El presidente de la República podrá eliminar empresas públicas creadas por ley, de acuerdo con una disposición reformatoria incluida en el proyecto de Ley urgente de Integridad Pública. Este proyecto se encuentra actualmente en fase de elaboración del informe para segundo debate en la Comisión de Desarrollo Económico.
Esta reforma fue introducida antes del primer informe del proyecto al igual que otros textos reformatorios a nueve leyes referentes al Código Orgánico Integral Penal, Código Monetario, Solidaridad Nacional, Código de la Niñez y Adolescencia, entre otros.
En el texto también se incluyeron disposiciones penales en las que se perfila que los adolescentes infractores pueden ser sancionados como adultos,
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Además se incorpora el delito de prevaricato ya no solo para jueces y árbitros, sino también para fiscales, quienes estarán inhabilitados de por vida para el desempeño de la profesión de abogado.
Y se incluyó una reforma al artículo 14 de la Ley de Solidaridad Nacional, aprobada semanas atrás por el Parlamento, referente al indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno, donde se determina que en ningún caso podrán ser beneficiarios de esta medida quienes se encuentren procesados por delitos contra la eficiencia de la administración pública.
Lo que prendió las alarmas entre los asambleístas es la inclusión de la disposición reformatoria octava del proyecto de Ley de Integridad Pública. La disposición agrega un texto al final del artículo 45 del Código Orgánico Administrativo (COA).
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El texto propuesto señala: “En caso de que el origen de la creación de órganos o entidades de la administración pública central sea la ley, el presidente de la República podrá suprimirlos siempre que se demuestre que en el proceso legislativo se objetó la creación o que no existió dictamen presupuestario para la emisión de esta disposición.”
Para el socialcristiano Alfredo Serrano, con esta disposición la Asamblea Nacional está delegando al presidente de la República la facultad legislativa y además se rompe el principio jurídico de que en derecho las cosas se deshacen como se hacen.
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Este principio se conoce como paralelismo de las formas, que implica que para modificar o anular un acto jurídico se deben seguir los mismos procedimientos y formalidades que se utilizaron para crearlo.
Serrano insistió en que esta disposición es grave porque atenta contra una de las facultades más importantes de la legislatura que es hacer leyes. “Solo la Asamblea Nacional puede derogar leyes”, insistió.
El legislador oficialista Diego Franco (ADN) afirmó que se trata de una ley transversal que no solo reforma la ley de compras públicas, sino que hay muchas cosas involucradas en el proceso, pues lo que se busca es atacar a la corrupción en las instituciones públicas.
Aunque no se acuerda quién planteó la reforma al Código Orgánico Administrativo (COA), dijo que la bancada ADN analizará el tema, porque existen opiniones divididas respecto de la disposición reformatoria octava.
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Considera que en muchas empresas públicas existe corrupción y que al final del día se quiere evitar eso. El análisis que realizará la bancada sobre esta reforma determinará su aprobación, porque algunos creen que hay mucha corrupción en instituciones públicas; entonces, esto no es otorgar el poder al Ejecutivo, sino comenzar a eliminar de raíz la corrupción, afirmó Franco.
Descartó que con esta ley esté en riesgo la eliminación de empresas públicas como Petroecuador, universidades o el IESS. Anunció que hasta el viernes se conocerá el informe para segundo debate de la propuesta urgente.
Sergio Peña, antes de la Revolución Ciudadana, anunció que apoyará la reformatoria octava del proyecto urgente, porque muchas empresas públicas son “focos de corrupción y no están administrando de la mejor manera”.
Personalmente considera que Petroecuador debería ser una empresa que entre a licitación y cambie su forma de administración, pues no debería ser una empresa manejada al 100 % por el Estado, pues es la empresa más rentable, pero hay un deficiente manejo.
Cuestionó la posición del socialcristiano Alfredo Serrano, de que las cosas se deshacen como se hacen, pues dijo que esa frase queda en los “estudios jurídicos, eso queda en los análisis que hacemos los abogados, pero aquí hay que darle resultados a la gente”.
“Como abogado, yo tengo clarísimos los conceptos jurídicos, pero como político tenemos que darles resultados a la gente, porque al final en la calle eso es lo que nos reclaman”, insistió el legislador Peña. (I)
