las personas que trabajan lícitamente y que de alguna manera fabrican productos con materias primas, sea del lado ecuatoriano o del lado colombiano, que hoy se agravan en el sentido de su producción, de su cadena de valor, y que eso definitivamente va a encarecer precios.
Dijo que buscará los mecanismos para explicarle al Ejecutivo que estas medidas, si bien es cierto que son necesarias de fortaleza, de buscar un mecanismo de presión para que haya cooperación en temas de seguridad, la preocupación es por la gente que termina siendo afectada sin tener nada que ver.
El socialcristiano Alfredo Serrano dijo que el PSC no comparte el criterio presidencial de haber tomado este tipo de medidas de carácter económico-comercial para enfrentar una supuesta medida de carácter de seguridad.
Serrano dijo que espera que hasta el primero de febrero se haya desmontado el anuncio y que “quede como parte de un berrinche presidencial”.
Insistió en que el PSC no está de acuerdo con estas medidas: “Nosotros las rechazamos. Nosotros no las vamos a respaldar. Y esperamos, hacemos votos para que antes del primero de febrero vuelvan las relaciones al estado normal con Colombia”.
Serrano señaló que es grave que no se haya medido el tema de los apagones, porque Colombia en un momento difícil el año pasado ayudó con la venta de energía. “Lo mínimo que debemos tener en las relaciones internas es la reciprocidad de hermandad”, puntualizó. (I)
