El Consejo de Administración Legislativa (CAL) iniciará una investigación a la asambleísta correísta Mónica Palacios por haber imputado al presidente de la República, Daniel Noboa, y a su esposa, Lavinia Valbonesi, del delito de tráfico de influencias con la empresa minera Dundee Precious Metals.
La queja contra Mónica Palacios (RC) la presentó la legisladora Nataly Morillo (ADN), y esta fue calificada por el CAL, presidido por Niels Olsen (ADN).
En la queja, Morillo relata que durante la sesión n.° 037 de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional del 10 de septiembre de 2025, a las 14:30, en el marco del tratamiento del proyecto minero Loma Larga (área Quimsacocha, provincia del Azuay), la asambleísta Mónica Palacios Zambrano solicitó el uso de la palabra e imputó públicamente un delito de tráfico de influencias al presidente de la República, Daniel Noboa Azín, y a la primera dama, Lavinia Valbonesi, vinculándolos con la empresa minera Dundee Precious Metals y una supuesta entrega de dinero a la Fundación Ana.
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Durante su intervención, Palacios fue reiteradamente llamada al orden para que se ciñera estrictamente al punto objeto de la convocatoria. Al persistir en no hacerlo, la presidenta de la Comisión, Camila León (ADN), dispuso el cierre de su micrófono.
Sin embargo, añade el relato, pese a las advertencias previas, tras la suspensión de su uso de la palabra, la asambleísta Mónica Palacios continuó alzando la voz aun con el micrófono apagado, al tiempo que exhibía un cartel de manera ostensible con la clara intención de que fuera captado por los medios de comunicación presentes.
Estas conductas, dice Morillo en su escrito, interrumpieron el normal desarrollo de la sesión y desconocieron la disposición de la presidencia de la mesa, incluso cuando ya se le había otorgado la palabra para la respectiva intervención.
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Que mientras se llevaba a cabo la sesión 037 de la mesa de Biodiversidad, añade el documento, la asambleísta Mónica Palacios difundió en redes sociales (TikTok, X y Facebook) la versión de que fue “censurada” por defender a su provincia, omitiendo que el cierre del micrófono obedeció a llamados reiterados a ceñirse al orden del día, y a efectuar preguntas a los viceministros que se encontraban compareciendo.
Estas manifestaciones trascendieron el ámbito del debate parlamentario y, según la denunciante, provocaron un linchamiento mediático contra la asambleísta Camila León Cueva (ADN), afectando su honra y reputación. Esta circunstancia resulta especialmente grave, toda vez que la asambleísta Camila León había advertido previamente, al inicio de la sesión, sobre la existencia de amenazas de muerte en su contra, añade el relato de Morillo.
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Además, en la queja se incluye el hecho de que en la sesión n.° 027 de la Comisión de Garantías Constitucionales del 12 de septiembre de 2025, a las 10:30, en el marco del proceso de fiscalización relativo a la presunta entrega de licencia ambiental por parte del Maate al proyecto Loma Larga (Dundee Precious Metals Inc.), la asambleísta Palacios solicitó intervenir con voz y sin voto.
De la grabación oficial, dice la queja, se evidencia que no participó; no obstante, en sus redes sociales publicó un extracto de video grabado en el lugar de la sesión y reiteró acusaciones sobre tráfico de influencias y supuestas entregas de dinero de Dundee Precious Metals a la Fundación Ana, adjuntando un documento de dudosa autenticidad que no acredita donación alguna y que no hace referencia a entrega de dinero.
En la queja presentada se afirma que la asambleísta Mónica Palacios Zambrano incurrió en faltas administrativas muy graves, contempladas en el artículo 171, numerales 3 y 5, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esto es, “provocar incidentes violentos o instigación a la violencia en las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional o las comisiones especializadas”, y “expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional o de las comisiones especializadas”.
Las faltas administrativas muy graves son sancionadas por un suspensión de ejercer el cargo, sin remuneración, de 30 a 90 días.
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El CAL dispuso a la Secretaría General que notifique a la asambleísta Mónica Palacios el contenido de la resolución, a fin de que presente la contestación a la queja en el plazo de tres días contados a partir de la notificación. (I)
