La Asamblea Nacional con 77 votos, aprobó en segundo debate el proyecto de ley urgente de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. Los votos de los legisladores José Nango y José Nantipia, expulsados de Pachakutik, fueron clave para ese objetivo.
Este proyecto que pasará a conocimiento del Ejecutivo aplica reformas al sistema previsional y financiero del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), mediante la regulación del retorno de los fondos complementarios previsionales cerrados a sus partícipes.
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Los votos a favor del proyecto urgente vinieron de la bancada oficialista ADN, ex Revolución Ciudadana, Independientes y dos legisladores expulsados de Pachakutik; aunque también se registró el voto blanco de Edmundo Cerda.
El coordinador de la bancada Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, puso en duda la aprobación del proyecto, porque los legisladores que se conectaron de manera virtual a la sesión no activaron las cámaras, como lo dispone obligatoriamente el reglamento de las sesiones virtuales, que deben mantener activas las cámaras de sus dispositivos para evitar que voten sus asesores o familiares. La duda surge, porque cuando se llamó a votar sobre la reconsideración de lo aprobado, solo obtuvo 76 votos en contra. Eso, llevará al equipo de asesores de la RC, realizar los respectivos reclamos empezando con el pedido de copia del video sobre la votación.
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Durante el debate, el presidente encargado de la comisión de Desarrollo Económico, Diego Franco (ADN), aseguró que durante el debate fueron recibidos los representantes de los afiliados del IESS, y que la Asamblea debe decidir de qué lado está.
Dijo que el BIESS hoy maneja $310 millones de fondos de privados que no representan a los jubilados, eso significa que la institución a pérdida administra esos recursos. Lo que sugiere la ley es que la administración de esos dineros vuelvan a sus dueños. Y también los $150 millones repartidos en 13 fideicomisos inmobiliarios repartidos en todo el país, que son un monumento al abandono.
En su exposición también se refirió a los legisladores de oposición de quienes dijo que son mentirosos al afirmar que se pretende tomarse los fondos de los jubilados.
El legislador Blasco Luna de la bancada RC, pidió una réplica dijo que el mentiroso es el presidente Daniel Noboa, quien dijo que no va a subir el IVA e incrementar el precio del diésel. Tildó de mentiroso al legislador Diego Franco, porque no se recibió a los representantes de los jubilados, ni a los dirigentes de la seguridad del Azuay.
La legisladora Mishel Mancheno (ADN), manifestó que la Asamblea tiene la oportunidad de cambiar ese concepto de la seguridad social y vuelva la confianza a las instituciones publicas y garantizar los ahorros de los afiliados.
La urgencia del proyecto no nace de un capricho político, sino de una realidad donde más de $310 millones se encuentran en fideicomisos inmovilizados, que no producen rentabilidad, no generan empleo y que éste debería estar al servicio de los afiliados; y además, 13 fideicomisos equivalentes al 40% del portafolio que están paralizados sin contar con una herramienta legal que permita reactivarlos o liquidarlos.
El BIESS, añadió, también ha cargado con la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados, generando un déficit acumulado durante la última década.
Los fondos complementarios previsionales volverán a la administración de sus participantes con reglas claras y una supervisión, y eso significa que se fortalecerá la transparencia, con una transición ordenada y adecuada, respetando los derechos adquiridos.
La legisladora Viviana Veloz (RC), anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad en caso que el proyecto sea aprobado por la Asamblea Nacional.
Manifestó que con esta ley se pretende arrebatar los fondos del BIESS, que son el respaldo para su vejez y su cesantía. Aseguró que se pretende vender la ley bajo un manto de una supuesta modernización, cuando es privatización y una receta del Fondo Monetario Internacional, por eso pretende vender la cartera del BIESS a la banca privada, a los banqueros que no han tenido misericordia con los ecuatorianos, que en la pandemia del 2019 duplicaron sus utilidades.
Aseguró que a esa banca se pretende entregar la cartera del BIESS, los dineros de los jubilados y trabajadores, y además, pretenden hipotecar el futuro del país, porque con estos fondos pretenderían cubrir el déficit fiscal presupuestario.
La legisladora de RC, emplazó en el pleno a los tres legisladores que fueron expulsados de Pachakutik y que representan a la amazonía: José Nango, José Nantipia y Edmundo Cerda, y preguntó “de qué lado van a estar: con la gente o con las élites, hoy nadie puede vender su consciencia por treinta monedas de plata y traicionar al país como lo hizo judas. La historia y la gente jamás va a olvidar los nombres de quienes votaron para arrebatarles los recursos y quienes se pusieron del lado de la gente”
Veloz planteó al presidente Daniel Noboa, un pacto de paz, unidad y reconciliación nacional, regrese a ver al pueblo que lo eligió; pero para que ese pacto funcione debe dar algunas demostraciones como: derogar el decreto que incrementó el precio del diésel, dotar de medicinas a los hospitales, devolver la seguridad a la ciudadanía y no aprobar la ley de de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia".
Anunció que si la ley urgente se aprueba presentará una demanda de inconstitucionalidad.
El socialcristiano, Alfredo Serrano, advirtió que con esta ley se esta planteando que el BIESS se endeude, cuando esta institución que tiene tanta plata, cuando lo que lo que sería mejor es que el gobierno pague la plata que le ha prestado el BIESS.
Si se aprueba el proyecto, añadió Serrano, sería la segunda metida de mano a los recursos del BIESS, pues la primera fue en el 2015 cuando se quitó el 40% de las pensiones jubilares y se perdió $9.200 millones que hasta ahora no se logra cubrir ese hueco fiscal.
Lo que se pretende aquí es que con los recursos del BIESS se financie el déficit presupuestario del Estado, porque en el documento de la proforma señala que se endeudarán con $6.300 millones de un endeudamiento interno. (I)