La Asamblea Nacional aprobó iniciar un proceso de fiscalización a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Consejo Nacional de Competencias a las entidades municipales encargadas del tránsito, respecto de las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares a grupos de delincuencia organizada.
El proyecto de resolución fue impulsado por el asambleísta José Luis Nango, expulsado de Pachakutik y aliado del oficialismo Acción Democrática Nacional (ADN), y tuvo el apoyo de 83 legisladores, en la sesión del pleno nº. 053, instalada la tarde de este martes, 2 de diciembre de 2025.
En su exposición, Nango dijo que en distintas ciudades del país se han denunciado irregularidades en agencias de tránsito municipales, matriculación ilegal de vehículos, emisión de placas sin cumplir requisitos, uso de sistemas para arreglar papeles de autos de dudosa procedencia.
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“No son rumores ni exageraciones, son indicios concretos de que grupos de delincuencia organizada han puesto la mirada en estas instituciones”, resaltó el asambleísta y aclaró que este pedido de fiscalización no es una acusación automática contra todos los municipios ni contra todos los funcionarios.
Del debate intervinieron ocho legisladores y arrancó con Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), quien sostuvo que si bien hay razones para fiscalizar las irregularidades en ciertos gobiernos municipales, la Asamblea Nacional no tiene competencia legal ni constitucional para iniciar una fiscalización a los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
“La Constitución es clara, nosotros tenemos la facultad para fiscalizar al Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Función de Transparencia y a la Función Electoral, pero no tenemos la facultad de fiscalizar a los Gobiernos autónomos descentralizados. La Constitución les da a los diferentes niveles de gobierno del Estado la facultad de fiscalizar a los cuerpos colegiados, como juntas parroquiales, consejos municipales y consejos provinciales. A ellos les corresponde la fiscalización”, aclaró Serrano.
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El socialcristiano sugirió que desde la Asamblea Nacional se exija a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que investiguen estas presuntas irregularidades.
Los legisladores de la bancada de Gobierno respaldaron la iniciativa de José Nango. Adrián Castro (ADN) defendió que la legislatura no “puede hacerse de la vista gorda” con este proceso de fiscalización, ya que, recalcó, sería darle la espalda al país.
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Sus coidearios Isaac Solano, Alejandro Lara y Diego Franco también consideraron necesario fiscalizar a las agencias de tránsito de los diferentes municipios, para determinar responsabilidades y combatir a los grupos de delincuencia organizada.
Lara, por ejemplo, repasó que en un operativo en Durán, en octubre de este año, se incautaron 22.000 especies de tránsito falsificadas de 27 agencias municipales de tránsito vinculadas a la organización Chone Killers. También recordó que semanas después se asesinó al director de Tecnologías de la ANT, en Quito.
“El crimen organizado ha logrado infiltrarse en las estructuras municipales de tránsito, aprovechando la debilidad institucional”, dijo el asambleísta y pidió al pleno respaldar esta iniciativa.
Desde el correísmo también se alegó que la Asamblea Nacional no tiene las competencias para investigar a los GAD.
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Juan Pablo Molina (RC) enfatizó que la propuesta de Nango no es competencia de los asambleístas; Alejandro Vanegas (RC) observó que se pretende arrogar funciones a los legisladores, pues estos hechos deben ser denunciados ante la Fiscalía General del Estado; mientras que Blasco Luna puntualizó que la bancada de la RC está de acuerdo en que se investigue a los grupos delictivos que han permeado a municipios y a la misma ANT, pero aclaró que eso no quiere decir que la Asamblea se deba saltar la norma y la ley.
“Siempre están acostumbrados a usar el tema de la inseguridad para aprobar leyes, fiscalizaciones, pero la Asamblea Nacional debe concentrarse en el trabajo para el que fuimos electos y velar por la salud, educación y seguridad”, dijo Molina.
Por su parte, Juan Gonzaga, independiente, criticó la cantidad de cambios de orden del día que se presentan en cada sesión del pleno y aclaró que los consejos municipales y provinciales son los encargados de hacer control sobre sus instituciones.
“Corremos el riesgo de que en esta improvisación de fiscalizar a cualquier institución del Estado, el país vea que no tenemos una agenda de fiscalización y podemos correr el riesgo de caer en la arbitrariedad”, alertó el parlamentario.
Tras el debate, se procedió con la votación sobre este proyecto de ley, en la cual hubo 83 votos a favor, 64 en contra y una abstención. (I)
