Las organizaciones políticas nacionales y locales que en las elecciones de 2027, para elegir prefectos, alcaldes, concejales y juntas parroquiales, no reúnen al menos el 5 % de los votos válidos serán eliminadas del registro del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esa disposición forma parte de las 58 reformas al Código de la Democracia aprobadas por la Asamblea Nacional durante la sesión plenaria del 20 de junio. La iniciativa recibió el respaldo de 125 legisladores, provenientes de las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN), Revolución Ciudadana (RC) y un sector del movimiento Pachakutik.

Entre los cambios más relevantes figura también la sustitución del método de adjudicación de escaños, que reemplaza el sistema Webster por el de D’Hondt. Esta modificación tiende a favorecer a las agrupaciones políticas con mayor votación, reduciendo proporcionalmente la representación de las fuerzas minoritarias, lo que podría consolidar el dominio de los bloques mayoritarios en futuras composiciones legislativas.

Publicidad

Las reformas además abarcan aspectos técnicos y administrativos del proceso electoral. Sin embargo, algunas decisiones, como el rechazo a tipificar como infracción electoral el uso de celulares durante el sufragio, han generado críticas, considerando que el sector de Gobierno, representado en ADN, solicitó en las elecciones presidenciales de segunda vuelta de 2025 una regulación de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar la protección del voto secreto.

Cancelación de organizaciones políticas

La Asamblea Nacional en la sesión plenaria del 20 de junio modificó el artículo 327 del Código de la Democracia, en el que determina las causales por las cuales el Consejo Nacional Electoral podrá definir la cancelación de una organización política.

En lo sustancial se dispone que si las organizaciones políticas de ámbito nacional no obtienen el 5 % de los votos válidos en una elección pluripersonal a nivel nacional; o, al menos tres representantes a la Asamblea Nacional; o, al menos el 8 % de las alcaldías; o, por lo menos un concejal o concejala en cada uno de, al menos, el 10 % de los cantones del país.

Publicidad

En el caso de un movimiento político local que no obtenga al menos 5 % en una elección, en su jurisdicción.

Para el cálculo de los porcentajes y dignidades alcanzadas por cada partido y movimiento que participaron en alianza se considerará lo establecido en el respectivo acuerdo.

Publicidad

El presidente nacional del Partido Social Cristiano (PSC) y actual legislador, Alfredo Serrano, señaló que no le parece mal la reforma referente al requisito del 5 % de los votos válidos en una elección o tres legisladores, pero observó que las reformas tramitadas desde el periodo anterior tomaron como referencia que el número de legisladores en la Asamblea Nacional era de 137 y no 151 como es ahora.

Lo sorprendente es que no modificaron la forma de medir los porcentajes obtenidos por cada organización cuando se trata de alianzas, pues el CNE hace tres años aprobó un reglamento en el que el mismo porcentaje obtenido por una candidatura era asignado a cada organización aliada, no había división de votos, y ahora eso está elevado a categoría de ley.

Serrano comentó que en la próxima elección no habrá tarjeta amarilla para ninguna organización, si no reúne el 5 % de la votación desaparecerá.

Según el dirigente del PSC, la tesis del Gobierno es que existen 223 organizaciones políticas, pero no dice que de ellas, 17 son de carácter nacional y no más 30 son provinciales, y el resto son cantonales y parroquiales.

Publicidad

Además, señaló que si el gobierno de Daniel Noboa considera que las elecciones seccionales son una repetición de la presidencial, está perdido, porque en ese proceso no funciona el arrastre, sino el liderazgo de cada uno.

La exlegisladora y actual dirigente del movimiento Creando Oportunidades (CREO) Ana Belén Cordero considera que la reforma es saludable, porque existen 250 movimientos a nivel nacional para 14 millones de votantes, lo cual dice que es una locura. El CNE debió haber hecho su trabajo y depurar estos partidos que no cumplen con los requisitos.

Pero la exlegisladora Cordero, de cara a las elecciones seccionales de 2027, recuerda que la votación es distinta, porque funcionan más los liderazgos locales y movimientos locales, y los movimientos nacionales siempre hacen alianzas a nivel cantonal y provincial con aquellos personajes que tienen cercanía con los electores.

La reforma aprobada se aplica más para un periodo en el que se elige al presidente y a los asambleístas, pues muchos votan por el arrastre o en plancha; en cambio, en las elecciones seccionales, la elección es unipersonal.

Si bien hay un partido nacional que cobija a una candidatura a la alcaldía, la prefectura o la concejalía, los liderazgos locales son los que mandan.

Por eso, añadió Cordero, estas reformas deben ser medidas con cuidado, porque los resultados obtenidos en febrero de 2025 no serán los mismos, pues el escenario será distinto y además el gobierno de Daniel Noboa pronto enfrentará un desgaste connatural, y ahí posiblemente el único beneficiado de lo que aprobó la Asamblea será el correísmo.

Lo sucedido en la Asamblea lo único que confirma es que el pacto del correísmo con el Gobierno goza de buena salud, y las reformas al Código de la Democracia son una prueba de ello, apuntó.

En cambio, para el dirigente del movimiento Unidad Popular Giovanny Atarihuana, las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional son un retroceso, porque ese umbral del 5 % estaba vigente antes del 2008. Y uno de los elementos del nuevo Código de la Democracia era reconocer la diversidad de actores políticos que existen en el país.

Con lo realizado por la legislatura lo que se confirma es la coincidencia entre Rafael Cordero y Daniel Noboa en su afán de instaurar el bipartidismo en el país.

Pero en las próximas elecciones serán otras las variantes que cuentan, porque son liderazgos locales los que se imponen antes que una organización política nacional. Por eso, añadió Atarihuana, la celebración de estas reformas por parte del Gobierno no le durará mucho.

El dirigente del movimiento Unidad Popular analiza la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad a estas reformas al Código de la Democracia, porque el cambio del método de asignación de escaños no se ajusta al principio constitucional de proporcionalidad. (I)