El pleno de la Asamblea Nacional resolvió otorgar unos días más para que la Comisión de Seguridad Integral construya el texto final de lo que será la ley de inteligencia, que está en el Legislativo desde el 2018.
Tras el segundo debate del proyecto de ley, el texto regresó a la mesa de Seguridad para que recoja las observaciones planteadas en la sesión de este 3 de junio y presente el texto final en un plazo de ocho días.
La presidenta de la mesa de Seguridad y ponente del proyecto, Inés Alarcón (ADN), comentó que la propuesta busca mejorar la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado y dar mayor transparencia y control del sistema de inteligencia.
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Que en un mundo cada vez más interconectado y vulnerable a riesgos, como el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y las ciberamenazas, se vuelve esencial tener un sistema de inteligencia organizado y eficaz.
Alarcón sostuvo que esta normativa busca evitar que las amenazas contra el Estado se materialicen, responder con contundencia en contra de las organizaciones criminales y la delincuencia y proteger a nuestras fuerzas del orden y evitar emboscadas y operaciones fallidas.
Con esta norma, dijo, protegemos y fortalecemos la seguridad nacional en todos los niveles: fronteras, espacios aéreo, marítimo, terrestre y digitales.
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El legislador Alfredo Serrano (PSC) anunció el respaldo al proyecto, pero hizo algunas observaciones, una de ellas establecer requisitos elementales, como experiencia y preparación en el área respectiva para quien vaya a dirigir la sistema nacional de inteligencia.
Gerardo Machado (RC) advirtió que el proyecto necesita incluir contrapesos en el sistema de inteligencia para evitar abusos. Dijo que el sistema normativo propuesto, pese a la intención de proteger la soberanía, puede abrir la puerta a grandes abusos si no se acompaña de mecanismos independientes de fiscalización, transparencia y respeto a los principios constitucionales.
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Manifestó que el proyecto en construcción introduce cambios a la normativa contenida en la actual Ley de Seguridad Pública y del Estado, por lo que se eliminan varios artículos, como el artículo 18, relacionado con gastos especiales, lo que podría dar lugar a dificultades.
Jhajaira Urresta (RC) dijo que la ley es absolutamente necesaria porque el Ecuador está dentro de los países más violentos. Que se debe aprobar esta ley sin entregar poderes innecesarios que podrían significar abusos, por lo que pidió que se aclare cuál es la entidad rectora, y además cuestionó que se impida el derecho de los asambleístas a solicitar información.
“¿Dónde queda el derecho a la intimidad y la rendición de cuentas?“, preguntó. “No nos opondremos jamás a la seguridad nacional, sino (que) vamos a evitar que se cometan atropellos”, advirtió la representante de Pichincha.
La legisladora Inés Alarcón pidió al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, que suspenda el trámite del proyecto y permita a la mesa recoger las observaciones presentadas en la sesión de este martes, 3 de junio. La petición fue acogida y la comisión tiene ocho días para presentar el texto final para su votación. (I)
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